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Opinión

27 de septiembre de 2021 12:26

La agenda represiva

ESCRITORIO 1

Los anuncios y hechos de represión desde el oficialismo están en ascenso. Y en conjunto van delineando la pretensión de instaurar un Estado policíaco. El masismo está haciendo patente su desprecio por la convivencia pacífica y el arreglo concertado de las diferencias. No es algo improvisado, se fue perfilando desde que las urnas ya no dan los resultados favorables netos de la primera década del siglo, en general incuestionados. Las dictaduras del Caribe han ido asesorando en esto de que sólo sirven los resultados electorales si te favorecen… y hay que preparar las cosas (padrón lectoral, reasignación de escaños, movilización de “interculturales”, vocales electorales “afines”) para obtenerlos. El caso más grosero, el de 2019,  ratificado por las dos grupos distintos de la OEA, misión de observación y delegación de expertos acordados con el gobierno de Bolivia (que también suscribieron los observadores de la Unión Europea y del Centro Carter, gente especializada en la temática) no deja lugar a dudas, a no ser la deliberada voluntad de negarlos. Por supuesto, el dato irrebatible, es el desconocimiento del referéndum del 21F que impedía la repostulación en busca de un cuarto periodo de los así devenidos ilegítimos gobernantes, que sobrepasa holgadamente los dos continuos que marca como límite el Art. 168 constitucional.

Ya ha habido reacciones ante la apresurada aprobación en curso de la denominada Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que se suma a la hace poco aprobada contra la corrupción. Los rótulos son engañosos de sus aviesas intenciones, que no es otra cosa que instaurar como legales prácticas reñidas con las garantías de un Estado de Derecho, como el derecho a la privacidad y a la práctica de profesiones liberales que involucran confidencialidad, reserva sobre la salud del paciente, el anonimato de la fuente usada por los periodistas, o la confianza con el abogado defensor. Quizás más universal, el derecho a la propiedad, legítimamente adquirida y ahora potencialmente en entredicho por razones políticas, con discrecionales atribuciones a la UIF en contexto nítido, en el plano político, de lo que se ha mostrado como prioridad, casi tema único, del gobierno (?) de Arce Catacora: la represión a quienes no comulgan con el MAS.

Empezó con miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas, acusados por el supuesto golpe, como incansablemente repiten los oficialistas para referirse a la rebelión ciudadana ante el desconocimiento del 21F y del fraude electoral en 2019. Luego de las elecciones de marzo, donde ya no tuvieron un resultado comparable al de octubre, empezó el acoso a los políticos opositores; con el apresamiento ilegal de la Sra. Añez e intentos de enjuciamiento a todos los líderes de opciones distintas del masismo, con acercamientos a figuras desprendidas del otrora bloque popular amplio que quisieran que vuelvan a sus filas (caso Eva Copa) y “mano dura” para los cocaleros de La Paz, violencias personalizadas incluidas. La tentación de repetir Chaparina circunda la actual marcha de pueblos indígenas en el oriente del país.

Un breve texto como este no puede entrar en detalles, pero la prensa diaria los tiene y repercuten en las redes. Prefiero dedicarle algún espacio al campo democrático. No hay hoy un contexto regional tan abrumador de la ola de populismo autoritario con retórica de izquierda de hace más de una década. Hay que aprovechar al máximo la institucionalidad internacional para preservar DD. HH. y la democracia. Soberanía no es coartada para tiranías.

La gente se da cuenta de la gran estafa de esa grandilocuencia de las palabras de justicia social junto con autoritarismo y represión práctica de las nuevas oligarquías, más toscas que las precedentes. Hay flujos y reflujos pero los cristales rotos en el alma social de ciertos sectores que no apoyarán nunca más a proyectos como el masista y su rosca. Los diversos sectores de oposición, no solo político partidaria sino de acción ciudadana y de la sociedad civil deben esforzarse por no ser arrasadas ante la agenda apenas delineada. Es tan evidente esa dispersión que los colegas más mediáticos han acuñado el horroroso plural de “oposiciones” como sustantivo aporte de análisis del campo político boliviano; y eso es no aprender de las dolorosas experiencias en Nicaragua, Venezuela y Cuba. También aquí hay que recuperar la institucionalidad del Defensor del Pueblo y la reforma de la justicia, no el maquillaje desde el ministerio del ramo.

Gonzalo Rojas Ortuste es politólogo y profesor universitario