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Opinión

26 de marzo de 2020 10:04

La estrategia de securitización de la salud


En las últimas semanas el crecimiento exponencial de los casos de Coronavirus ha enfrentado a la humanidad a una experiencia poco común. No es que las epidemias sean algo nuevo, sino que la globalización suscita una rápida viralización espacial de la enfermedad como fruto de la intensificación de los flujos de personas, bienes y servicios y la poca capacidad de acción de los Estados nacionales para contenerla.  El fenómeno ha puesto en cierto modo en cuestión el credo liberal, obligando, en la mayoría de los casos, a revitalizar las estructuras estatales, a fin de responder al desborde de la accesibilidad y la capacidad efectiva de los sistemas de salud privatizados. Quizás la novedad sea la forma en que la pandemia ha instalado un nuevo germen de organización de la sociedad, aunque aún ni el derrotero pedagógico o disciplinador del proceso abierto con la enfermedad se vislumbre con nitidez.

Lo cierto es que la salud se ha convertido progresivamente en un tema de seguridad nacional, en la medida en que la expansión de la enfermedad afecta considerablemente a la población y a la economía del Estado. En correspondencia, se ha puesto en marcha un proceso de securitización de la salud como un recurso práctico de resolución de la crisis por medio de una movilización inusual de recursos técnicos y económicos, pero a su vez de despliegue de un dispositivo de poder que se nutre de la retórica del peligro a fin de justificar medidas excepcionales que operan por fuera de los mecanismos ordinarios de decisión política. La securitización de la salud supone su desplazamiento de la esfera pública a un ámbito restringido de las normas y procedimientos democráticos establecidos, en la que los gobernantes buscan dotarse de atribuciones excepcionales enmarcando la enfermedad dentro de una situación de amenaza y monopolizando el manejo de aquellos temas que han sido securitizados. Desde esta perspectiva, interesa menos abordar las causas estructurales y ecológicas de los problemas de salud y más construir un sistema de vigilancia epidemiológico que proteja coyunturalmente a los Estados de las enfermedades infecciosas. Así, se construye progresivamente un discurso político en el que la protección de la población y la gestión de la nueva inseguridad -la enfermedad- debe darse transgrediendo las competencias tradicionales del uso de la fuerza. Sin embargo, éste no es un proceso unidireccional. La vulnerabilidad humana frente a una economía de la salud mercantilizada y una lógica que replica el darwinismo social de antaño instala una predisposición subjetiva que evoca una añoranza colectiva cuasi hobbesiana del retorno del Estado. La securitización de la salud supone también un modo por el cual el gobierno encauza los miedos sociales en un determinado sentido, legitimando el aumento de sus prerrogativas e intervenciones estatales con amplia aceptación colectiva. Para esto, despliega una narrativa de la enfermedad que construye una dicotomía entre un adentro susceptible de verse afectado por un afuera ya infectado, que insta a solapar las divergencias internas y encumbrar una supuesta unidad nacional. En correspondencia, se implementa una respuesta que se asume  global y “universal” y que tiende a homogenizar a las poblaciones privilegiando ciertas racionalidades y valores en un contexto de heteronegeidad. De ese modo, la narrativa de la enfermedad como inseguridad reorganiza a los actores políticos y las relaciones entre los sujetos, haciendo incluso que ciertas realidades, espacios y poblaciones sean visibles y se conviertan en sujetos de intervención.

Lo cierto es que las dimensiones políticas, ideológicas, culturales y económicas en las que se inserta la enfermedad son en cada lugar definitivamente otras. En Bolivia el virus penetra cada vez más en las grietas estructurales y coyunturales de una sociedad que nunca ha podido ser una. El discurso de la securitización de la salud se instala en el marco de la precariedad institucional, la falta de cohesión política y la desigualdad social. Las circunstancias más próximas remiten efectivamente a una coyuntura electoral decisiva en la que el gobierno transitorio busca sortear su continuidad en medio de la crisis sanitaria, mientras que en perspectiva la pandemia ensombrece la carencia de un proyecto post hegemónico de poder. El gobierno actuó hasta ahora al margen de una política integral y bajo dos modalidades contradictorias: primero, mostrando señales tardías de decisión política enfocados casi exclusivamente en los conglomerados públicos en contraposición a la efectividad mostrada en los niveles subnacionales; segundo, y como efecto del desborde de  lo anterior, optando por la vía violenta, el control, la vigilancia, y la persecución mediante la acción de las fuerzas de seguridad. Aquí la securitización de la salud opera profundizando las grietas sociopolíticas de las que emergió el gobierno, que bajo el discurso de la “unidad nacional” y el vaciamiento de lo político proyecta la división masismo/antimasismo esta vez desde el clivaje civilización vs barbarie. El efecto procura preservar al gobierno, incluso por encima de los intereses de la sociedad, reconfigurando el tablero político para debilitar la posición del medio, y poblar a la luz de la crisis, los extremos.

En todo caso, la pandemia como problema público ha develado la desigualdad socioeconómica de varios segmentos sociales que no sólo no pueden permitirse una cuarentena, sino que la sostienen materialmente. A su vez, ha exacerbado las fracturas sociales activas ya durante la crisis política de octubre, estigmatizando a los sectores populares bajo las etiquetas de salvajes e ignorantes, sin detenerse en comprender los procesos sociales que han configurado históricamente una relación de desconfianza y hasta de antagonismo de los indios y los pobres con el Estado. El gobierno, carente de legitimidad alguna, ha encontrando oxígeno en la crisis, escondiendo su incapacidad bajo la alfombra y dando curso a una tendencia autoritaria ya visible desde el principio, pero esta vez bajo el discurso de la securitización de la salud que de momento pone a la política en un callejón sin salida. El panorama se pone oscuro si la política de salud se reduce al ayuno matinal y a la militarización. Dado que no hay nada más político que la vida, cabe sacar de una vez por todas a la política de la cuarentena.

Luciana Jáuregui Jinés es socióloga.
Marcelo Arequipa Azurduy es politólogo.
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