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Opinión

30 de julio de 2020 13:29

Proceso socio-político y covid-19 en Bolivia

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La postergación de las elecciones nacionales, del 6 de septiembre al 18 de octubre, dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 23 de julio pasado, debido al dramático incremento de contagios del coronavirus (covid-19), permite ejemplificar la relación entre proceso socio-político y crisis sanitaria a causa de la pandemia del covid-19 en Bolivia. En la decisión del órgano electoral, la evolución del proceso socio-político y del proceso sanitario convergen y definen una relación particular entre ambos. La decisión del tribunal electoral nos interesa porque ilustra la determinación que un proceso ejerce sobre el otro, así como la propia evolución de cada uno de ambos procesos.

Para la exposición de nuestro tema vamos a circunscribir, primero, la problemática según algunos supuestos conceptuales. En un segundo momento abordaremos el proceso socio-político en el contexto de la pandemia del coronavirus y en el último momento nos referiremos a la pandemia del covid-19, a la luz del tratamiento gubernamental a la crisis sanitaria.

Comencemos encuadrando la noción “proceso socio-político” en la historia contemporánea del país y digamos que no puede separarse la actual fase de este proceso del período en el cual se originó. Así, lo que hoy caracteriza al proceso es el desmontaje que había alcanzo al momento de su conformación. Lo que se ha constituido, a inicios del presente siglo, había sido una articulación nacional-popular con pulsiones autodeterminativas. Pero ha sido la administración del gobierno delincuencial y autoritario presidido por Evo Morales, la que desarmó de manera rápida, ideológica y políticamente a lo nacional-popular, motivando su desarticulación y desmembramiento. Este proceso se inició en principio en las ciudades capital de departamento para extenderse poco a poco al resto del país.

Para los últimos cuatro años de la dictadura del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, la desagregación de lo nacional-popular ya era evidente, manifestándose en el debilitamiento de la expresión política que había intentado representarla. La derrota del MAS en el referéndum de febrero del 2016 acerca de una reforma constitucional que permitiera eternizarse al binomio gobernante en el poder, confirmaba su desacumulación tanto social como  política y abrió el tiempo del declive definitivo. Ello había sido el resultado de un gobierno más interesado en cultivar la lógica delincuencial que administrar al país con sentido nacional.

Luego de la huida de Morales y sus cómplices en noviembre pasado, el país recuperó la senda democrática, mientras que el proceso social y político surgido a inicios del siglo había concluido, dando lugar a una nueva articulación social nacional, en base a la democracia como principio. De esa manera, la base en la que, de forma oportunista, el proyecto delincuencial del MAS se había apoyado, comenzó a diluirse dejando al descubierto los verdaderos sustentos del partido de Morales. En lo principal -esto es, en lo ideológico y programático- este partido nunca tuvo sólidos fundamentos, pero pudo disimularlo gracias al sustento que le proporcionaba lo nacional-popular, al inicio de su gestión de gobierno. Este disimuló no pudo, a su vez, ocultar ante los vigilantes ojos ciudadanos, que el gobierno de entonces estaba, en lo programático, resuelto a disponer al país para posibilitar su dependencia del crimen internacional organizado; intención que resultaba tan irreal que no pudo menos que despertar las pulsiones nacional-democráticas de la sociedad. Las tendencia del declive masista y el auge de lo nacional-democrático fueron aceleradas con la llegada de la pandemia del coronavirus, remarcando la circunscripción que la convocatoria del MAS tenía: grupos de interés, sectores corporativos e intereses particulares, ligados al crimen organizado, en particular al narcotráfico, asentado fuertemente en la zona de producción de coca excedentaria del Chapare y Yapacaní.

En consecuencia, será en torno al recorrido del proceso socio-político que consideraremos la presencia del covid-19. El comportamiento de la sociedad por un lado y por otro, el de los grupos de interés ligados al MAS, en este período de crisis sanitaria, no podría entenderse sin la referencia a ese proceso. Es verdad también, sin embargo, que esa relación no niega la dificultad de identificar los vasos comunicantes entre comportamiento social y crisis sanitaria, debido a la actual no correspondencia entre sociedad e instituciones democráticas representativas, como es el poder legislativo. En Bolivia nadie considera que la Asamblea legislativa, de mayoría masista, corresponda a la actual correlación social y política de fuerzas y mucho menos que la exprese de forma democrática. Al contrario, el sentido antidemocrático, antinacional y antipopular del órgano legislativo de hoy es inocultable y corresponde únicamente a las desesperadas acciones del partido delincuencial de Morales.

Desde una visión macro, lo que tenemos en estos tiempos de pandemia es, pues, una recomposición de la articulación social, en base a tres principios: la salud, la economía y la democracia. Esta nueva articulación marca una distancia cualitativa con la articulación de principios de siglo. Se trata de una distancia que nos habla, a su vez, del impacto que una u otra articulación puede ejercer sobre el Estado. En la articulación anterior podríamos hablar de un impacto estatal y por tanto de una crisis nacional, mientras que en la nueva articulación, las escaramuzas que la acompañan y provocadas por distintos motivaciones sociales, aun expresándose en movilizaciones, no alcanzan a constituir una crisis nacional porque no impactan sobre el Estado, no descoyuntan el funcionamiento de éste. Son escaramuzas que logran ser procesadas dentro del sistema democrático, a diferencia de las movilizaciones de inicios de siglo, que provocaron modificaciones estructurales, a pesar que estas hubieran sido de segundo o tercer orden de importancia.

La posibilidad de la articulación social de alcance nacional depende de la legitimidad de las demandas que se esgrimen. Se comprende que por legitimidad se entiende, en este caso, a la capacidad de convocar nacionalmente a la sociedad, en base a demandas sentidas por la gran mayoría de la nación. No cumplen estos requisitos demandas particulares, porque no agregan ningún otro interés al lado del suyo y para demandas nacionales hablamos de demandas de alta agregación; se agregan intereses y voluntades generales y no particulares. Todo ello para decir que el mayoritario sentimiento nacional, i. e. el mayoritario interés de la ciudadanía, gira en torno a la crisis sanitaria, a la economía y a la democracia; aunque por estos días, específicamente, no es de interés la realización de las elecciones nacionales. Tanto es ello así que fue la silenciosa pero abrumadora presión de la ciudadanía, preocupada por la crisis sanitaria, la que obligó al TSE a la suspensión de las elecciones de septiembre.

En la contraposición entre la demanda mayoritaria de la ciudadanía y las demandas particulares de grupos de interés afines al MAS, el resultado inmediato es la ratificación del aislamiento social y político de este partido y no la adhesión de nuevos sectores a su demanda. La criminal marcha realizada por dirigentes corruptos del sindicalismo boliviano y activistas delincuenciales del MAS el pasado 28 de julio, no únicamente no ha sumado nuevos aliados, sino ha provocado a censura de amplios sectores populares de la ciudadanía. Con ello ejemplificamos la manera en que se concretiza la modificación de la correlación social y política de fuerzas y en definitiva, la constitución de un proceso social y político nuevo.

Es este proceso general el que contextualiza el manejo de la crisis sanitaria del gobierno de Jeanine Añez, así como de la propia suspensión de las elecciones de septiembre. En relación al manejo del gobierno, habíamos formulado en nuestro último artículo la distinción de ese manejo en dos etapas: una óptima, que abarca desde el brote de la pandemia en el país hasta la formulación del sistema de medición de la enfermedad en los municipios (el Índice Municipal de Riesgo) en mayo pasado. La segunda etapa corresponde  a mayo hasta el pasado 23 de julio. Si en la primera etapa destaca la oportuna toma de decisiones para la contención de la enfermedad, en la segunda destacará la resistencia del gobierno a implementar test masivos para la detección del contagio y la amplia dotación de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Los efectos negativos de estos errores, en la estrategia del gobierno, fueron muy grandes y mermaron la capacidad de contención de la enfermedad, por parte del sistema sanitario. Tal es así que meses antes, el comité científico del colegio de Médicos de La Paz había estimado que para la tercera semana de julio el país alcanzaría los 45 mil contagios, pero para esa fecha los infectados llegaron a 65 mil.

El error se originó en una mentalidad ahorrista, que pretendía enfrentar la crisis sanitaria con los menores costos económicos, como si se tratara del regateo de precios en algún puesto de ventas. La resistencia a las pruebas masivas y a la implementación de equipamiento de salud atestigua el equívoco. Fue esa visión, limitada para enfrentar una crisis de las dimensiones que desató el covid-19, la que afectó obviamente a la misma planificación del gobierno y los esfuerzos de éste demostraron ser poco útiles para lidiar con la crisis. Sin embargo, si nos atenemos a las medidas del gobierno durante las últimas semanas, referentes a las pruebas masivas y equipos médicos entre otros, puede pensarse en algún cambio de visión en el gobierno. Una rectificación es, por supuesto, loable, pero los esfuerzos que ahora la crisis demanda para ser contenida son mucho mayores, porque la evolución misma de los contagios así lo exige.

En el desarrollo de la crisis y en el cambio de enfoque del gobierno, así como en la modificación de la fecha de las elecciones, se ratifica el eje de la crisis Integral que vivimos, es decir, de la salud asumido como eje. El valor de la salud es de tal magnitud que ningún país en el mundo duda de su importancia estratégica. La pandemia ha mostrado que la crisis sanitaria determina todos los aspectos de la vida social: la economía, la política, el comercio, el turismo, etc.

A esta primera conclusión general podemos añadir otra, referida a la  especificidad de Bolivia. Durante la crisis política de octubre-noviembre del pasado año habíamos destacado la alta acumulación democrática de la sociedad boliviana. En la actual crisis sanitaria, a pesar de los errores en la planificación del gobierno, a pesar del boicot del partido delincuencial atrincherado en la Asamblea Legislativa impidiendo la disposición de recursos económicos de organismos internacionales para la lucha contra el coronavirus y a pesar de los intentos criminales de los activistas del MAS de propagar la infección a todo el territorio, la ciudadanía no ha caído en la provocación ni en la confusión. No hubieron actos de desesperación colectiva que llevaran al desborde social y a la ingobernabilidad. Es cierto que tanto la modificación del proceso socio-político, como la consistencia democrática de la ciudadanía no se expresan institucionalmente en los principales niveles del aparato estatal, como es el poder legislativo, el poder judicial, el ministerio público. En este sentido el desfase entre sociedad y superestructura política y jurídica impide, no solamente una relación fluida entre sociedad y Estado, sino incluso una lectura estatal sobre su sociedad y sobre el proceso social y político que ésta desarrolla. Se trata de una suerte de ceguera parcial del Estado que afecta, en lo principal, a los operadores de tales instituciones. En este caso a los militantes del MAS, cuya pérdida de orientación política no únicamente expresa la falta de apego y respeto a la vida de los bolivianos, sino la inviabilidad de vida de un partido delincuencial bajo un orden democrático.

Omar "Qamasa" Guzmán es sociólogo y escritor 

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