Opinión

22 de febrero de 2018 16:44

POST 21F: NO A LA INTOLERANCIA, SÍ A LA DEMOCRACIA


El 21F de 2018, al cumplirse dos años del Referendo Constitucional que consultaba sobre una nueva reelección (por el período 2020-2025) del Presidente y Vicepresidente del Estado y en el que la mayoría (51,3%) del electorado dijo que No, ha marcado un nuevo hito de inflexión política con las masivas movilizaciones sociales, en varias regiones del país, junto a un paro cívico con fuerza interpeladora.

Distintas autoridades del gobierno calificaron las acciones de movilización ciudadana como un “fracaso”, de “secuestro a la población”, o como “paro antidemocrático y autoritario”. Nuevamente hay ceguera, por interés político, a la hora de percibir que en las marchas y bloqueos efectivamente participó mucha gente que no tiene filiación partidaria, ni sigue consignas ideológicas ni es movida por algún beneficio a recibir o un puesto a precautelar.

Lo que se está moviendo en la sociedad es la exigencia legítima del respeto a las leyes, a la Constitución y al voto del pueblo que dictaminó con un No a la reelección del Presidente y Vicepresidente, ante lo cual no caben fallos posteriores, que manipulen las leyes para vulnerar los derechos de muchos con el fin de atender a la ambición de poder de algunos.

El gobierno lo hace pésimo al no reconocer que cualquier ciudadano puede manifestarse, protestar y resistir; es una nueva evidencia de que no considera capaz, digna y con derechos a la ciudadanía que no está de acuerdo con el MAS y el actual gobierno. Muestra inmadurez política cuando concibe que sólo sus afines son pasibles de derechos y acciones ciudadanas que manifiesten su insatisfacción. Parecería que sólo si se es de la derecha o de la izquierda se puede actuar políticamente. Aquello está provocando mayor rechazo y generando conflictos.

Por otra parte, también aparecen brotes de intolerancia, reacciones violentas o palabras fuera de lugar que expresan incapacidad de diálogo, racismo y discriminación desde sectores sociales y ciudadanos que rechazan radical y visceralmente toda acción o discurso del gobierno, sin mayor análisis o reflexión. Peor cuando ésas actitudes llevan a acciones que dañan la convivencia en sociedad.

Tenemos que sincerarnos como sociedad, no logramos superar el lastre histórico de ver a unos como superiores y a otros como inferiores, menospreciamos a los demás en función de una reducida visión de la realidad que surge del poco contacto y conocimiento del “otro”, la “otra”. Una política de etiquetas (normalmente cargada de prejuicios y preconcepciones erróneas) no le hace bien al desarrollo de una sociedad efectivamente democrática, donde puedan convivir mayorías y minorías, así como visiones y pensamientos diversos.

Efectivamente, en el Estado no se puede contentar a todos ni vivir en función de la mayoría como criterio único y último de democracia pues las minorías también deben tener un lugar representativo en el Estado, por lo que toca pensar y repensar si los criterios de justicia y bien común son considerados a la hora de construir un país inclusivo, democrático, respetuoso de las leyes y contrario al abuso de poder, dejando la lógica del enemigo al que se debe aplastar.

La crisis de inicio de siglo, fuertemente expresada en los hechos del 2003, ayudó a evidenciar raíces de intolerancia en diversos niveles y de diversos sujetos pero también permitió abrir un espacio para aprender a reconocernos como bolivianos y a romper con perversas lógicas políticas de poder excluyente. Se nos dio la oportunidad de construir un nuevo Pacto Social que incorporase la pluralidad de opiniones, tendencias ideológicas y formas de vida.

Todo aquello se está desvirtuando gracias a la ceguera que causa la ambición de poder y el que en un momento pudo representar a sectores excluidos ahora sólo aspira a defender su posición de poder, pretendiendo anular y desconocer a amplios sectores de la sociedad que exigen respeto a la democracia y a su decisión soberana. Así como reacciones de insulto y descalificación, en unos y otros.

Para continuar en la lucha por la defensa de la democracia, tras las movilizaciones y pronunciamientos del 21F, urge también decir No al odio, a la discriminación o la intolerancia. No se puede entrar en la lógica de poder de los gobernantes: asumir posiciones sin diálogo, a las que les gusta hablar pero no escuchar, o provocar violencia tan absurda como innecesaria.