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10 de mayo de 2021 15:46

Posverdad y autocompasión

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Pasado otro 1ero de mayo, el Gobierno vuelve a subir el salario mínimo nacional, nuevamente acordando con la Central Obrera Boliviana (COB) dejando de lado a los principales interesados, el empresariado privado boliviano. Cualquier criterio “técnico” queda sobrando en la mesa de negociación colectiva Público Sindicalizada, dado que la alianza responde más a criterios políticos, intereses comunes entre cúpulas de poder que buscan en las “verdades” comunicadas por medios de comunicación generar una sensación de bienestar aparente y de labor cumplida en favor del grueso de trabajadores bolivianos.

Lamentablemente para la COB y el Gobierno Nacional, a pesar que muchos bolivianos comparten esa autocompasión al sentirse explotados y maltratados por sus empleadores justificando cualquier intervención salvadora del Gobierno paternalista, la información esclarecedora a partir de investigaciones desarrolladas por entidades no gubernamentales comprometidas con la objetividad y la racionalidad termina por desenmascarar cualquier intento de manipulación social.

¿Por qué hablar de manipulación social? “Hablamos de mentiras políticas, que a diferencia de las mentiras comunes estas tienen un efecto más profundo, ya que no solamente transmite creencias falsas, sino que fractura la confianza social y estropea la calidad de discusiones sobre los problemas que afectan a la sociedad” en palabras del Prof. Juan Samuel Santos, (A. Tamayo Montoya. 2019, octubre. Es la mentira política diferente a las otras mentiras. Pesquisa Javeriana)  

Volviendo al Incremento Salarial del 2%, se nos hace creer que el efecto multiplicador de “mayores” niveles salariales se traduce en un incremento de la demanda a través del consumo de las familias y por ende un incentivo para que las empresas produzcan más y contraten más trabajadores. Sin embargo, se pasa por alto el peso específico de la economía informal, según la OIT 8 de cada 10 trabajadores en Bolivia pertenecen al mercado informal (84,9 % para el año 2019). Un indicador que coloca a nuestro país a la cabeza de la informalidad en América Latina.

Según el estudio de Fundación Milenio[1] se tiene 5.904.968 empleados en Bolivia, consecuencia de la pandemia se perdieron 1.022.249 empleos la gestión 2020. Ahora bien, estos datos toman en cuenta el agregado de trabajadores en función a la información de 5 fuentes como Fundempresa, Sistema de Impuestos Nacionales, Encuestas de Hogares Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Dos encuestas nacionales de organizaciones de la Empresa Privada.

Asumiendo que este dato agregado no hace diferencias entre empleos formales e informales y tal cual rezan las Encuestas de Hogares, enfocándose principalmente en el nivel de ocupación. Se tendría la escalofriante cifra de 5.013.318 empleos en el sector informal frente a 891.650 de puestos en el sector formal. Los datos de Fundación Milenio hablan de un Tejido Empresarial compuesto por 1.314.852 unidades, los sectores de Micro, Mediana y Gran Empresa absorben 3.770.515 empleos (63,88% del total de empleos en Bolivia) por otro lado el sector rural a partir de las UECA’s (unidades económicas campesinas) absorbe 1.636.731 empleos. Por otro lado, el sector público a través de sus 584 entidades absorbe a 497.723 empleados.

Si analizamos la estructura del tejido empresarial en el caso particular del sector “privado” vemos un gran peso de la Micro Empresa, casualmente uno de los sectores más golpeados por la pandemia según el estudio de Fundación Milenio. Otro punto interesante es el hecho que la informalidad convive con la formalidad, en especial en lo que respecta a la contratación de trabajadores por debajo del salario mínimo en negocios, comercios, empresas legalmente constituidas.

El peso del sector rural es importante sin embargo valdría la pena contextualizar que la actividad productiva en el sector agropecuario tiene un gran componente cultural dirigido al autoconsumo independiente a alguna motivación emprendedora, innovadora que gatille el deseo por formar una empresa legalmente constituida.

Finalmente, el sector público a través de sus entidades representa tan solo un 8,49% del total de empleados, curiosamente el sector menos relevante en cuanto a generación de empleo viabiliza el pedido de la COB sin pestañar dejando fuera de la mesa al responsable de dar empleo al 63,88% de los trabajadores bolivianos.

Aquí surge la incoherencia, se dice proteger los intereses del pueblo boliviano, de la clase obrera, de los explotados sin embargo este tipo de medidas solamente llega a los trabajadores formales asalariados es decir ese 15,1% que la OIT menciona como el último rincón de la economía formal en Bolivia. ¿Cómo alcanzamos al grueso trabajadores representados en ese 84,9% de informales subiendo sueldos y salarios a tan solo el 15,1%?

Lamentablemente este tipo de comportamiento no es reciente, es un ejercicio perverso que sea prolongado cual “tradición” que termina por legitimarse a los ojos del ciudadano. Pero ¿qué estamos causando en realidad? Desempleo, incremento de la informalidad, pobreza, cierre de empresas formales por lo bajo.

Nuestra autocompasión como ciudadanos nos hace presas fáciles de la clase política y sindical, nuestra única forma de construir una inmunidad a sus relatos es el pensamiento crítico independiente en busca de la verdad de los hechos. No olvidemos que su único propósito es la toma del poder.

El camino al poder esta pavimentado con hipocresía y damnificados, F. U.

Carlos Armando Cardozo Lozada es economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Presidente de Fundación Lozanía
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