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Opinión

18 de diciembre de 2021 09:35

Un pacto perverso

ESCRITORIO 1

“Se llama Patricia, tiene 16 años, es de Santa Cruz, fue contactada para trabajar en los Yungas, ateniendo un local comercial, el sueldo sería bueno. Ella quería ganarse unos pesos y regresar a su casa. Pero fue engañada, ni bien llegó al lugar, le quitaron sus documentos, fue incomunicada, no podía llamar a su casa, le dieron como puesto de trabajo la atención de un bar, que fue el gancho para ofrecer su cuerpo a los clientes varones. Otras veces la llevaron al pueblo de Guanay, junto a otras chicas menores que ella. Cuanto más jovencita era la mujer ofrecida, los hombres pagaban más”. Esta es la historia y pesadilla vividas por cientos de niñas y adolescentes víctimas de la trata y tráfico en las poblaciones mineras auríferas del departamento de La Paz, en las provincias de Larecaja y Caranavi.

De acuerdo a investigaciones periodísticas, la ruta aurífera de la Amazonía, ya en los años 90 estaba llena de mineros artesanales que llegaron de distintos puntos del país. Y, como es el caso de Mapiri, hay lugares que desde hace un lustro más o menos se han colmado de ciudadanos chinos y colombianos que con sus dragas y maquinaria pesada ensanchan el lecho del río Mapiri, devoran el verdor de los cerros, y explotan sexualmente a mujeres menores de edad. Un estudio sobre la temática de explotación comercial de niñas, y adolescentes en rutas mineras concluye que Mapiri es uno de los tres lugares en los que se identificaron bares que ofrecen servicios sexuales y el 80% de mujeres son adolescentes.

Como suele ocurrir con actividades preponderantemente realizadas por varones, como la minería, se produce la masculinización de los espacios y territorios donde se desarrollan. Y en estos lugares se da una mayor demanda de alcohol y mujeres, lo que crea un clima propicio para la prostitución. Se gesta un pacto perverso entre la explotación aurífera y la explotación sexual de niñas y adolescentes.

De manera acertada señala Elizabeth López, investigadora feminista y especialista en minería, “un factor clave del extractivismo es que es colonial, patriarcal, machista y misógino; la mujer tiene que servir tanto para la comida como en la cama. Es la esencia de estas actividades: se hace lo mismo con la naturaleza: extraer y extraer”.

La trata y tráfico se desarrolla allí donde tienen lugar actividades ilícitas e informales. Hay ejemplos de esa dinámica: en el norte mexicano, Ciudad Juárez, territorio de pugna de cárteles de droga, donde, de larga data, existe un panorama crudo de mujeres asesinadas y desaparecidas; y casi en el centro de Bolivia, en el Chapare, zona de narcotráfico, se hallaron varios cadáveres de mujeres que fueron asesinadas. En ambos casos, el telón de fondo es la trata y tráfico de personas, ligado a actividades criminales. Ambos lugares son poco accesibles para conocer a ciencia cierta la gravedad y dimensión de la problemática de la explotación sexual de mujeres con fines comerciales, son una muestra contundente de que existe una alianza perversa entre actividad ilícita y explotación del cuerpo de las mujeres.

En el caso tratado en estas líneas, la ruta del oro: Caranavi, Guanay, Tipuani, Teoponte, Mapiri y Mayaya, es tierra de nadie o, con mayor precisión, es tierra de las empresas y concesiones mineras, donde además se hace patente la ausencia del Estado. Nadie, en las trancas de los caminos hacia Rurrenabaque, Yucumo, Palos Blancos, Caranavi, Guanay y Mapiri, controla los permisos de viajes de las menores de edad, mujeres adolescentes y niñas que llegan a las poblaciones de dicha ruta y son víctimas de trata y tráfico.

Con el incremento de la minería del oro en la Amazonia, Bolivia se ha convertido en el segundo importador de mercurio más importante del mundo. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la extracción de oro representa el origen del 82,3% de las emisiones nacionales de mercurio en el país. No se pueden negar los impactos de la minería ilegal sobre los pueblos indígenas y su medio ambiente. Afectan a la salud humana, promueven delitos conexos como el lavado de dinero, la trata de personas y la explotación sexual e infantil, entre otros.

La desatención y marginación de esta problemática, nos habla de un Estado para el cual la trata y tráfico de mujeres no es una prioridad. Urge que las instancias públicas correspondientes, y organismos de la sociedad civil defensores de la infancia tomen cartas en el asunto ante esta problemática acuciante que corroe la sociedad, mina la integridad y el futuro de las mujeres niñas y adolescentes, acentúa un sistema patriarcal machista. Urge salir de un extractivismo salvaje en muchos sentidos.

Gabriela Canedo es antropóloga y socióloga