Opinión

¿Vicio de poder político o institucionalidad democrática?

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Renovar la política introduciendo en los cuadros dirigenciales a la juventud, es incorporar talento y no vender al partido en su entorno social. Podría decirse que las organizaciones clásicas y tradicionales tienen necesidad de alejarse del vicio político a cualquier coste manteniéndose en el poder y proclamar su actualidad programática filosófica y de estrategia pública, no como marca de su partido político, sino como servicio y despliegue de interés social.

Entre alguno de los vicios políticos de organizaciones que se prorrogan en el poder al margen de la Constitución, es la burocracia, el clientelismo, la corrupción en escala, violación de derechos humanos, terrorismo de estado, narcotráfico y en su nivel más degradante trata y tráfico de menores de edad; fenómenos presentes por la falta de institucionalidad y capacidad de Estado.

En gran medida, más Estado no quiere decir solamente Estado, hoy modernamente quiere decir, mejor gobernanza, administración transparente, más participación de la sociedad civil y empresas financieras, más redes sociales, separación de poderes, menos nepotismo y autoritarismo cancelado. En definitiva, control fiscal eficaz en todas las instituciones y poblaciones del territorio, especialmente en aquellas franjas de provincias ( Valle Bajo de Cochabamba) donde se cultivan más de 32.000 hectáreas de coca cuya producción en un 92% se destina al narcotráfico; verbigracia en el gobierno constitucional transitorio de Jeanine Añez de un año, se incautaron más de 460 toneladas de droga según informe de la FELCN y durante el gobierno de Evo Morales el 2009 se tuvo el récord de decomiso de un total de 1.964, 32 toneladas de cocaína cristalizada, salidas de Chimoré; pero lo que resulta lapidario. es que un ministro que fomenta obras públicas y transporte no sepa de los 36 vuelos de avionetas que surcaron el espacio aéreo aterrizando y decolando en el aeropuerto internacional de Chimoré, precisamente de la terminal aérea de donde huyó Evo Morales, previa a su renuncia. ¿Quién explica razonablemente esta travesía en zona que es polvorín del narcotráfico?

Ahora bien, la visión de la juventud como generación nueva en política para ser distinta a la tradicional, tienen que tener vocación, pero de ningún modo significa tener que acabar en política, pues si hay oportunidad de trabajar profesionalmente en instituciones del Estado o del sector privado, siempre será mejor la experiencia acumulada; especialmente, si se toma en cuenta que la comunicación con la sociedad, con las redes sociales, es lo que más ha cambiado.

Los objetivos de un espacio joven político con capacidades e iniciativas diferentes, deben ser el pensamiento crítico con finalidades concretas de movilización y cambios estructurales en el Estado de derecho y no sería buena noticia que se los excluyeran o desaparecieran por pensar diferentes. Por eso, es novedoso y relevante el recambio en la clase política para remover las viejas prácticas de acuerdos mediáticos y reacciones políticas cuando el fenómeno del autoritarismo de gobierno se ha expandido hostilmente, a extremos de inventar procesos penales contra ciudadanos y autoridades que tienen derecho a la “presunción de inocencia”, garantías constitucionales y a medidas cautelares por la CIDH si corre riesgo inminente la vida y seguridad de los perseguidos políticamente. Pues, no deseo pensar que la CIDH espere un desenlace de torturas y fallecidos como sucedió en Venezuela y Nicaragua.

El reto para el cambio institucional público, se construye a partir de los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, en la línea de fortalecimiento democrático de aspectos relativos: a) Impulsar políticas que fortalezcan nuestras instituciones, mediante el incremento de la confianza, la eficiencia administrativa, desarrollo electrónico, calidad de prestación de servicios, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción; b) Compartir avances legales e institucionales entre los países de manera que sea posible intercambiar buenas prácticas y valorar la experiencia, tendente a respetar la Constitución y el Estado de derecho; c) Adoptar políticas de transparencia que incrementen la información que los Estados deben hacer pública; d) Fomentar la cooperación en simplificaciones de trámites en la mejora regulatoria de bienes y servicios y e) Reconocer que la violencia provocada por la delincuencia organizada transnacional de drogas, trata y tráfico de personas, tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos y lavado de dinero, representan una grave amenaza para el bienestar y seguridad de los ciudadanos, crecimiento y desarrollo económico y estabilidad democrática.

El cambio institucional en nuestro país, además debe ser coherente con el cambio constitucional en consenso con todas las organizaciones políticas y civiles de la sociedad. Ciertamente´, es difícil el proceso, porque supone cambio en los actores, en las relaciones de poder, en los modelos mentales y respeto a la dignidad de los ciudadanos tan malograda en los últimos tiempos.

Me atrae la opinión del profesor PRATS, Joan, (2000: 197) que expresa: “La institucionalidad democrática se trata de un proceso de aprendizaje social casi necesariamente tensionado porque, aunque se traduzcan en beneficios para el conjunto de la sociedad, está lleno de incertidumbre y esfuerzos, costosos para los ganadores y de sacrificios invariables para los perdedores”.

Pedro Gareca Perales, Abogado constitucionalista y defensor de DDHH

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