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Opinión

20 de febrero de 2020 09:01

Himalaya: 13 años después


Las facturas del MAS por la ausencia de planificación minera y de gobernar 14 años en pro del sector cooperativo, hoy nuevamente nos pasa la cuenta.

Los antecedentes nos retrotraen a 1995, en ese año la Comibol firma un contrato de arrendamiento con la empresa Himalaya, un acuerdo por 25 años para explotar esas áreas en las faldas del nevado Illimani de La Paz.

El 20 de octubre de 2007, en el marco de una escalada de precios internacionales de minerales, ex cooperativistas lugareños avasallaron el área denominada “Resguardo de la Tempestad”; en esta área se estimaba una reserva de wólfram con potencial de $us 6.000 millones.

El 2013, el Gobierno de Morales, mediante el Decreto Supremo 1619, del 19 de junio de 2013, legalizó la reversión y avasallamiento de la mina Himalaya y, además, suscribió un contrato con la Cooperativa Minera Cerro Negro. Cambió de operador, entregando este yacimiento a las cooperativas mineras, socios de su gobierno; en versión del entonces viceministro de Cooperativas Mineras, Isaac Meneses la “entrega” debía entenderse que: “Cooperativistas recibieron mina Himalaya en retribución por apoyar al Gobierno”.

Las advertencias de la dirigencia de la FSTMB a la cabeza de Miguel Pérez, no fueron escuchadas por el gobierno del MAS; incluso, pese a la advertencia del desacierto al rescindir el contrato con Himalaya, lo que podía costar al Estado hasta Bs 204 millones ($us 29 millones).

Hoy se conoció la determinación del tribunal de arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio, que resolvió que la Comibol, debe pagar $us 4,5 millones a la Empresa Minera Barrosquira, operadora de la mina Himalaya. Los $us 4,5 millones serían una compensación que exige Himalaya, por las inversiones que hubiese realizado, ¿la sacamos barata?

Como en el caso de Himalaya, hubo varias otras improvisaciones, causa de la ausencia de una política minera seria; que, posteriormente derivaron en indemnizaciones millonarias, en desmedro de las arcas del país. Habrá que recordar los casos de Colquiri, Vinto, Mutún, Quiborax, Mallku Khota, sumando las cifras de estas, se podría superar la cantidad de inversión efectiva que se hizo en pro del sector minero estatal, en los último 14 años.

La nacionalización de las minas siempre resultó un mal negocio para el país, este aspecto se consolidó en el gobierno del MAS. Recién el 27 de julio de 2015, a través de García Linera, se tuvo el valor de reconocer que las nacionalizaciones no derivaron en los resultados esperados; por lo mismo, el gobierno descartó cualquier nueva nacionalización y por el contrario, invitó a que empresas tipo Sumitomo, arriben al país y repliquen su modelo: “Ojalá vengan más (empresas), necesitamos dos o tres San Cristóbal”; gran ejemplo de su práctica política de extremo a extremo, funcional a sus intereses.

Ahora como van las cosas, nos planteamos la siguiente cuestionante, ¿se establecerán responsabilidades por este desacierto en las personas de Evo Morales, el ministro de Minería y Metalurgia de entonces, Mario Virreira y Edgar Pinto, ex presidente de la Comibol y otros técnicos que hoy siguen vigentes en la gestión de Jeanine Áñez, incluso como viceministros? o se optará por el privilegio del salvo conducto como en otro reciente caso. 

¿Será que la actual administración de la cartera de minería será objetiva al investigar estos hechos, sabiendo que a la cabeza de la misma se encuentra un representante de las cooperativas mineras?

Nuestra minería continua a la deriva, condenada a la improvisación de las autoridades de turno, que usan nuestra riqueza minera, para el beneficio de sus intereses políticos, hoy igual que ayer.

Alfredo J. Zaconeta Torrico es periodista
Twitter: @alfredozaconeta 

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