Opinión

5 de septiembre de 2018 08:33

El precio de la desinstitucionalización y la concentración de poder


Con la desinstitucionalización del país y la concentración de poder en torno al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), el gobierno ha desatado consecuencias que ahora, como una invisible soga, lentamente ahoga todas las iniciativas gubernamentales para consolidar un proyecto nacido con el certificado de defunción. Asentar un proyecto de poder sobre la desinstitucionalización y la concentración de poder ha sido también el sueño de Mariano Melgarejo, en el siglo XIX y si entonces, cuando todavía se gobernaba a salto de manta, era un deseo irrealizable, en el siglo XXI se torna simplemente irreal. Así, al gobierno de Evo Morales le sucede como al mago que desata fuerzas de las que no tiene conciencia y menos control, las cuales, al final del día, terminan devorando al aprendiz de mago.

Por supuesto que la desinstitucionalización y la concentración de poder son los pilares de cualquier gobierno que, como el actual, aspira a transformarse en dictadura; aunque, claro, no sólo de deseos vive el hombre. Los efectos desatados por la desinstitucionalización han dañado, claro, a la sociedad, pero también al gobierno. Entre lo más notorio de estos efectos tenemos la restricción de la visión de los gobernantes sobre la sociedad. Al no contar con funcionarios estatales (en el pleno sentido del término) en instituciones tales como la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo, lo que tiene el gobierno son empleados sumisos y complacientes con los caprichos del mandamás de turno. Sin la capacidad de sostener una opinión propia, tanto la Fiscalía como la Defensoría del Pueblo también caen presas de la ceguera y son incapaces de contradecir cualquier absurda iniciativa que salga del palacio de gobierno.

Veamos un ejemplo. El vice-ministro de Defensa Social denuncia actividades de narcotráfico en algunas zonas del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) -territorio al que, además, colonizadores oriundos del Chapare impidieran el ingreso de una comisión internacional de Derechos Humanos- durante los días, casi en coincidencia, en los que el organismo de Naciones Unidas de control de estupefacientes daba a conocer un informe en el que destacaba el incremento de áreas de cultivo ilegal de hoja de coca y manifestaba su preocupación por el desvío de la coca excedentaria hacia el narcotráfico. ¿Qué hizo el gobierno? No desplazó fuerzas de lucha contra el narcotráfico a la zona y ni siquiera conformó una comisión de investigación (aun sea para mostrar un poco de decoro), sino arremetió contra La Asunta, en sud-Yungas, del departamento de La Paz (¿!), para erradicar plantaciones de coca presuntamente ilegales. Con la más grotesca falta de respeto a la vida humana el gobierno mostró poco interés por la muerte que su acción ocasionara, en fila de los productores de coca de la zona. En el cálculo de esta infantil “estrategia” gubernamental, seguramente se consideraba que con “la marcha sobre La Asunta”, Morales estaba demostrando a la comunidad internacional tomar muy en serio eso de luchar contra el narcotráfico.

Se entiende que alguno de los empleados del partido de gobierno (por ese sutil sentido de humor que posee la vida), que hoy por hoy se encuentran a la cabeza de la Fiscalía o de la Defensoría del Pueblo, no puedan diferenciar la burla, de la administración responsable, porque al fin y al cabo no se encuentran en aquellos puestos para pensar con cabeza propia sino para cumplir órdenes, a pesar de lo disparatadas que pudieran ser. Sin embargo también ellos, Fiscal y Defensor del Pueblo, en el fondo no son sino parte de la vorágine que con la concentración de poder ayudaron a crear. No podría pensarse en centralizar poder alguno, si acaso los responsables de las instituciones tuvieran eso que se llama valor civil, para cumplir con el deber que el cargo demanda.

Está claro también que todos ellos, empleadores y empleados, forman un conjunto mayor en vías de crear un núcleo social (una rosca, en lenguaje boliviano), en contra de los intereses del país. En esta fase de la rotación y renovación de las élites bolivianas, los caminos elegidos (que son los que expresa el gobierno) son verdaderos despeñaderos por los que transitan los sectores sociales sin vocación democrática, como aquellos que constituyen las principales bases sociales de Evo Morales. Por tanto, lo que observamos es la cultura política en acción de los sectores emergentes, particularmente campesinos y sectores urbanos de clase media. Se trata de una cultura política con notorias rasgos de autoritarismo y una pobre tradición democrática. El gobierno de Morales combina estas fuentes y la inevitable derivación de ello es la persecución a todo opositor político, sindical o simplemente a todo ciudadano que exija el respeto a la democracia.

Además de producir ceguera estatal y avivar las tendencias antidemocráticas, la desinstitucionalización y la concentración de poder sirven también para que el MAS oculte su falta de proposición programática. Llegado a su techo propositivo (que en el realidad estaba conformado por propuestas que el MNR formulara en la década de 1950 y otras, provenientes de la dictadura de Banzer, en la década de 1970), el partido en el que está prohibido “pensar por cuenta propia”, se encuentra como “chanco caminando en la soga de equilibrio”. Al igual que la pretensión de silenciar a la sociedad o de atemorizarla, ocultar la falta de proposición es una ilusión, porque todos los actos de protestas sectoriales, dicen día a día del agotamiento programático del gobierno, de su falta de iniciativa propositiva y la imposibilidad de contener ya a la sociedad. En estas circunstancias, a los hombres del MAS les resulta claro que cubrir, además, las huellas de la corrupción que les salpica por todo lado, es una misión imposible, por lo que prefieren invertir tiempo y esfuerzos en otra ilusión: la de sustituir el rechazo de la mayoría de la población, con la imposición de un burlote antidemocrático.

Para ello, entonces, pretenden forzar adversarios electorales que les ayuden, a la vez, a legitimar la inconstitucionalidad candidatura Morales-Linera. Cual tinterillos salidos de viejos armarios, parlamentarios y dirigentes masistas formulan vacíos silogismos con los que pretenden demostrar que el respeto al resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 (por el que la mayoría de la ciudadanía rechazó una nueva e inconstitucional candidatura de Morales) radica en desconocer  precisamente ese resultado. Pero, una y otra vez las trampas del gobierno son desbaratadas por la sociedad, ya no sujeta a la confusión o a la prebenda. ¿Entonces qué le queda a este fracasado aprendiz de mago? Simplemente prepararse para sustituir la previsible derrota electoral mediante todas las modalidades posibles de fraude.

Por un mínimo instinto de conservación, muchos presienten el peligro y saben que el fraude electoral, si no podrá servir para mantener al MAS en el gobierno, al menos deberá servir para llevar una numerosa bancada al parlamento. No por razones de proyecto político alguno, sino simplemente para cubrir a la mayor cantidad de dirigentes masistas con el manto de la inmunidad parlamentaria. No pierden la ilusión que ello les podrá proteger ante también previsibles juicios por corrupción. Transcurren, pues, los primeros segundos de la hora del “sálvese quien pueda” y la cita con la hora del rendimiento de cuentas se aproxima, despertando el nerviosismo en todo el MAS.

Omar Qamasa Guzman Boutier.

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