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Opinión

3 de julio de 2020 13:18

Fe de erratas

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Marcelo Quiroga Santa Cruz solía decir que “la realidad es la fe de erratas de la política”. Son los hechos, puros y duros, los que corrigen y enderezan las acciones de los políticos, más allá de sus intenciones, porque es la realidad, con su terquedad cotidiana, la que finalmente hace que la política sea “el arte de lo posible”, según una conocida definición.

La pandemia del coronavirus es la realidad que está marcando la política de los últimos meses, no sólo en Bolivia, sino en todo el mundo. La “nueva normalidad” está obligando a los gobernantes a buscar soluciones para males desconocidos en un recetario todavía inexistente, porque la crisis que está viviendo la humanidad ha hecho añicos las recetas tradicionales. Se dice que es fácil gobernar en tiempos de bonanza y que el verdadero líder muestra de qué mimbres está hecho cuando debe remar con el viento en contra. Pues bien, ahora es cuando. 

A diferencia de otros países, Bolivia está enfrentando una doble crisis, la política y la sanitaria, y está entrando a una tercera, la económica. A la dramática falta de infraestructuras y recursos para hacer frente a la pandemia y a la tormenta económica y social que se avecina, se ha sumado la ausencia de consensos políticos mínimos, producto de la polarización que divide a la sociedad y que se expresa en una creciente presión de inadmisibles radicalismos.

Está claro que ningún país estaba preparado para proteger a su población de la pandemia, pero el caso de Bolivia tiene como factor agravante el despilfarro de 14 años de bonanza. El escritor español Javier Marías dijo alguna vez que  “el cinismo es la expresión de la brutalidad en estado puro”, la brutalidad entendida como la falta de razón. Cinismo y necedad, además de una total ausencia de autocrítica, es lo que advertimos en las declaraciones de Evo Morales y su vicario en Bolivia cuando pretenden negar lo evidente, que nos dejaron una sanidad pública en cueros.

La crisis política tiene manifestaciones altamente preocupantes, como el enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, la gestión partidaria de algunas instancias municipales opositoras y el activismo claramente subversivo de ciertas organizaciones sociales afines al presidente huido. La participación política y la libertad de manifestación son derechos consagrados por la Constitución, pero pierden su esencia y justificación cuando atentan contra el bien público. ¿Qué se puede decir de los bloqueos del Trópico? ¿Cómo se puede entender el bloqueo legislativo masista a los créditos internacionales para combatir la pandemia? Son atentados a la salud pública.

Una de las manifestaciones más graves de la crisis política se está dando en torno al Tribunal Supremo Electoral, la única institución surgida del consenso político, a propósito de la fecha elegida para las elecciones generales. Es grave porque la campaña pretende restar credibilidad y legitimidad al árbitro, presidido por un experto de reconocida solvencia ética y profesional, que debe garantizar la transición democrática mediante una elección libre y transparente.

Nadie podría pronosticar el curso de la pandemia en los dos próximos meses, pero seguramente la curva no habrá moderado su actual ascenso. No tengo ninguna duda de que la autoridad electoral tomará todos los recaudos de bioseguridad para proteger la salud de funcionarios y electores, pero un acto comicial en tales condiciones implica también riesgos políticos importantes, como el de la legitimidad, que podría resultar afectada por una elevada abstención, sobre todo en los centros urbanos. Como se está viendo en otros países, el miedo al contagio está inhibiendo a los ciudadanos a acercarse a las mesas de votación. Y no es para menos.

La explosión de la pandemia es la realidad -la fe de erratas- que determinará el futuro de las elecciones, más allá del deseo de sus actores y protagonistas. Como ya lo hizo una vez al modificar la fecha inicialmente prevista para la cita en las urnas, seguramente el tribunal analizará en su momento la nueva situación, sopesando no sólo el factor sanitario, sino también el político, en ese difícil equilibrio que le ha tocado administrar. La mala noticia es la falta de consensos mínimos. 

En todo caso, no está dicha la última palabra, ni en éste ni en otros temas, ni en la crisis que afecta al país ni en la que agobia al propio gobierno, cercado por dos poderes del Estado y enfrentado al tercero, presionado desde la calle y sin recursos para enfrentar la pandemia, tras haber renunciado a su papel rector de la transición al tomar partido en la pugna electoral. 

Me pregunto si la terca realidad, esa “fe de erratas” de la que hablaba Quiroga Santa Cruz, convencerá a la señora Jeanine Añez de que no es posible ser parte de la procesión y tocar las campanas al mismo tiempo. 

Juan Carlos Salazar del Barrio es periodista.
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