Opinión

2 de abril de 2019 12:29

10 de abril y Emiliano Zapata


Si algo ha unificado la diversidad de este continente, en un momento dado, ha sido la colonia. Su eco se ha extendido hasta al menos bien entrado el primer siglo de vida independiente de las entonces flamantes repúblicas. Por ello, en su momento, adquirió gran sonoridad el nombre de Emiliano Zapata quien, junto a Francisco “Pancho” Villa, encabezó la revolución mejicana de 1910 a 1917. Zapata fue asesinado por el gobierno el 10 de abril de 1917, y se quiere pensar que asumió la muerte como quien paga una deuda contraída a partir de 1910. Desde su muerte y luego de transcurrido más de un siglo, ciertamente la realidad agraria mejicana (y del continente todo, por supuesto) se ha modificado, por lo que resultó verdaderamente sorprendente que el apellido Zapata no hubiera perdido vigencia. Lo que tal hecho nos decía, es que el problema agrario volvía a replantearse, pero bajo nuevos términos. 

Aunque las realidades del mundo agrario fueron y son diferentes en los países del continente, es posible encontrar algún común denominador entre alguno de ellos; nos referimos a México, Ecuador, Perú y Bolivia. Este común denominador permitió, grosso modo, establecer algunas similitudes en la cuestión agraria entre ellos. Hablamos de la importancia que las comunidades indígenas pre-coloniales, agrícolas de vocación, tenían (e incluso todavía tienen aunque, claro, en menor grado) en los tiempos de Zapata. Mencionamos ello para apuntar el devenir del problema y la suerte de los pueblos indígenas, no únicamente en México, sino también en Bolivia. Villa y Zapata dirigieron el movimiento agrario en México como respuesta al despojo de las tierras a las comunidades indígenas. El movimiento exigía, pues, la devolución de las tierras a sus antiguos dueños; algo muy similar pudo observarse precisamente en los otros tres países señalados. 

Por otra parte, resulta conveniente señalar que la demanda social de la revolución mejicana estaba resumida en la consigna de “Tierra y libertad”; postulados que más tarde fueron incorporados al texto constitucional de México. La similitud con la reforma agraria y el voto universal, luego de la revolución nacional de Bolivia, en abril de 1952 es notoria. También marcará otra similitud el desarme de los campesinos. Luego de distribuidas las tierras y reconocido el hecho constitucionalmente en cada uno de estos dos países, por un breve tiempo todavía se temía de la (pequeña) posibilidad del retorno de los antiguos patrones de las haciendas. Desaparecida esta posibilidad, los gobiernos impulsaron programas de desarme, consistente en el cambio del “fusil por el arado”. La consolidación de la distribución de las tierras y pasado definitivamente el tiempo de un posible retorno de los patrones, no había, en efecto, motivos para que los campesinos continuaran armados. 

La distribución de las tierras y su reconocimiento constitucional fueron, en realidad, los mecanismos para la creación del mercado interno y la nacionalización, incorporación campesina al ámbito estatal mediante. La dinámica desatada con ello ha modificado, desde entonces, la realidad agraria en los países que tomamos como referencia. Estas modificaciones han distanciado a cada realidad de sí misma (el México de hoy claramente no es el mismo que el México de los tiempos de Zapata y lo mismo puede decirse para el resto de los países). Se entiende, a la vez, que la diferencia de la realidad agraria entre los países se debe a la historia interior, a la forma particular, en la que el capital se ha incorporado al mercado agrario, luego de la distribución de las tierras. Esas formas específicas de la incorporación explican también las trayectorias distintas que en cada caso se observa. 

Lo sorprendente por ello, sin embargo fue la reaparición del apellido Zapata, los últimos días de diciembre de 1993, en la ciudad de San Cristóbal, Chiapas (México). Ello nos dice que aquella vigencia respondía a ciertas líneas de continuidad de la situación vivida a principios del siglo XX, pese al decurso que tomó la cuestión agraria en México. Debe recordarse que antes del movimiento de Zapata y Villa, la correlación entre las nociones “campesino” e “indígena” era muy alta. Sin embargo, luego de la distribución de tierras, la formación del mercado interno y la introducción del capital, surgieron las diferencias y se ahondaron rápidamente, marcando notorios desequilibrios. Fueron estableciéndose clases, sectores y subsectores sociales en el campesinado; pero al mismo tiempo se asentaron, en los sectores indígenas, a los que el mercado y el capital -diríamos- no han terminado de incorporar, las características étnicas y no clasistas. 

En términos generales lo mismo ha ocurrido en Bolivia, luego de la reforma agraria. Aquí podemos apreciar las diferencias incluso casi de manera geográfica. En efecto, el capital se muestra más dinámico en la agricultura de la región del oriente, particularmente en el departamento de Santa Cruz. Ello fue el resultado directo de la utilización del excedente económico producido en la minería del occidente, durante el proceso de la revolución nacional y del uso abierto de  las arcas fiscales, durante el gobierno dictatorial de Banzer. Así, la dinámica que anotamos marca una agricultura capitalista, con la consiguiente diferenciación de clases sociales. En la región del altiplano y los valles este proceso de diferenciación y estratificación social mostraron una mayor lentitud, por lo que recién comienzan a despuntar con claridad las diferencias sociales. En esta región, a la vez, deben ser considerados luego de la reforma agraria, los desplazamientos de sectores campesinos hacia zonas tradicionalmente no ocupadas por el sector. Aquellos grupos fueron conocidos durante aquél periodo como “colonizadores”. Resumiendo, tenemos que en términos generales el capital muestra, aquí, una dinámica inferior, en comparación a la agroindustria cruceña. Ello vinculará a uno y otro tipo de agricultura también a mercados diferentes. Mayormente, la agroindustria orienta su producción se encuentra orientada al mercado externo, mientras que la producción agrícola de los valles y el altiplano lo hace con preferencia al mercado interno. Puede decirse que se trata de un indicador de la diferencia socio-económica entre ambos tipos de agricultura. Es sugerente, en este sentido, que se habla de la burguesía agroindustrial y de productores campesinos independientes (incluidos en esta categoría a los colonizadores, a pesar del cambio de denominación durante la última década –consistente en eso de “comunidades interculturales”) como los principales componentes de los productores de la agricultura. 

En el proceso de diferenciación interna en el mundo agrario boliviano y al igual que en el ejemplo de México, antes de la distribución de tierras vía reforma agraria, las nociones “campesino” e “indígena” parecían equivalentes. Fue con los gobiernos de la revolución nacional, es decir con los del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que se privilegia el concepto “campesino”, con la obvia intención de recalcar la idea de la “evolución” del indígena a campesino. Pero tras esa idea nítidamente antindígena, hubo la clara decisión política-ideológica de borrar las identidades indígenas, étnicas, a fin de facilitar la constitución de una identidad general, de sello mestizo. Pero a la vez y de manera pronta, la rápida aceptación, por parte de los directamente involucrados en la denominación de campesinos, reflejaba en este sector un antindigenismo que despuntaba y que hoy se ha consolidado plenamente. Aquellos sentimientos de autonegación tienen larga data. En realidad nacieron durante la colonia y fueron fomentados en un principio por las élites indígenas desplazadas. El antindigenismo de los tiempos de la revolución nacional se expresaba, por ejemplo, en el impulso a la organización de sindicatos agrarios, en reemplazo de las formas de organización ancestral de los indígenas; en la administración individual de las tierras hasta la víspera comunitarias y en prácticas productivas depredadoras, en contradicción con las antiguas formas de producción ecológica, sin mencionar ya la formas de organización política y el ejercicio de los cargos de autoridad.
 
El gobierno de Evo Morales representa más que nada a los campesinos, en particular a los de la zona del subtrópico cochabambino. En ese orden, no solamente ha continuado la orientación antindígena del MNR, sino que impulsó con mayor fuerza aún el arrinconamiento de las comunidades indígenas que pese a todo, siguen sobreviviendo. El que, de hecho, se hubiera frenado la titulación de las tierras comunitarias de origen (algo que beneficiaba a los pueblos indígenas) no tiene sino la burda finalidad de facilitar el acceso a colonizadores y campesinos, a dichas tierras. Esta orientación se incrementó en relación a los gobiernos de Banzer o de Gonzalo Sánchez de Lozada, igualmente antindígenas; al menos si recordamos el atropello a los territorios indígenas como el TIPNIS, o el descabezamiento de las representaciones legítimas de los ayllus. Por ello, desde esta perspectiva, Morales mismo no tiene nada de indígena. Además de no hablar ningún idioma originario (es un secreto a voces, a pesar que sus allegados -o sea para el caso, los miembros del tribunal electoral- aseguran que habla no uno sino dos idiomas, pero en privado; seguramente como monólogo y frente al espejo), desconoce olímpicamente una de las matrices de la organización y práctica política  indígena, cual es la alternancia de los cargos de autoridad y, lo principal, la de la obediencia a las decisiones que los gobernados toman, con relación a la continuidad o no de las autoridades en el cargo. 

Omar Qamasa Guzman Boutier es escritor y sociólogo