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Opinión

23 de octubre de 2019 15:48

En Bolivia destruyen la democracia


Han transcurrido cuarenta  y tres años desde la entrada en vigor  del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (23-03-1976) que configura en el artículo 25. a) “Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”, y complementariamente el inc. b) consolida el derecho de: “Votar y ser elegido en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal  e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”.

Estas categorías democráticas han sido vulneradas por los sistemas de Venezuela y  Nicaragua entre otros, porque en el primero, la voluntad popular de no reelección mediante Referédum fue desconocida por el extinto presidente Hugo Chávez, resonancia negativa que contagió a Maduro que se valió de una nueva constituyente irregular para convocar a elecciones mediante el órgano electoral totalmente sometido a su poder. El perfeccionamiento de la ilegalidad en la elección de Maduro fue la de promover candidatos afines y así justificar ante el mundo que emergió de la democracia, pero como bien han cuestionado los analistas i líderes políticos de Venezuela y del mundo, que se trató simplemente de una “imposición democrática”. Y, en términos más coloquiales de un “usurpador del poder político”, al no tener oposición. En Nicaragua Daniel Ortega siguiendo el libreto del populismo instalado en el Foro de Sao Pablo, se valió para ser reelegido por el Tribunal Constitucional por encima de la Constitución, cuyos jueces responden al sistema y no a la Carta Fundamental.

En nuestro país si bien la Constitución en su artículo 26.II.2 prescribe como derecho político: “El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente, a partir de los dieciocho años cumplidos”; quiere decir, que si Bolivia es un Estado unitario social de Derecho Plurinacional comunitario, la categoría del respeto al voto popular emitido por los ciudadanos en procesos democráticos “es un derecho político de rango constitucional y reconocido por el bloque de constitucionalidad en materia de Derechos Humanos”.Por lo tanto, el valor del voto es una cualidad inescindible de la democracia y por su carácter de “secreto” o mejor “reservado”, nadie tiene el derecho de omitir, suplantar o darle otra finalidad, que no sea la voluntad libre y consciente del ciudadano que optó en las elecciones de 20 de octubre de 2019, por uno u otro candidato legalmente habilitado. 

El Tribunal Supremo electoral (TSE), sensiblemente, no sólo se ha reprobado, sino que al suspender el conteo de votos el domingo  20 de octubre de 2019 a horas 20:45, sin ninguna explicación y justificativo, y retomar el recuento luego de 24 horas transcurridas, sin duda que deja un mar de cuestionamientos, similar a partículas de arenas en las playas del mar que resultan incontables. Veamos algunas irregularidades de las más simples a las más complejas de descifrar: a) El TSE inicia el recuento de votos con retraso de 45’minutos del fijado a las 19:00; b) Recibió los datos de actas de votantes de Asia y Europa 10 horas antes de las 19:45’; c) Los datos de Brasil, Argentina y Chile concluyeron 4 horas y media antes de empezar el recuento en Sala Plena; d) Los datos recogidos por los jurados en las actas de las provincias y comunidades estaban también en poder del TSE, porque para las autopistas de las comunicaciones TICs, no hay tormentas, granizadas e inundaciones que pudieran impedir su recepción; e) Por qué empleados públicos que se supone son afines al MAS fueron jurados; f) Se descubrieron cajas llenas de papeletas en manos de funcionarios de instituciones vinculadas con los órganos electorales departamentales; g) Se verificaron abiertas  cajas de votos que supuestamente deberían estar precintadas hasta llegar a los TDE (Lajas); h) Traslado de ciudadanos que votaron en un recinto hacia otras comunidades (Tarvita).

Entre lo más vergonzoso y que llega al hastío es el descubrimiento y verificación que hizo el presidente del Comité Cívico de Potosí y los ciudadanos potosinos de las cajas de votantes y actas estocadas en un domicilio particular, en cuyo departamento según los datos del TDE ganaba el MAS con un porcentaje considerable con relación a Comunidad ciudadana, siendo que este departamento suspendió un paro indefinido. Este hecho, es suficiente para anular las elecciones fraudulentas por falta de garantía y credibilidad en el TSE y los TDE, sino tributan en su accionar al núcleo central de la Ley Electoral 026 y lo que manda la Constitución.

También hay que recordar que la empresa Viaciencia habilitada por el TSE, en conteo rápido dio como resultado la noche del 20 de octubre: 43,9% para el MAS y 39,4% para CC de Carlos Mesa, estimando un margen de error menor al 5%, siendo la más aproximada los estudios de la UMSA y Fundación Milenio al tomar en cuenta mayores elementos científicos en base al sistema TREP que es el más objetivo, transparente y oportuno. Sin embargo, para sorpresa de todos el Tribunal Supremo Electoral al retomar el recuento de votos el 21 de octubre luego de 24 horas de cerrada la elección, dio como ganador a Evo Morales (MAS) con el  46,85% y a CC con el 36,74” (Horas 20:10 del 21-10-19) desconociendo el “derecho a la segunda vuelta” que el pueblo boliviano decidió libremente. Ante el grosero megafraude del TSE, los Comisionados veedores de la OEA y UE han manifestado su desconfianza y molestia, cuyos informes serán determinantes para que los Cancilleres de la OEA  apliquen contra Evo Morales y su gobierno la Carta Democrática. Ningún ciudadano va aceptar que un presidente ilegal por el art. 168 CPE que emerja del fraude sea investido; de ahí su indignación expresada en las calles ante el TSE y TDE en todo Bolivia. Además, el TSE se convierte en “reincidente del fraude”, autor de delitos penales  y destructor de la democracia.

Confirman lo aseverado,  los Obispos de Bolivia que denuncian evidentes signos de fraude electoral y exigen respeto a la voluntad del pueblo y el retorno a un clima de paz.

Pedro Gareca Perales es abogado constitucionalista y defensor de los DD.HH.