Opinión

14 de noviembre de 2017 08:49

El gobierno pachamamista y su derecho a contaminar


Me puse a pensar si esto del “derecho” a contaminar el aire es un tema que ameritaba una opinión o era una de esas tantas sandeces que había que dejar pasar. Seguro hay un poco de las dos cosas. Pero dado el contexto en que se ha mencionado, no sólo es necesario opinar sino alertar sobre la gravedad de la utilización de un concepto tergiversado.

La semana pasada, ante la cercanía de la Conferencia de Estados Parte COP 23 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, para negociar el documento guía para aplicar el Acuerdo de París, en Bonn Alemania; representantes de la administración de Evo Morales invocaron oficialmente un “derecho” a contaminar el aire, interpretando erróneamente, al menos dos cuestiones:

1. El principio general de Derecho Internacional Ambiental de Responsabilidad común pero diferenciada de los Estados (Principio 7 de la Declaración de Río de 1992) y

2. Una supuesta transición, extractivismo “transitorio” de los países en vías de desarrollo.

Esta noción gobiernista que asume el “derecho” a contaminar el aire, por un lado, distorsiona el principio en el que intenta apoyarse; y por otro, carece de evidencia de que la transición del extractivismo esté ocurriendo.

Invocar el principio 7, para respaldar “el derecho” a contaminar el aire, es desconocer que su fundamento principal está no sólo en diferentes disposiciones jurídicas, de origen convencional, consuetudinario o declarativo de derechos económicos, sociales o culturales, sino también en principios y valores internacionales que confirman las diferentes manifestaciones ambientales, económicas y sociales, y que se erige sobre principios de igualdad, justicia, solidaridad internacional y de desarrollo sostenible. Es decir, el principio 7, no actúa solo y no significa que los Estados tengan “derecho” a contaminar nada. En materia ambiental, no hay derechos adquiridos, ni de los gobiernos ni de las empresas, nadie tiene el derecho adquirido a contaminar; en cambio, los ciudadanos y ciudadanas sí tienen derechos adquiridos a vivir en un ambiente sano, equilibrado, lo que se ha denominado el vivir bien en la Constitución.

Sobre el “extractivismo de transición” como fundamento, no hay demostración de su existencia, al contrario, la riqueza generada por el extractivismo se destina a la profundización del mismo, nunca se alcanzó la soberanía en otros sectores productivos (de hecho el gobierno promueve cultivos de exportación mientras se aumenta la importación de alimentos), los proyectos extractivos generan resistencia social, por ejemplo en el TIPNIS, pero el gobierno los defiende intensamente imponiendo una cultura extractivista en la sociedad que impide buscar alternativas. Esta lógica lo que hace es liquidar las posibilidades de desarrollo para el país.

Y como todo lo que hace últimamente el gobierno es paradojal, esto del “derecho” a contaminar, también tiene su paradoja en el hecho de que el discurso gubernamental de “extractivismo transitorio” y la salida gradual del capitalismo es similar a la defensa convencional del desarrollo capitalista por etapas de Walter Whitman: “los Estados atrasados como nosotros debían, por la exportación de materias primas, acumular capital para intentar el salto industrial”. Entonces, que el gobierno pachamamista tenga la misma idea de los defensores del capitalismo de mediados del siglo XX, es, cuando menos, esquizofrenia.

Invocar un “derecho” a contaminar el aire es simplemente desubicado, nadie tiene “derecho” a contaminar, pero lo que sí tenemos todos, es el derecho a criticar y a protestar contra los desvaríos de un gobierno que ha perdido el horizonte, lleva posiciones internacionales equivocadas y hace declaraciones públicas desvergonzadas como ésta.

Paola Cortés Martínez es abogada, docente investigadora en varias universidades del país y máster en Derecho Ambiental

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