Opinión

4 de diciembre de 2017 12:36

Falló el TCP: Resistencia Sí, Violencia No


El 28 de noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no sólo dictó una sentencia sino que golpeó duramente al proceso democrático del país, al orden Constitucional que juraron defender y falló alevosamente contra la voluntad popular expresada en el referéndum vinculante del 21F.

Cuando los valores democráticos son pisoteados, cuando se vulneran las leyes y el sistema Constitucional, cuando se antepone el supuesto “derecho preferente” para validar la ambición de quienes están en el poder -contra el ciudadano a quien deben su función pública-, las acciones de resistencia son legítimas, justas y necesarias. El bien común en una sociedad democrática jamás estará supeditado al capricho individual o de algunos colectivos. Para el autoritarismo eso no funciona así, por ello hay que hacérselo saber.

En el abundante discurso político se usa y abusa de la palabra democracia pero en las acciones se le niega valor, entre los políticos de izquierda y de derecha, de oficialismo u oposición; para éstos la democracia y el Estado de derecho tiene la silueta de la propia ambición.

Durante ocho años de vigencia de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), promulgada por el actual presidente en 2009, el interés “democrático” de los funcionarios públicos que hoy gobiernan no reparó abiertamente frente a las posibilidades de reelección, hasta que la fortuna dejó de serles beneficiosa con los resultados del 21F. Entonces surge la necesidad de cambiar el sino, dar un golpe de timón y conjurar para que los resultados sigan siendo los que el ego quiere, no los que la Constitución permite.

Frente a los límites al poder, que todo sistema constitucional moderno plantea, emerge la disparatada lógica de la “continuidad democrática y estabilidad” para aniquilar esos límites, porque bajo esa frase se esconde el deseo y la ambición de perpetuarse en el poder.

Antes este panorama no deja de sorprender el descaro de algunos antiguos políticos que se presentan hoy como palidines de la justicia, la democracia y las libertades ciudadanas, cuando aprovecharon igualmente su paso por el poder para dañar el proceso democrático, con una política de élites que ignoraba a las mayorías o pactos prebendales entre los de siempre; en definitiva fueron responsables de la crisis estatal y de representación que asoló el país. Hoy quieren resucitar sin darse cuenta de que su tiempo ya pasó. Ciegos ante la realidad social como lo está hoy el gobierno.

Los recientes resultados de las elecciones judiciales están hablando de la molestia e inconformidad de la ciudadanía por la forma en la que actúan políticamente el gobierno (principalmente) y la oposición. Se está manifestado, con humor y todo, la ausencia de cambios reales en lo que al electorado le importa.

Por ello, es preciso invocar la resistencia activa y pacífica contra las ideologías, las formas políticas o las acciones no democráticas que buscan vulnerar los derechos fundamentales de los bolivianos y bolivianas. No es admisible un fallo que falla contra el pueblo, no se debe tolerar la injusticia de unas leyes cuando para tener democracia a miles les costó la vida.

Siempre hay alternativas, caminos posibles a construir para evitar los extremos a los que pretenden llevarnos los líderes políticos y ciertamente la rabia, el enojo o la frustración no debe llevarnos por caminos de violencia. En la política se juega con los sentimientos y emociones del pueblo, por ello cualquier situación de violencia ayuda a fortalecer estrategias no a conseguir resultados.

En nuevas generaciones políticas hay más oportunidades de un futuro abierto; nuevas generaciones que resisten a un mundo construido desde la ambición del poder y les niega participación, nuevas generaciones capaces de aprender del pasado para proponer una mejora al presente, nuevas generaciones que sepan confiar el futuro a otros cuando su momento haya pasado y no creer que el mundo comienza y acaba con ellas.