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Opinión

12 de febrero de 2022 09:05

Crisis de la administración de justicia versus las energías ciudadanas

ESCRITORIO 1

En las recientes semanas han ocurrido un conjunto de hechos que han modificado la cierta inercia social sobre la debacle de la administración de justicia en el país. Y con ello, se abre la oportunidad para conjuntar esfuerzos que posibiliten un reencauce de la agónica democracia hacia su revitalización.

El descubrimiento del asesino serial y feminicida, quien operaba libre a pesar de tener una pena máxima de reclusión, por fallo de un corrupto juez –a quien también se le está descubriendo una serie de liberados similares- ha detonado la indignación ciudadana, especialmente en El Alto, donde tenía su casa el asesino. Pero no es, ni de lejos, el caso único. Se junta con el doble rasero moral con el que actúa el oficialismo.

Es el caso de la pronta reacción para procesar al gobernador de La Paz, por el condenable hecho de beber cerveza en su oficina, pero el ministerio público evade tomar acciones contra el gobernador de Potosí por la compra irregular de más de cuarenta ambulancias, incluyendo la documentación de entrega/recibo de tales vehículos que ni siquiera llegaron al país. Es tan grosero el contraste, que hoy hay organizaciones sociales potosinas, vinculadas al oficialismo, que están pidiendo la destitución/ renuncia de dicho funcionario y su enjuiciamiento.

Con la anunciada llegada del Relator Especial sobre Independencia de Magistrados y Abogados de NN. UU., además de la preocupación que empezaron a activar pronunciamientos de líderes de la opinión pública y juristas, incluyendo representantes de partidos de oposición, hay la percepción extendida de conjuntar estas propuestas y propugnar se atienda este reclamo ciudadano. El mismo oficialismo reaccionó conformando un consejo hipermasculino para atender los feminicidios, y aunque modificó su composición incluyendo a algunas mujeres, sigue sin generar ninguna confianza de que el camino sea éste; el del puro oficialismo tendiente a las grandes declaraciones sin acciones concretas, y menos a la altura del desafío.

Como no es desconocido para el resto de la sociedad boliviana que este estado de cosas calamitoso de la administración de justica es hechura y se mantiene funcional al masismo y sus pretensiones de aniquilar a la oposición, hay la creciente orientación de hacer converger el esfuerzo de los varios actores aupados por la indignación ciudadana, que ni siquiera el indolente régimen como el que gobierna puede ignorar.

En las internas del oficialismo han ocurrido novedades también. La detención con fines de extradición de un ex jefe policial, de la época de Morales ha puesto muy nervioso a éste, el dirigente cocalero y su entorno más próximo. Sus denuncias de ser espiado y perseguido muestran, a su pesar, de que ya no es el todopoderoso presidente de Bolivia y que el cargo que pretendió eterno, está nomás en manos de otro. Este otro, aunque asombrosamente apegado al jefe cocalero, está empezando a vislumbrar que puede decidir ciertas cosas, por lo pronto, no cambiar su gabinete, pese a los pedidos explícitos de jefe partidario y otros cercanos.

Ahora bien, el dato precedente, de la pérdida del mando supremo de Morales, en los hechos, viene a cuento dado de que es el relato del supuesto golpe en noviembre del 2019 que terminó de subordinar a la administración de justicia al poder político. Desde luego, ya antes estaba muy sometida, pero nunca en los años de democracia al grado vergonzoso del de ahora. Y cualquier reforma, por muy superficial que sea –que es lo que desearía el oficialismo- puede ser creíble si se mantiene ese esfuerzo de solo inculpar opositores, que hasta ahora no ha cesado, sin atender los reales problemas de un poder del Estado que pone en vilo la misma noción de orden aceptado; es decir, su propia vigencia.

Por ello es que los detalles técnicos de la buscada reforma no deben ser obstáculo para la necesaria convergencia democrática. Se han identificado en sendos comunicados los puntos sustanciales y es la oportunidad política la que demanda que sea operable con relativa prontitud; nada de Constituyentes ni esfuerzos descomunales de involucramiento masivo. Es responsabilidad de dirigentes y de la ciudadanía activa impulsar esa reforma y lo conseguido hasta ahora por esos núcleos proponentes es buena base para avanzar con generosidad, que siempre es redituable en los grandes fines.

En las recientes semanas han ocurrido un conjunto de hechos que han modificado la cierta inercia social sobre la debacle de la administración de justicia en el país. Y con ello, se abre la oportunidad para conjuntar esfuerzos que posibiliten un reencauce de la agónica democracia hacia su revitalización.

El descubrimiento del asesino serial y feminicida, quien operaba libre a pesar de tener una pena máxima de reclusión, por fallo de un corrupto juez –a quien también se le está descubriendo una serie de liberados similares- ha detonado la indignación ciudadana, especialmente en El Alto, donde tenía su casa el asesino. Pero no es, ni de lejos, el caso único. Se junta con el doble rasero moral con el que actúa el oficialismo.

Es el caso de la pronta reacción para procesar al gobernador de La Paz, por el condenable hecho de beber cerveza en su oficina, pero el ministerio público evade tomar acciones contra el gobernador de Potosí por la compra irregular de más de cuarenta ambulancias, incluyendo la documentación de entrega/recibo de tales vehículos que ni siquiera llegaron al país. Es tan grosero el contraste, que hoy hay organizaciones sociales potosinas, vinculadas al oficialismo, que están pidiendo la destitución/ renuncia de dicho funcionario y su enjuiciamiento.

Con la anunciada llegada del Relator Especial sobre Independencia de Magistrados y Abogados de NN. UU., además de la preocupación que empezaron a activar pronunciamientos de líderes de la opinión pública y juristas, incluyendo representantes de partidos de oposición, hay la percepción extendida de conjuntar estas propuestas y propugnar se atienda este reclamo ciudadano. El mismo oficialismo reaccionó conformando un consejo hipermasculino para atender los feminicidios, y aunque modificó su composición incluyendo a algunas mujeres, sigue sin generar ninguna confianza de que el camino sea éste; el del puro oficialismo tendiente a las grandes declaraciones sin acciones concretas, y menos a la altura del desafío.

Como no es desconocido para el resto de la sociedad boliviana que este estado de cosas calamitoso de la administración de justica es hechura y se mantiene funcional al masismo y sus pretensiones de aniquilar a la oposición, hay la creciente orientación de hacer converger el esfuerzo de los varios actores aupados por la indignación ciudadana, que ni siquiera el indolente régimen como el que gobierna puede ignorar.

En las internas del oficialismo han ocurrido novedades también. La detención con fines de extradición de un ex jefe policial, de la época de Morales ha puesto muy nervioso a éste, el dirigente cocalero y su entorno más próximo. Sus denuncias de ser espiado y perseguido muestran, a su pesar, de que ya no es el todopoderoso presidente de Bolivia y que el cargo que pretendió eterno, está nomás en manos de otro. Este otro, aunque asombrosamente apegado al jefe cocalero, está empezando a vislumbrar que puede decidir ciertas cosas, por lo pronto, no cambiar su gabinete, pese a los pedidos explícitos de jefe partidario y otros cercanos.

Ahora bien, el dato precedente, de la pérdida del mando supremo de Morales, en los hechos, viene a cuento dado de que es el relato del supuesto golpe en noviembre del 2019 que terminó de subordinar a la administración de justicia al poder político. Desde luego, ya antes estaba muy sometida, pero nunca en los años de democracia al grado vergonzoso del de ahora. Y cualquier reforma, por muy superficial que sea –que es lo que desearía el oficialismo- puede ser creíble si se mantiene ese esfuerzo de solo inculpar opositores, que hasta ahora no ha cesado, sin atender los reales problemas de un poder del Estado que pone en vilo la misma noción de orden aceptado; es decir, su propia vigencia.

Por ello es que los detalles técnicos de la buscada reforma no deben ser obstáculo para la necesaria convergencia democrática. Se han identificado en sendos comunicados los puntos sustanciales y es la oportunidad política la que demanda que sea operable con relativa prontitud; nada de Constituyentes ni esfuerzos descomunales de involucramiento masivo. Es responsabilidad de dirigentes y de la ciudadanía activa impulsar esa reforma y lo conseguido hasta ahora por esos núcleos proponentes es buena base para avanzar con generosidad, que siempre es redituable en los grandes fines.

Gonzalo Rojas Ortuste es politólogo y profesor de postgrado universitario.