Opinión

22 de noviembre de 2019 11:30

Estrategia masista destinada al fracaso


En Bolivia, hoy por hoy, no existe ninguna posibilidad de un retorno de Evo Morales; a no ser para ser conducido del avión a una cárcel de máxima seguridad entre otros, por el delito de haber dirigido, desde la presidencia, un gigantesco fraude electoral. No existe ninguna posibilidad social, ni política y menos institucional. Fundamentemos nuestra aseveración. 

Las protestas sociales que su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), organiza con el respaldo de abundantes recursos económicos, ciudadanos extranjeros y bajo amenaza a la población -particularmente en la ciudad de El Alto- no solamente no han rebasado sus marcos sociales iniciales, sino que se han constreñido a espacios muy focalizados: Yapacaní en el departamento de Santa Cruz, Chapare en el de Cochabamba y El Alto en La Paz. Esto quiere decir que la protesta que el MAS se empeña en fabricar no tiene convocatoria social alguna que le permita evolucionar hacia un hecho de alcance nacional. Dicho de otra forma, se trata de una protesta socialmente aislada. Tal es así que incluso sus potenciales aliados (la COB, cooperativistas mineros, etc., etc.) se encuentran de acuerdo con la convocatoria a nuevas elecciones nacionales; ésta vez, pero, transparentes. Deseos que ya había adelantado, por su parte, el nuevo gobierno de Yanine Añez. 

Al aislamiento social se suma el aislamiento político. La exigencia masista de renuncia de Añez y el retorno de Morales no ha logrado sumar ni fuerza política, ni personalidad política alguna en su apoyo, ni tampoco de alguna institución social. La soledad política es tan contundente que incluso ha resquebrajado la unidad del MAS. En efecto, recordemos que el pasado jueves 14, el responsable del MAS en el departamento de Santa Cruz, declaraba ante la prensa su acuerdo con la convocatoria a nuevas elecciones, comprometida por la nueva presidenta, añadiendo que su partido participaría en las mismas. En realidad, esta manifestación es una muestra de una mayor corriente de opinión, al interior de este partido. Se trata de una corriente más interesada en la vida política y la consiguiente participación en el sistema político boliviano, que en la vida sindical y corporativa. Y es precisamente a este sector interno del MAS, al que el aislamiento político actual le afecta mucho más, ya que amenaza en aislarles a ellos mismos, de la vida política institucional. 

Así las cosas, la resolución del conflicto planteado por el MAS ya debía haber sido resuelto; sin embargo ello no ha ocurrido. ¿Por qué? La variable narcotráfico, actuando al igual que un condensador de la violencia y el crimen organizados, debe considerarse como una más de los factores explicativos en ello. Ya Filemón Escobar denunciaba, a principios de la presente década, la fuerte importancia de esta actividad para el Chapare y en general, en el ámbito de poder político del Estado boliviano. La comprobada presencia, en el enfrentamiento entre los campesinos de Yapacaní y la policía junto al ejército, de un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -guerrilla vinculada al narcotráfico, una de sus fuentes de financiamiento-, así como de ciudadanos venezolanas, con armamento y uniforme policial de su país, refuerzan la validez de considerar al narcotráfico junto a las razones explicativas de lo que vivimos. 

Sin embargo, también esta perspectiva (la de sostener un conflicto caracterizado por el despliegue de las prácticas violentas y criminales) se encuentra condenada al fracaso. Simplemente no se puede replicar en Bolivia esta estrategia de violencia social y política como lo que sucediera en Colombia y México, por ejemplo. No es posible ninguna réplica porque se trata, en cada caso, de historias sociales y estatales muy diferentes entre sí. Y son estas historias las que posibilitan o no la viabilidad de aquella estrategia. Cerca de setenta años y de noventa, respectivamente, de historia teñida por la corrupción, la violencia y el crimen, han dado en ellos una presencia y eficacias para la preservación del poder, muy grandes y ahora demanda de sus respectivas sociedades enormes esfuerzos para desprenderse de ellas. 

Con todo, las tres regiones en las que se focaliza el conflicto mostrarán evoluciones diferentes. Diríamos que Chapare y Yapacaní pueden agruparse en un conjunto, mientras que El Alto formaría otra unidad. En el primer conjunto la resistencia al gobierno de Añez es asumido realmente como una acción “hasta las últimas consecuencias”; lo que para el caso significa el uso de armas de fuego, en sus movilizaciones. En El Alto, la perspectiva misma de la prolongación del conflicto (entendido como un paro cívico, marchas y bloqueo de calles) es algo poco probable. Podemos decir que estas medidas, impuestas a fuerza de amenazas a la población, no durarán más que hasta el próximo miércoles 20, en un extremo. Siendo la ciudad de El Alto una urbe básicamente comercial, estas medidas de presión afectan directamente a ese mayoritario sector, al no permitirles poder incursionar en la actividad comercial de fin de año; una de las altas de la temporada anual del comercio callejero. Aquí el conflicto tiende a agonizar en sí mismo, lo que no sucedería, pero, en los dos casos anteriores. Sin embargo de ello, ahora es sí mucho más factible que el Estado aplique en ambas regiones conflictivas medidas de excepción temporal, hasta reponer la condiciones de la convivencia pacífica, es decir hasta desarmar a los grupos de civiles armadas. 

Está claro que en Bolivia las cosas no han llegado tan lejos como en Colombia o México; a pesar que ya veíamos señales de ello. Recordemos que cualquier dirigente sindical corrupto o incluso, cualquier persona que se autonombrara “representa” de cualquier sector (como Jesús Vera, en La Paz, aunque con seguridad los hubo en todos los rincones del país), tenía mayor poder que un fiscal o un juez, por el simple hecho de pertenecer a las filas del MAS. No ha llegado tan lejos en nuestro país, porque el narcotráfico, en esta ocasión y dicho de manera casi caricaturesca, no ha comenzado en la base de la sociedad para dirigirse al Estado, sino ha recibido desde la cúpula administrativa de esta última, por medio del gobierno de Evo Morales, la cobertura necesaria para desenvolverse. Fue un fenómeno cupular y no general. Desplazada aquella cúpula, antidemocrática y totalitaria en política, los desesperados manotazos que lanzan con la esperanza de retornar a un gobierno masista, no tienen, según vimos, posibilidad social, política e institucional alguna para evolucionar hacia una crisis mayor y hacer realidad el delirio que les persigue. 

Omar Qamasa Guzmán es sociólogo y escritor

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