Opinión

28 de mayo de 2019 18:48

Responsabilidad gubernamental en la corrupción policial


La desorganización general de las instituciones estatales, impulsada por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) explica, en última instancia, los elevados grados de corrupción que caracterizan a la policía boliviana. Se trata de las consecuencias perversas de la decisión política del gobierno, de instrumentalizar a la policía boliviana en función de los intereses partidarios. Bajo estas consideraciones se puede decir que, consiguientemente, el denominado “caso Montenegro” (que vincula una vez más durante la administración de Evo Morales a altos jefes policiales con el narcotráfico) es solamente una muestra de las consecuencias generadas por las políticas desinstitucionalizadoras impulsadas. 

En varias oportunidades hemos señalado que la desinstitucionalización expresa la visión totalitaria y antidemocrática del MAS. En lo básico, buscaba la concentración de todos los poderes en torno al poder ejecutivo. De hecho, Morales había señalado en varias oportunidades estar en desacuerdo con la división de poderes; piedra angular de un Estado democrático moderno. La sujeción política de las instituciones al partido gobernante de turno se dio a la boliviana: aval partidario para acceder a cualquier cargo en las instituciones estatales y el manejo patrimonial de éstas. 

En lo referente a la policía, el burlote consistió en la conversión de esta institución, poco menos que en el brazo armado de MAS; listo para arremeter contra opositores, ciudadanos críticos y población en general. Durante largo tiempo de la gestión de gobierno del MAS, el acompañamiento que hizo la policía boliviana consistió con frecuencia en brindar protección a los grupos de choque del partido de gobierno. No se trata de una exageración porque, como particularmente la población paceña bien recuerda, en las múltiples ocasiones en que las calles de la ciudad eran bloqueadas por la “célula motorizada del MAS” (o sea, el transporte público), no hubo fuerza pública alguna para protegerla del atropello. La policía, efectivamente salía a los puntos de bloqueo pero no para garantizar la libre circulación, sino para proteger a los transportistas bloqueadores de la indignación ciudadana, que amenazaba con desbloquear las vías. La policía boliviana también brindó respaldó a los grupos del MAS atrincherados en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba durante un largo tiempo, con la intención de convertir a esa casa de estudios en un verdadero botín del partido de gobierno. De igual manera, la policía actuó como respaldo a los grupos de choque que asaltaron, en la ciudad de La Paz, las oficinas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), opuesto al gobierno. La institución policial protegió a esos grupos, hasta que el gobierno les reconociera como “auténticas autoridades” de los ayllus. 

Esta cadena de muestras (de las que mencionamos apenas una minúscula parte) no podía menos que vulnerar los principios de la policía, como institución al servicio de la población. Además, en lo interno de ella, afectó específicamente el principio de subordinación a los mandos naturales; dando lugar precisamente a los actos de corrupción. Por si fuera poco, a todo ello debe sumarse la interferencia desde la propia presidencia, incluso en la labor técnica de la investigación policial. No otra cosa significó el ofrecimiento de recompensa económica, por cualquier información, sobre los atentados en Oruro, durante la carnavales del 2018, formulado desde el despacho presidencial. El ofrecimiento de Evo Morales, objetivamente, obstaculizó la pericia policial y alejó las posibilidades del esclarecimiento del atentado. 

La vinculación de algunos jefes policiales con actividades de narcotráfico, como quedó develado por el “caso Montenegro” es, pues, la consecuencia casi natural de toda esta conducta que por años ha llevado el MAS. Por lo demás, no es la primera vez, con Montenegro, que este tipo de vinculación ocurre. ¿Alguien habrá olvidado, por ejemplo, que nada menos que un alto jefe policial de “lucha” contra el narcotráfico de Morales fue preso, hace años, en los Estados Unidos, por actividades ligadas al narcotráfico? 

Está claro, pero, que nada de este descalabro institucional interesa al gobierno y en realidad nunca le ha interesado porque, de lo contrario, ninguno de los extremos señalados habría ocurrido. Lo más preocupante para la ciudadanía, son las consecuencias de la desinstitucionalización de la policía, en el diario vivir. En principio, lo que el “caso Montenegro” y los iniciales actos de investigación están demostrando, es que el ministro del área no tiene poder sobre la institución policial, como para reconducir el proceso de crisis en el que se encuentra y puntualmente la investigación del tema. Y cómo podría tenerlo, si desde el órgano judicial -que no es sino un apéndice del poder ejecutivo- se adelantan los primeros movimientos para evitar una verdadera investigación. Una posibilidad para una investigación de esa naturaleza estaba dada, como se recordará, en la atención al pedido de extradición de Pedro Montenegro, formulado por el gobierno del Brasil. Pues bien, mediante el poder judicial, el MAS dio el primer paso para evitar la extradición. Es que las consecuencias de la misma pondrían, en principio, a Montenegro fuera del alcance de la protección gubernamental y abriría una verdadera caja de pandora en que, con toda seguridad, se contiene el recuento de los vínculos con el narcotráfico, no únicamente de jefes policiales, jueces, fiscales, abogados, parlamentarios (como se adelantó en las investigaciones iniciales), sino también de altos jefes del partido de gobierno. Dicho esto, en relación al MAS y a sus actividades de encubrimiento. 

Para la sociedad, la desinstitucionalización y la corrupción policial generan justificadas preocupaciones con relación a la seguridad ciudadana. No decimos que la inseguridad provenga de la policía, cuyos miembros de base en su inmensa mayoría cumplen su labor con empeño y dedicación, sino que en los estamentos de los jefes policiales ligados a la lógica política del gobierno, se relaja la función propiamente policial. 

Como se observa, los efectos perversos de la desinstitucionalización policial no solamente afectan a los mezquinos cálculos políticos del gobierno, sino se constituyen en una potencial posibilidad para el incremento de la inseguridad ciudadana. Que este ambiente pueda afectar, a su vez, a la democracia, es algo obvio; como lo es también que pueda hacerlo a la economía (y no hablamos de la macro economía). Es sólo cuestión de tiempo que ello ocurra …, si esta lógica enfermiza continúa, claro. 

Omar Qamasa Guzman Boutier es escritor y sociólogo

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