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Opinión

17 de julio de 2019 16:23

Criminalización de la protesta


Si en el último tiempo la judicialización de la política aplicó a lo individual, la criminalización de la protesta social aplica a lo colectivo en el presente; ambas cosas hacen al poder estatal y su componente de gobierno, que al no poder (re)legitimarse a sí mismo recurre a una mayor intervención del poder judicial ya sea para lidiar con la disidencia política o para resolver demandas sociales que se convierten en una piedra en el zapato. El subproducto de lo primero son casos como el de José María Bakovic, quien antes de morir el año 2013 enfrentaba 76 procesos administrativos y judiciales o el caso del dirigente cocalero Franklin Gutiérrez, quien actualmente se encuentra detenido desde agosto de 2018 sin pruebas en su contra, acusado por el gobierno de organizar grupos armados para emboscar y atacar a efectivos de las Fuerzas de Tarea Conjunta en el municipio de La Asunta.

¿Pero qué hay de las demandas colectivas que se traducen en protesta? A diferencia de las disputas individuales, el uso del derecho penal desde el poder no es tan efectivo a la hora de resolver conflictos de carácter social, poco puede hacer el poder punitivo para decidir sobre dilemas así, de hecho, solo tiende a complicarlos más. En estos escenarios desde el gobierno aplica otro tipo de estrategia; valiéndose del control de lo público se apunta a debilitar y/o romper el tejido social que sustenta una movilización, deslegitimándola mediante argumentos relativos a la seguridad ciudadana, la estabilidad, el orden, la productividad, etc.  Acá el poder estatal no opera solamente a través de sus recursos formales (fuerzas de seguridad del Estado, medios, militancia partidaria y otros), sino también desde sus agentes, es decir, aquellos individuos que se convierten en cajas de resonancia del discurso oficial. Un ejemplo que ilustra bien lo anterior son las declaraciones de autoridades nacionales calificando el último paro cívico cruceño del nueve de julio como un intento de “bloqueo político, sabotaje a las elecciones de octubre, atentado a la economía cruceña” o los mensajes en redes sociales de algunas personas - varias, curiosamente vinculadas a cargos en el gobierno - señalando que con el paro se vulneraban derechos individuales civiles como la libre circulación, apuntando selectivamente a hechos de violencia aislados o simplemente contrastando imágenes de enfrentamientos entre ciudadanos esa jornada con la palabra “democracia” en tono irónico.

Al margen de la verdadera ironía que lo anterior representa – quienes cuestionaron el paro arguyendo la violación de su derecho a transitar libremente, a menudo son los que guardan un silencio cómplice ante el desacato impune del voto de la población en un referéndum – lo que se debe apuntar es lo absurdo que resulta condenar la protesta social cuando afecta a los que en teoría no están involucrados en ella, esto porque bajo el principio de que todos los derechos reconocidos se afectan recíprocamente, se debe determinar necesariamente una jerarquía entre ellos, siendo casi siempre la principal, aquella que hace al bien común. Es necesario concederle lógica a la protesta social, por el simple hecho de que ningún estado de derecho es tan perfecto como para atender todas las demandas por la vía institucional.

El ataque a las movilizaciones populares, la búsqueda de su deslegitimación desde el poder estatal, no es exclusiva de la actual administración, sin ir más lejos y citando solamente algunos ejemplos, lo hacía Banzer con el sector cocalero y el “riesgo” del narcotráfico, lo hizo Goni con la FEJUVE alteña y su carácter “desestabilizador”, lo hizo Mesa con el movimiento autonomista “radical” de oriente y claro, lo hizo Evo con el TIPNIS y sus “ONGs financiadoras”. La criminalización de la protesta social es un recurso más del poder estatal, lo ha sido y así debe asumirse; lo que no debe olvidarse desde la sociedad civil, es que la libertad cotidiana no yace solamente en los mandamientos del estado de derecho, sino ante todo, en la capacidad de la población de mantenerse vigilante y movilizarse ante cualquier abuso de poder de parte de la clase política.

Marko Carrasco L. es investigador y practicante en el área de estudios de Paz

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