Opinión

3 de febrero de 2019 09:00

Razón de Estado


Giovanni Botero afirmaba que sin objetivos edificantes el ejercicio del poder se convierte en una mediocre lucha cortesana. El Estado precisa de objetivos superiores para forjarse y establecer legitimidad entre sus administrados. El fin primero de todo Estado radica en la garantía de su propia existencia y conservación, por lo que precisa neutralizar factores internos o externos que obstruyan su consolidación. El segundo objetivo consiste en generar las condiciones para su expansión y crecimiento y así lograr la prosperidad del Estado.

De donde resulta que la razón de Estado “se refiere al modo de decidir y obrar que un gobernante toma para poder conservar la salud y la fuerza de un Estado”; “como un método o arte que permite descubrir cómo hacer que el orden y la paz reinen en el seno del Estado”. Precisando diremos que la razón de Estado tiene como fin mayor el bienestar pleno de los gobernados en los términos que establece lo político y lo jurídico.

¿Qué sucede cuando el gobernante deja de lado el fin supremo que le da razón de ser al Estado? ¿Qué ocasiona el gobernante que por encima del bienestar colectivo impone sus apetitos de poder? ¿Cómo afecta a los gobernados el alejamiento de la razón de Estado del gobernante?

La crisis política que atraviesa Venezuela retrata como radiografía la ausencia de la razón de Estado en ese país. Desde 2016-2018, Nicolás Maduro ha fracturado la relación gobernante-gobernados.

Millones de venezolanos respondieron a la convocatoria de la Asamblea Nacional (Parlamento) este 23 de enero. En cada una de las ciudades de la nación bolivariana, ciento de miles de ciudadanos se congregaron en calles y plazas exigiendo libertad y el ejercicio pleno de sus derechos básicos que hagan posible una convivencia pacífica.

Hombres y mujeres, niños y adultos, jóvenes y amas de casa, acudieron al llamado del Parlamento nacional y fueron las imágenes las que informaron y reflejaron el rotundo éxito de la convocatoria del Legislativo y de su presidente Juan Guadió, como líder de un proceso que nuevamente intenta lograr el retorno de la paz y el estado de derecho en Venezuela. O, en este caso, la vuelta de la razón de Estado.

“Por motivos personales o impulsos facciosos, el gobernante puede soslayar el objetivo superior de Estado y entregarse a la corrupción y la tiranía”, destaca el estudioso de Botero, Leonardo Curzio. Es precisamente la descomposición del entorno gobernante lo que demuestra en los hechos el abuso y la opresión que ejerce la camarilla contra los ciudadanos venezolanos.

En definitiva lo que preocupa a la cúpula gobernante venezolana no es si Estados Unidos o el Grupo de Lima reconoce y apoya a Guadió, o que la Unión Europea insista en la retirada de Maduro, o que Rusia, China, Cuba, Bolivia y Barbuda los apoye, aquello es absolutamente secundario e irrelevante. Lo que deja sin argumento a Nicolás Maduro y su entorno es que el mundo observe a millones y millones de venezolanos repudiando su mandato, pidiéndoles que se vayan y que no siga la miseria, el hambre y la migración de miles de ciudadanos agobiados por la crisis humanitaria que padecen. Millones exigiendo el retorno de la razón de Estado a Maduro.

Otro país que pinta con sangre la desaparición de la razón de Estado es Nicaragua. La corrupción y el abuso de poder han llegado al extremo de manipular la Constitución y las leyes para que marido y mujer, Daniel Ortega y Rosario Murillo, se conviertan en gobernantes, pisoteando todo fin supremo de bienestar común.

En ambos países, como señala la ciencia política, las fuerzas armadas que son el cuerpo coercitivo del Estado, mantienen a Maduro en Venezuela y a Ortega en Nicaragua. Esto es, hacen posible las fuerzas armadas las tres acciones que son la base de la razón de Estado: fundar, conservar y ampliar el poder. En circunstancias particulares los ejércitos no responden a la Constitución, se alinean al grupo gobernante ya no como efectivos militares profesionales sino como mercenarios al servicio del tirano o caudillo de turno, en una actitud de complicidad que arremete contra la sociedad, implanta el terror de Estado y amplía las vías de la corrupción en todas las instancias de gobierno.

En el país, desde el 21 de febrero de 2016 a la fecha, estamos observando el apagarse de la razón de Estado y el avecinarse nubarrones de tormenta política que ahora arrecia Venezuela y Nicaragua.

Los diseños constitucionales que perfilaron como democracia moderna la consolidación de la división de poderes o independencia de éstos sobre la base de la coordinación como factor esencial de gobernabilidad, están en pleno proceso de análisis porque por el momento no garantizan el mantenimiento de la legitimidad y la legalidad y lo que es aún más grave, no evitan el peligro de la desaparición de la razón de Estado y la forma cómo pueden estos diseños reparar y recuperar el fin supremo que todo gobernante en un sistema democrático debiera perseguir, que es el bien y prosperidad de su sociedad.

Guadalupe Amusquívar Peñaranda es socióloga

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