César Apaza vio indignado las últimas noticias de avasallamiento en Pailitas, Guarayos, donde grupos armados toman posesión ilegal de tierras entre amenazas de muerte, ellos están libres e impunes. Paradójicamente, el líder cocalero está detenido hace 15 meses, por defender el cumplimiento de la Ley General de la Coca. Sonríe con un dejo de ironía: “es una mentira que seamos iguales ante la ley”.

La decepción se apodera del líder cocalero, ha perdido la esperanza en sus compañeros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), en la justicia, en la fiscalía, pero aún mantiene su fe. Cree que el “poder no es eterno” y que todo lo que se hace se paga a propósito de la “crueldad” y el “daño” que le causaron durante estos 15 meses de detención por una “venganza política”.

En contra de él hay dos procesos de investigación. En septiembre de 2022, fue detenido por la presunta autoría en la quema del mercado ilegal de Villa el Carmen, fue imputado por 13 delitos; la fase preparatoria se ha extendido por un año y continúa detenido en la cárcel de San Pedro. 

En un segundo caso, la fiscalía de La Paz repuso una imputación por presunta agresión a una policía cuando fue aprehendido. Un juez lo anuló en abril de este año, pero poco después fue repuesto y activado. En agosto le ampliaron su detención preventiva por otros tres meses.

César Apaza junto a otros dirigentes lideró las movilizaciones en defensa del mercado de Villa Fátima y el cierre del centro de Villa el Carmen. Defendió la Ley General de la Coca que prevé el funcionamiento solo de dos mercados: uno en Sacaba, Cochabamba, y otro, en Adepcoca en la zona de Villa Fátima, La Paz.

Desde que fue enviado a la cárcel su salud se deterioró. Presenta hipertensión, este año sufrió una embolia y aún tiene problemas de movilidad, el ojo derecho lo tiene casi cerrado, poco a poco empieza a recuperar la sensibilidad de su brazo, al igual que de su pierna. En esas condiciones no se vale por sí solo, sino con la ayuda de un compañero.

A este cuadro, se suma la prediabetes, un día antes de verle casualmente se le había subido la glicemia, por esta condición requiere de una alimentación especial que en la cárcel no tiene, sino fuera por su familia que hace todo lo posible por facilitarle alimentos saludables lo que supone un presupuesto, desde ya, los medicamentos representan un costo, al igual que la fisioterapia que costea con gran esfuerzo, porque en la cárcel “todo es plata”.  

Postrado en su cama siente que su lucha solo ha servido para “perjudicar” y causar llanto a su familia, particularmente a su madre, a su hermana y a todo su entorno. “Quiero salir con vida y no en una caja por mi mamá, mi familia”, dice acongojado.

Ni siquiera su delicado estado de salud fue considerado por las autoridades jurisdiccionales a quienes se les solicitó que asuma su defensa en libertad. En marzo, pese a su parálisis parcial fue trasladado al penal de Chonchocoro ubicado en el municipio de Viacha; en junio, fue remitido a San Pedro.  

Las innumerables acciones para buscar su libertad presentadas ante autoridades competentes, no sirvieron de nada, casi todas las rechazaron y fueron “desfavorables” para el productor cocalero, comenta su abogada a la ANF, Evelin Cossio. 

La fiscalía cargó con al menos 13 delitos contra Apaza, entre ellos secuestro, incendio, tenencia porte o portación ilícita de armas, incendio, lesiones graves y leves, atentados contra bienes públicos, allanamiento de domicilio, robo agravado, atentados contra miembros de seguridad del Estado, tráfico de armas, otros estragos y organización criminal.

La abogada sostiene que el caso ha sido “bien armado” por la comisión de fiscales que está a cargo de las investigaciones sobre la quema del centro de abasto ilegal que Arnold Alanes mantuvo abierto, durante meses. El cocalero ha gozado del apoyo público de la administración de Luis Arce, pero del Ministerio de Gobierno, en particular.

El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Javier Quisbert, al igual que Apaza sonríe, cuando la ANF le consulta sobre si existe el principio de: “somos iguales ante la ley”. Es un slogan, es una propaganda, hace tiempo se ha perdido”, sentencia.
 

Arnold Alanes que se arrogaba la representatividad y la presidencia de Adepcoca, en medio de cuestionamientos, se convirtió en la pieza “clave” para ir socavando la unidad de la organización cocalera de los Yungas de La Paz, que desde la época de Evo Morales había sido crítica al gobierno.

La mayor expresión de este hecho fue el 21 de septiembre de 2021, cuando Alanes apareció flanqueado por dos altas autoridades del Ejecutivo: los ministros de Gobierno y de Desarrollo Rural y Tierras, Eduardo Del Castillo y Remmy Gonzales respectivamente. Así le dieron el espaldarazo político.

El hecho sucedió luego que Alanes se proclamó ganador de las elecciones de Adepcoca, ese día llegó a la sede cocalera donde fue recibido por la Policía, que horas antes había tomado el lugar entre gasificaciones a los movilizados que defendían su organización. El cocalero en el edificio se declaró presidente. 

“Como Gobierno nacional no podemos cuestionar lo que han determinado las bases de manera orgánica, por tanto, aquellos grupos minoritarios que tengan la osadía de lanzar dinamita o de agredir a las personas en inmediaciones de este lugar se procederá conforme a la normativa legal vigente”, advirtió Del Castillo.

Pero Alanes no pudo permanecer por mucho tiempo en la sede de Villa Fátima porque, el 4 de octubre de ese año, los dirigentes “orgánicos” a la cabeza del Comité de Autodefensa retomaron el control de Adepcoca tras enfrentamientos con la Policía.

Pese al acto ilegal, Alanes abrió en Villa el Carmen “otro mercado” y lo puso en funcionamiento a pesar de que el Gobierno dijo que era ilegal, aunque nunca lo emplazó a cerrarlo. El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Javier Quisbert, cree que fue parte de una estrategia mantener latente el conflicto para que exista una excusa para las detenciones.

El idilio no duró mucho, el Gobierno tras lograr su objetivo se distanció de Alanes quien reapareció en las filas de los denominados “evistas”, desde donde criticó al Ministro de Gobierno por darse la mano con los dirigentes que todavía quedaron del directorio de Freddy Machicado. Detenido y liberado en proceso abreviado.

“En los hechos Apaza debería tener una libertad pura y simple, con el argumento de que el mercado fue declarado ilegal por el gobierno. Por lo tanto, Apaza defendió una cosa justa que el gobierno reconoció, pero Apaza sigue preso; pero Alanes que impulsó la ilegalidad está libre”, protestó Quisbert.

La marcha que llegó desde los Yungas ese 8 de septiembre de 2022 fue multitudinaria, un cerco policial fue rebasado, mientras que desde el interior del mercado ilegal los cocaleros del grupo de Alanes arrojaron objetos y bombas molotov. La ANF vio cada uno de los videos con los que imputaron a Apaza y Machicado, en los que no se evidencia las pruebas de sus delitos.

“Arnold Alanes nos ha entregado (estos explosivos) para atacar a otros compañeros (cocaleros). (La orden era) resistir. Van a resistir hasta que ayude la Policía, van a usar estas cosas (explosivos) para defenderse, nos ha dicho”, dijo uno de los ocupantes en uno de los videos que el propio fiscal presentó en septiembre de 2022.

Pero Alanes ni siquiera fue convocado a declarar, dijo la abogada Cossío, quien señaló que existe una pericia testifical de una persona que reveló quién dio la orden para incendiar el mercado, y que apunta a Alanes.

El Observatorio de Defensores de Derechos Humanos de UNITAS ve con preocupación la vulneración de los derechos, este 2023 registró en su base de datos 618 casos. El derecho más golpeado es la institucionalidad democrática con 340 casos. 

“Para mí que estoy encerrado es indignación”, reflexiona brevemente Apaza al referirse a las noticias de avasallamiento de tierras de grupos armados en Guarayos en el departamento de Santa Cruz. Un joven muerto con disparo, heridos con perdigones y la inacción de las autoridades para frenar los frecuentes actos de violencia, uno de los últimos ocurrió a inicios de este mes de diciembre.

La violencia por tierras fiscales y/o privadas en Santa Cruz, no es reciente. El antecedente de impunidad es el caso Las Londras cuando 20 personas (tres lograron escapar), entre ellas periodistas, fueron emboscadas, secuestradas durante horas y amenazadas de muerte con arma de fuego.

A diferencia de Apaza a quien cargaron con al menos 13 delitos, a los encapuchados armados, el Ministerio Público los acusó de seis delitos, uno de ellos homicidio en grado de tentativa; mientras que la defensa de los periodistas en su acusación particular planteó tentativa de asesinato.

El 8 de diciembre de 2022, la fiscalía presentó la acusación formal contra cinco implicados: Nelson Rivadeneira Escalante, Paulino Camacho Vedia, Hebert Sixto Canaza Sacaca, Martín Tejerina Viillalobos y Nicolás Ramírez Taboada por los delitos de lesiones graves y leves, privación de libertad, robo agravado, tenencia porte o portación ilícita de armas de fuego, homicidio en grado de tentativa y amenazas.

En medio de una fuerte polémica, la justicia benefició a Camacho con detención domiciliaria sin escolta policial, tras un corto tiempo en la cárcel, salió con un informe de buen comportamiento. No obstante, él es el hombre que aparece en todas las fotografías encañonando su arma de largo alcance a los detenidos.

Poco después, Canaza también fue beneficiado por la justicia con detención domiciliaria de 21:00 a 7:00, sin escolta policial y solo con la presentación de garantes. Según los testimonios tenía un perfil igualmente violento. El juez Roberto Cruz Hurtado los liberó de manera “inexplicable”, pese a las evidencias.

Nicolás Ramírez, de la Federación Especial de Comunidades Interculturales de San Julián, tenía un mandamiento de aprehensión, pero la Policía nunca dio con su paradero. El pasado 6 de diciembre apareció en un video y amenazó con armas para enfrentarse a los empresarios y dirigentes “traidores” en el conflicto por las tierras en la zona de Las Londras.

Canaza sorprendentemente también apareció en la conferencia de prensa de esa organización, al lado del máximo dirigente Tito Flores que dijo: “Condenamos a muerte a los empresarios terratenientes asentados en el sector Las Londras por el acto criminal que ejecutaron en contra de nuestros hijos y quitar la vida de Félix Rivera. Condenamos a muerte a los empresarios por causar luto en la familia intercultural de San Julián”.

“Gozan de privilegios”, comenta Apaza postrado en su cama a propósito de estos personajes que a pesar de las advertencias de su peligrosidad están libres gracias a los beneficios de un juez que los liberó con medidas sustitutivas totalmente flexibles. “Si eres del Gobierno hasta puedes matar, tienes licencia para matar”, remata.

La abogada de los periodistas del caso Las Londras, Raquel Guerrero, cree que estos grupos que disputan las tierras fiscales o privadas cada vez son más fuertes y poderosos porque tienen todo el respaldo político que les permite actuar con impunidad.

Contra Canaza y Ramírez se emitieron mandamientos de aprehensión por las amenazas de muerte y las advertencias de armarse, pero ninguno fue detenido. Para el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, utilizaron un “mecanismo distractivo” para evitar ser capturados.

“Independientemente de que nosotros no hemos cesado en su búsqueda, ellos han usado un mecanismo distractivo. Pretendieron, en algún momento, decir que asumían su responsabilidad y se presentaban al imperio de la ley. Conducta que es absolutamente falsa”, sostuvo. De esa manera burlaron a las autoridades.

Para el presidente de la APDH de La Paz este cuadro contrastado de la situación de los cocaleros y en particular de César Apaza y de los avasalladores de tierras fiscales devela que “la ley se maneja de acuerdo a intereses políticos de los más poderosos y del gobierno de turno”.

Quisbert dice que pareciera que “en el país hay diferentes tipos de leyes para diferentes personas. No existe el principio de somos iguales ante la ley, eso es solo un slogan, una propaganda, hace tiempo se ha perdido, no solo con este gobierno, sino con anteriores y esto empeora cada vez más”.

En su criterio los productores de coca de los Yungas “fueron perseguidos porque no eran afines al gobierno” y que el mercado ilegal fue el pretexto para desatar esa persecución; en cambio, en relación a los avasalladores, son un grupo social de interculturales “no todos, pero si una parte, (son) aliados del gobierno, por lo tanto, protegidos con cierto nivel de impunidad”.

La abogada Evelin Cossio sostiene que estamos frente a una “justicia totalmente politizada”, el poder Judicial debiera ser independiente y no acatar órdenes de autoridades del órgano Ejecutivo. “Deberían mantenerse independientes, porque eso establece la Constitución y el ordenamiento jurídico”, señala.

Cuestionó que la justicia sea tardía y no actúe cuando se trata de personas alineadas al partido de gobierno, pero no sucede lo mismo con aquellos actores que son críticos a la gestión gubernamental. Lo que demuestra una total parcialización.

En el análisis del Observatorio de Defensores de Derechos Humanos de UNITAS, al momento de realizar sus informes periódicos y anuales, ha identificado la presencia de “móviles políticos” en muchos de los casos de vulneración de derechos humanos. Es el deterioro de las instituciones dice Rodolfo Huallpa.

Quisbert acota que los intereses políticos de los “más poderosos y del gobierno de turno” han logrado trascender a las instituciones causando una profunda desinstitucionalización.

“Hay una desinstitucionalización total en el país (…), de todas las esferas de las instituciones, pero el de la justicia es el más sensible, porque es el instrumento ideal para que el gobierno de turno ejecute un proceso de persecución y de castigo a los adversarios”, añade el activista en derechos humanos.

Deliberadamente, sin que la fiscalía pruebe los delitos contra César Apaza, la justicia le ha ampliado su detención preventiva. En marzo, se cumplió los primeros meses, le ampliaron a otros tres meses, en agosto ya debería lograr su libertad, pero le volvieron ampliar otros tres meses.

Su defensa interpuso acciones y recursos, este miércoles un juez eludió pronunciarse sobre su situación jurídica y lo derivó para que otro tribunal lo resuelva, en un acto de clara “retardación de justicia”, protestó el abogado Jorge Valda. Por estas razones de dilación sistemática y de “tortura” argumentan que el caso es “político”.

“El Ministerio de Gobierno está como parte querellante y en cada audiencia entra como ente intimidador contra las autoridades judiciales para que César Apaza no sea liberado”, añade Cossío.

Desde 2021, la falta de independencia de la justicia en Bolivia ha sido cuestionada por al menos siete informes internacionales: Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), Organización de Naciones Unidas (ONU), Amnistía Internacional, Unión Europea, Human Rights Watch (HRW), Comité contra la Tortura de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y World Justice Project.

La mayoría de los informes y consideraciones apuntan a la falta de acceso a la justicia, primero, debido a problemas de orden normativo y debilidades institucionales, y segundo, por la ausencia de independencia judicial.

Por ejemplo, el primer informe que criticó la politización de la justicia fue de los expertos del GIEI en agosto de 2021, donde resaltó que la falta de independencia cobró mayor dimensión en el ámbito penal y se evidenció en los conflictos de 2019.

“La evaluación de los expedientes de investigación y de los procesos judiciales relativos a dicha vigencia demostró falencias graves en las actividades de los órganos del sistema de justicia vinculadas a la falta de independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial”.

El Comité contra la Tortura de la ONU, en diciembre de 2021, estableció que la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Publico se evidenció en los procesos judiciales por sedición y terrorismo contra opositores.

La Defensoría del Pueblo emitió una resolución sobre César Apaza recomendando a la Fiscalía General del Estado investigar las circunstancias de su aprehensión, toda vez que el productor cocalero denunció “tortura” cuando fue aprehendido el año pasado. Sin embargo, no hay resultados de esa situación.

Es hasta un dilema de conciencia tomar una decisión de asumir una culpabilidad siendo inocente. No pasa solo por una determinación personal, sino familiar, porque la cárcel supone una significativa inversión en la defensa legal, la vida de interno, pero principalmente el desgaste emocional.

En meses y meses, la fiscalía no probó la lista de delitos que impuso contra varios imputados por la quema del mercado ilegal, el proceso abreviado es una salida “fácil” ante la imposibilidad de sostener acusaciones que luego pueden tener un alto costo en un proceso judicial ante tribunales internacionales.

Es así que, en menos de un año, Gonzalo Lupaca, Porfirio Rivero, Omar Harold Mejía, Freddy Machicado y Roly Aguilar, dirigentes de la Adepcoca, se declararon culpables por la quema y toma del mercado ilegal de coca, dirigida por Arnold Alanes.

“Hasta el momento son cinco personas que se han declarado culpable por la quema del mercado ilegal de coca, a través de procedimientos abreviados, todos son miembros de la dirigencia, pero ninguno de ellos se había atrevido a volver a Adepcoca porque están cumpliendo sus medidas de la suspensión condicional de la pena”, informó a la ANF el abogado Jorge Valda en un repaso que hizo este medio.

Los procedimientos abreviados se efectuaron entre abril y octubre de este año. El más reciente fue el 3 de octubre, cuando Freddy Machicado salió de la cárcel luego de someterse a un juicio abreviado donde asumió responsabilidad por la quema del mercado paralelo. Aunque en septiembre de 2022, siempre dijo que era inocente.

Apaza “ha perdido la cuenta” de las veces que le plantearon que se acoja a proceso abreviado, en medio de una “presión fuerte”, comenta. Además del líder cocalero, siguen en la cárcel Raúl Uria, y Juan Eliseo Cocarico que defiende su inocencia.

“Háganme el daño que quieran, espero que Dios los perdone, y les guarde misericordia”, sentencia Apaza, contra quien el sistema político, judicial y fiscal se ha ensañado.

La institucionalidad democrática no es el único derecho seriamente vulnerado este año, dentro de este criterio se han monitoreado 221 casos de vulneración en actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos, 63 casos de procedimientos basados en la norma, 41 casos de persona herida por el uso desproporcional de la fuerza pública.

Se monitoreo 28 casos de agresión física, psicológica o sexual a periodistas, 26 de amenazas o amedrentamiento a periodistas, 16 reportes de criminalización a defensores, 11 casos de represión de una protesta y muchas otras vulneraciones con registros menores.

¿Pero quién es el actor que más vulnera los derechos? Según el monitoreo del Observatorio la autoridad estatal-ejecutivo nacional con 275 registros, seguido de la Policía boliviana con 137, en tercer lugar, aparece “otros grupos de personas”, 43; las autoridades judiciales con 26 registros, el Ministerio Público con 18, y muchos otros.

Para el responsable del Observatorio de UNITAS el monitoreo deja entrever la falta de instituciones que hagan cumplir las normas, no solo en el caso de Apaza, sino en la compleja situación que estuvo la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, 52 días en vigilia y 13 días en una terraza a la intemperie exigiendo que un grupo afín al MAS abandone la sede tomada.

En estas circunstancias ¿Cuál la actuación de la policía, la justicia, la fiscalía, el Ejecutivo? encontramos una sistemática manera de vulnerar los derechos que se enfrentan al Estado por sus actividades.

Un tema que preocupa son las “infiltraciones” en las manifestaciones, pero también en las organizaciones sociales. O casos de personas que se hacen pasar por periodistas para extraer información, este año se identificaron 41 casos.