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Opinión

10 de febrero de 2022 10:35

¿Una comisión contra los feminicidios y las violaciones?


El pasado 31 de enero fue una jornada de movilizaciones en las principales ciudades del país. Estas manifestaciones expresaron el rechazo de muchas mujeres a la complicidad judicial que protege a los feminicidas y agresores en Bolivia. La marcha fue encabezada por las mujeres alteñas (migrantes aymaras, estudiantes y comerciantes minoristas) quienes denunciaron la impunidad del feminicida serial Richard Choque Flores. Como sabemos, Choque contaba con una sentencia condenatoria de treinta años por el feminicidio de Blanca Rubí Limachi. En vez de estar cumpliendo su condena, Choque gozaba de plena libertad y circulaba sin problemas. Las investigaciones han demostrado que Choque ha cometido varios homicidios y feminicidios en los últimos años. Así se ha descubierto que en una de sus casas en El Alto había enterrado los restos de Lucy y de Iris, dos de sus víctimas adolescentes. Igualmente, en otra de sus viviendas, se encontró el cadáver de un joven, presumiblemente un familiar. Según las investigaciones de la Policía Nacional, Choque sería el autor de al menos 77 violaciones, varias de ellas ocurridas en El Alto. ¿Por qué ante la magnitud de estos crímenes y la sentencia condenatoria Choque seguía libre? Según su testimonio, él había pagado 3,500 dólares (más una botella de whisky) al juez Rafael Alcón Aliaga. Este magistrado de ejecución penal tiene el triste récord de haber concedido la detención domiciliaria a varios acusados de feminicidio. Ante esa situación, las mujeres alteñas expresaron su indignación y rabia frente a la situación de indefensión judicial en la que se encuentran. En realidad, ese sentir es compartido por numerosas mujeres en todo el país. De allí que las marchas exigiendo justicia y castigo hayan sido multitudinarias.

Frente a esta situación tan grave, toda/os esperaríamos una reacción seria y firme del Poder Judicial, el gobierno del presidente Luis Arce ha creado un grupo de trabajo con el nombre de “Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio”. En principio, parecería una alternativa oportuna. Pero un estudio minucioso de anteriores experiencias, como la de la “Comisión Mixta en Casos de Retardación de Feminicidios”, muestra que éstas son ineficientes y favorecen la impunidad de los agresores. La “Comisión Mixta”, en 2021, por media gestión recibió un presupuesto de un millón y medio de bolivianos.  El 81% de ese presupuesto fue utilizado para pagar sueldos, viajes y viáticos. Es decir, en vez de orientar ese presupuesto para investigar lo ocurrido en numerosos casos de corrupción y venalidad judicial, la “Comisión Mixta” fue una justificación para utilizar recursos públicos y pagar así salarios extras. La situación de las mujeres víctimas de feminicidio no solamente fue desatendida, sino que la impunidad judicial parece alentada por estas instancias. Mujeres Creando, por ejemplo, ha indicado que de 119 feminicidas y agresores sexuales sentenciados y acusados, 59 de ellos gozan de arresto domiciliario. ¿Qué está ocurriendo? Según las investigaciones de Mujeres Creando, varios magistrados nacionales están otorgando esta medida a numerosos feminicidas y agresores como resultado de lo que se ha llamado la “compra de la justicia”. Es decir, los victimarios “compran” su libertad, y como en el caso de Richard Choque, continúan asesinando. La negativa experiencia de la “Comisión Mixta”, antecedente directo de la actual comisión, nos lleva a pensar que será un nuevo ejemplo de ineficiencia.

¿Qué debemos hacer en estas circunstancias? María Galindo propuso la creación de una “Comisión de excepción histórica”. Su proyecto era el más ambicioso y renovador de todos los conocidos. A diferencia de las dos comisiones citadas, el proyecto de María Galindo proponía elaborar una completa base de datos con información pormenorizada de los casos judiciales en donde ha habido retardación. El propósito era hacerles seguimiento.  Así, por ejemplo, se tendría información inmediata y en tiempo real sobre qué jueces y en qué casos están otorgando mandatos de detención a feminicidas. También se proponía la incorporación de juristas feministas y de deudos y afectados por la violencia en la comisión. A diferencia de la “Comisión Mixta”, las juristas feministas iban a brindar sus servicios de forma autogestionaria, sin afectar así el presupuesto nacional. Este proyecto fue rechazado, lamentablemente. ¿Qué nos queda entonces? Tomar las calles, hacer escuchar nuestra voz y desde nuestra experiencia feminista ir gestando un modelo alternativo de Estado igualitario. “Tomar las calles” significa ejercer nuestro derecho a la protesta, movilizar a mujeres rurales y urbanas de todo nuestro país para que el Estado reconozca su deuda con ellas y castigue a los feminicidas y agresores.

Evelyn Callapino Guarachi es politóloga, docente universitaria y fundadora de Mujer de Plata

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