Opinión

10 de octubre de 2019 12:00

¿Permiso para protestar?


Las marchas, cabildos, asambleas, bloqueos, huelgas entre otros, son formas de movilización colectiva muy presentes en la cultura política boliviana,  que irrumpen desde la sociedad en el campo político; han sido armas poderosas en muchos momentos de la historia, por ejemplo, las rebeliones indígenas para defender las tierras comunales y los derechos de los pueblos indígenas desde el siglo XIX, los potentes paros de la central obrera contra los gobiernos de turno, los bloqueos campesinos, y también los paros cívicos, las vigilias de comités de vecinos, las asambleas gremiales, entre muchos otros. La construcción institucional de la democracia que se ha iniciado en la década de los ochenta ha ido creando canales institucionales para administrar la conflictividad, pero en general no han resultado eficaces y  en ningún momento han reemplazado o domesticado la protesta colectiva, que va en paralelo a las formas de construcción o deconstrucción institucional de la democracia.¿Cuando se ha pedido permiso al Estado o se ha solicitado la “supervisión” de alguna instancia estatal para tomar las calles? Jamás, porque justamente son formas de autoorganización y autogestión que suceden cuando la institucionalidad estatal no logra contener los latidos de la sociedad.

Por estas razones resulta  curioso que, respecto al reciente multitudinario cabildo realizado en Santa Cruz, el diputado del Movimiento al Socialismo, Edgar Montaño, diga que el cabildo  era “ilegal e ilegítimo”  pues no contaba con el respaldo del Tribunal Electoral Departamental “por ello no tiene pies ni cabeza para que funcione”. 

Es evidente que  la nueva CPE y  la Ley 026 de Régimen Electoral contemplan la figura del cabildo, asi como de las asambleas como instancias de deliberación cuyas decisiones -se aclara- no son vinculantes. Se las reconoce e incorpora en la normativa  porque son una manera de visibilizar la demodiversidad, es decir, la existencia de diversas formas de democracia; pero en ningún momento limitan o restringen su alcance, y menos es obligagorio que el SIFDE (no el TDE como dice Montaño) realice un acompañamiento. 

Ahora bien, las movilizaciones como el  caso del cabildo, pueden tomar las decisiones que les parezca convenientes, otra cosa es que su aplicación esté contemplada en los marcos de la constitución, que es la norma que nos permite una convivencia pacífica, democrática y equitativa y vela por los derechos de todos y todas. Por eso resulta indignante que se viole, vulnere, sortee, interprete o “adecúe” la Constitución por parte de cualquier ciudadano, y peor aún por autoridades en función de gobierno.

La particularidad de este cabildo, además de la masiva concurrencia, ha sido la consulta mediante preguntas a los asistentes, todas ellas respondidas positivamente; “¿Juran por su patria y su fe, rebeldía y desconocimiento ante un posible fraudulento cuarto mandato del binomio ilegal conformado por Evo Morales y Álvaro García Linera?”, “¿Están dispuestos a impedir y desalojar las dotaciones de asentamientos humanos ilegales en tierras fiscales y áreas protegidas que han sido ejecutadas por el INRA y que no han cumplido todos los requisitos de ley?” “¿Estamos dispuestos que este 4 de octubre sea el punto de partida para empezar a trabajar por nuestro sueño federalista bajo la equidad, la unidad y el amor por Santa Cruz y Bolivia?” y por último por parte de los médicos “¿Están de acuerdo que se incremente el presupuesto para salud como mínimo el 10%?”. En realidad se trata de un pronunciamiento masivo del pueblo cruceño que revela un malestar acumulado. Los caminos para resolver los problemas se irán trazándo -confiamos- en los marcos de la concertación y el respeto a la ley, y no responder a la arbitrariedad con arbitrariedad. 

María Teresa Zegada es socióloga y analista política

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