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Opinión

24 de febrero de 2022 09:02

Jueces sin rostro, país sin justicia

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Las audiencias virtuales en Bolivia, han permitido evidenciar a la degradación de un sistema de justicia en estado de descomposición insalvable, incorregible que irremediablemente cargará con muchos inocentes en su camino al abismo.

Jueces, fiscales y asistentes a audiencias en completo anonimato, sin dar la cara a las partes que buscan resolver un problema, con la cámara apagada, son capaces de colocarse la nueva “capucha” negra cual verdugos en la Edad Media, listos para aplicar la afilada hoja de las leyes: torcidas, oxidadas, manipuladas para cumplir con su cometido.

La ex presidenta Jeanine Añez no tiene la posibilidad de conocer la cara de sus verdugos, asiste audiencia tras audiencia a su propia ejecución. Si ese es el tratamiento a una figura pública, mediática ¿Cuál será el destino de un ciudadano de a pie? Solo frente a la impunidad de un sistema que “traquetea” influencias, coimas para torcer los veredictos al mejor postor. Independientemente del crimen y las pruebas en su contra; Richard Choque es una muestra de los muchos “treintones” en cárceles bolivianas que pueden comprar su libertad al amparo de mafias más peligrosas que los carteles de narcotráfico en el mundo.

Colombia y Perú implementaron políticas consignadas en el documento Santa Fe II diseñado por la CIA norteamericana que tuvo un primer ejemplar, Santa Fe I; ambos documentos elaborados durante el periodo 1980-1986. En líneas generales ambos documentos eran un decálogo para llevar adelante una lucha frontal contra el comunismo y los movimientos subversivos que estos inspiraban en la región: la guerrilla.

El narcotráfico llegó a ostentar tanto poder que a partir de la intimidación lograron que jueces y fiscales eviten tener cualquier vinculo en causas que involucren a los capos y sus organizaciones. Pablo Escobar Gaviria, el jefe del cartel de Medellín, fue autor de muchos asesinatos de funcionarios de la justicia colombiana que en total ascendieron a 515 atentados de los cuales 290 se consumaron en asesinatos.

El establecimiento de Tribunales Especiales con Jueces sin Rostro fue una alternativa dentro de la guerra entre el Estado colombiano y el narcotráfico, entre el Estado colombiano y la guerrilla, entre el Estado colombiano y las autodefensas. Sin embargo, estos tribunales especiales se anidaron en el seno de las Fuerzas Militares convirtiéndose a posterior en simples ejecutores y legitimadores de prácticas totalmente contrarias a la ley como la tortura, los allanamientos con la participación de detenidos en conjunto con elementos militares, investigación activa de sospechosos a cargo de los propios jueces en cooperación con las Fuerzas Armadas. Verdaderos escuadrones de ataque al servicio del poder político. El terrorismo fue utilizado como argumento suficiente para que la simple sospecha de simpatía con las reivindicaciones de grupos subversivos sea motivo suficiente para convertirse en enemigo del Estado, la guerra del Estado colombiano se degeneró para establecer un status quo. A partir del control absoluto sobre la protesta social y la oposición política recaía en este tipo de tribunales especiales y Fuerzas Antiterroristas (Jhon Jairo Salinas, Equipo Nizkor).

El Perú vivió algo similar frente la amenaza latente de “Sendero Luminoso”. En cambio, Bolivia ha dado sus primeros pasos a establecer un instrumento “judicial” al servicio del poder político. En primera instancia fue la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas para el financiamiento del terrorismo, que planteaba la idea de romper el secreto bancario a simple requerimiento y el establecimiento de facultades extraordinarias de los jueces ante una simple sospecha.

Curiosamente el narcotráfico no ha tenido la necesidad de usar la intimidación, basto una simple alianza con eslabones clave: con mafias de jueces y fiscales y sobre todo funcionarios del Ejecutivo Nacional y por intermedio de estos con las Fuerzas del Orden, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

El resultado, la expansión de las mafias corruptas en el Sistema de Justicia y su instrumentalización para atacar referentes de la oposición a diversos niveles, no solamente políticos, sino también cívicos y lideres de opinión.

Jhon Jairo Velásquez Vásquez “Popeye”, sicario de Pablo Escobar Gaviria, cuando recupera su libertad luego de 23 años y 3 meses encarcelado, durante una entrevista con la periodista mexicana Adela Micha afirmó: “Cuando yo llegó a la cárcel de Combita Boyacá, que yo coopero con el caso de Carlos Galán, que es un caso gravísimo. Me atrevo a enfrentar a la política colombiana, que es otra mafia, voy contra Alberto Santofimio Botero, fue presidente de la cámara de representantes, fue presidente del senado, fue ministro de justicia, fue candidato a la presidencia de la república y en Colombia ya están cambiando las cosas ya hay políticos presos. En Colombia a raíz de la guerra que hubo que eso les va a pasar más adelante a ustedes en México con la guerra brutal que tienen tarde que temprano van a llegar a tener que fortalecer la justicia”

Popeye acierta en dos elementos, en que la política en Bolivia es una mafia y segundo, la clave para desmontarla esta en el Sistema de Justicia, hoy secuestrada por otras mafias de jueces y fiscales.

“Amigo la positiva, ya están expuestos, solo hace falta los hombres para frentearlos y darles piso”

Carlos Armando Cardozo Lozada es economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Especialidad en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, presidente de Fundación Lozanía