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Opinión

1 de mayo de 2018 06:53

La dimensión internacional, especialmente jurídica, pasa factura

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La salida, así sea temporal, de los países de UNASUR, incluyendo todos nuestros vecinos fronterizos, a pocos días de que Bolivia asuma la presidencia pro témpore del organismo, se suma a las varias noticias que han debido afectar al “jefazo”, que creyó poder cosechar solo mieses de ese ámbito. Revisemos brevemente esos casos.

Como se conoció, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió hace poco el reclamo de familiares de algunos de los muertos en el caso del Hotel de Las Américas junto a algunos de sus supervivientes para investigar la grave acusación de ejecución extrajudicial. También conocimos recientemente el dictamen, esta vez del Comité de DD. HH. de la ONU sobre la vulneración de los derechos de dos exasambleístas que abandonaron el oficialismo y que  fueron impedidos de postularse a puestos de elección popular en Cochabamba en las elecciones subnacionales del 2014. Más duro, y de mayor trascendencia, porque tiene que ver con los derechos de una inmensa mayoría –hoy- de ciudadanos y ciudadanas bolivianos/as, es la opinión calificada de la Comisión de Venecia sobre la consulta del Secretario General de la OEA sobre la reelección presidencial como “derecho humano” que fue desestimada. Los expertos coinciden con los constitucionalistas que aquí alegaron ese mal uso de los derechos del Pacto de San José, y de las previsiones contenidas en las constituciones bolivianas, como las de mayor impacto o más longevas como la de 1938 y 1967, respectivamente, también para el asunto de cuándo realizar reformas, para evitar favorezca a autoridades en funciones.

Esta opinión experta, desde luego no es vinculante, pero ya el Secretario Almagro anunció la hará conocer a los países de la OEA y sabemos hay solicitudes ante la CIDH en relación a este tema cuya sola opinión ya generará apuros al régimen de Morales y su intento de eternización. Ni qué decir si en plazo cercano se pronuncia la Corte IDH. Además de las razones que aducen plausiblemente los miembros de la Comisión de Venecia, en el caso boliviano hay, como sabemos, los resultados del 21F. Ningún gobierno democrático en el mundo ha desconocido resultados de este tipo de consultas populares, incluso regímenes de fuerza como el de Pinochet o los militares uruguayos en los 80s tuvieron que iniciar el retiro a sus cuarteles ante un resultado adverso.

Por eso, las tantas veces predicada singularidad histórica del régimen de Morales, tendrá este dudosísimo record, el desconocer la voluntad popular ante referéndum convocado legalmente y expresamente vinculante. Que ahora se quiera invocar a ultranza la idea decimonónica de “soberanía nacional”, cuando explícitamente se invoca legislación internacional para intentar legalizar otra posibilidad de reelección es incongruente. Recordemos también, que es en el ámbito de la justicia internacional, en La Haya, donde estamos –hasta hoy en buen camino-  tratando de hacer valer, con carácter de obligatoriedad, las reiteradas promesas en negociaciones previas con Chile como compromisos en el anhelado asunto de solucionar nuestra mediterraneidad.

Incluso esa incongruencia, de pedir buena fe, actuando de manera ostentosa con mala fe en la política doméstica, puede afectar nuestro avance, no muy ambicioso, en el asunto marítimo restando a la posición boliviana su clara carga moral, porque ello es inherente a la noción de “justicia”, como recordó la abogada francesa que trabaja en el equipo jurídico boliviano.

Gonzalo Rojas O. es politólogo, coordinador del Doctorado Multidisciplinario de la UMSA.
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