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Nacional Sociedad

Una sobreviviente de la violencia machista, secuestrada y golpeada por su expareja

El hombre la arrastró de las trenzas hasta un taxi y la retuvo por un día entero, junto a dos cómplices la golpeó cruelmente. Vicenta está segura de que el padre de sus cuatro hijos quiso acabar con su vida.
23 de Noviembre, 2021
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Vicenta muestra un par de fotografías cuando fue brutalmente golpeada por su expareja. Foto: ANF

La Paz, 24 de noviembre (ANF).- “Tienes dos horas contadas, te voy a matar. Si no eres para mí no serás de nadie”, el recuerdo de esas amenazas estremece a Vicenta M. de 36 años, una víctima de violencia intrafamiliar. El 4 de enero de 2020 fue secuestrada y golpeada brutalmente por Willy Flores, su expareja y padre de sus cinco hijos. Estuvo a poco de morir y hoy exige justicia porque su agresor camina libre por las calles, pese a que tiene detención domiciliaria. Teme que pueda volver a atentar contra su vida.

Vicenta es oriunda de la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, a sus ocho años llegó a la ciudad de El Alto a trabajar y cumplir su sueño de estudiar. Al principio, una familia la acogió y le prometió llevarla al colegio a cambio de algunos trabajos domésticos, pero solo recibió golpes y humillaciones, nunca pudo ir al colegio.

Sus empleadores le pegaban, la obligaban a lavar la ropa, cocinar, limpiar los pisos hasta altas horas de la noche y cuando se hallaban contentos con su trabajo le pinchaban la cabeza con llaves o la flagelaban con un palo de escoba, a tal extremo que en una oportunidad le fracturaron una pierna, la cual hasta el día de hoy no puede movilizarla correctamente. No se quejó nunca para no preocupar a sus padres.

A los 14 años, conoció a Willy de 25 años, a él lo vio como una luz de esperanza para salir de la violencia que vivía a diario en casa de sus empleadores. “Mejor me va ir con él, los dos vamos a trabajar y vamos a salir adelante”, decía, pero no fue así. En su primer embarazo, el hombre comenzó a mostrar un comportamiento violento, la maltrataba física y emocionalmente.

“Cuando me embaracé por primera vez, él (su agresor) se sentaba en mi barriga y me pegaba. Yo sentía cómo la wawa se movía como pidiendo ayuda, pero no le importaba nada y me seguía pegando. Toda mi vida ha estado llena de violencia, siempre me han pegado. No sé qué suerte tengo”, lamenta con lágrimas, mientras abraza a su hija menor de 5 años.


Vicenta vive junto a sus hijos de 19, 18, 11, 10 y 5 años de edad en la zona Villa Tunari, en la ciudad de El Alto, ahí alquila un cuarto muy pequeño por el que paga Bs 300 cada mes.


El secuestro

El 4 de enero de 2020, Vicenta junto a su hijo mayor salieron a comprar verduras, arroz y pollo para cocinar y vender comida en una feria de esa urbe; con esa actividad pudo mantener a sus retoños durante la cuarentena que se decretó en el país por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Después de hacer las comprar y mandar a sus hijos con los productos hasta su vivienda, Vicenta acudió a las oficinas de un abogado para que le orientara sobre la demanda de pensiones alimenticias que planeaba interponer contra su expareja, que ya los había abandonado dos años antes y no se hacía cargo de los menores. Ese día, mientras charlaba con el jurista, un taxi blanco comenzó a rondar el sitio y Vicenta sintió miedo.

Al ver esa situación, el abogado se ofreció acercarla en su vehículo hasta su vivienda para evitar riesgos, pero apenas avanzaron dos a tres cuadras, su expareja bajó del taxi blanco y con un palo amenazó y golpeó al abogado. Vicenta estaba temblando de miedo escondida en el motorizado. La agarró de las trenzas y la arrastró hasta el otro vehículo, no pudo subirla. Ahí pidió ayuda al chofer y entre los dos la empujaron de forma violenta hasta el interior del coche.

“Me ha jalado de mis trenzas, cuando estaba a punto de subirme a ese taxi, me he agarrado de una de las llantas y ahí abajo me he metido para que no me lleven y en eso le dice al chofer ‘ya pues, en qué quedamos, ayúdame’ y entre los dos me han alzado y botado dentro del auto. Ahí me ha pegado grave, hemos avanzado como unas dos horas y en todo ese trayecto me golpeaba y me decía ‘te he pescado con tu macho, te voy a matar’”, relata.

Vicenta no podía creer lo que le estaba sucediendo y solo imploraba a Dios por sus hijos; los fuertes golpes le hicieron perder el conocimiento a momentos, pero los pellizcos en sus manos y manotazos en su cara le hacían despertar de dolor. Ella señala que, en una de esas ocasiones, el hombre le quitó su ropa interior e intentó introducir un palo a su vagina como “castigo” por su supuesta infidelidad.

“Agarra un palo y me saca la ropa interior y dice ‘esto te voy a meter para que aprendas’, así me iba amenazando. (Yo) solo lloraba, después sube un tercer hombre que era el hermano del chofer. Y Ahí otra vez me ha comenzado a pegar de mi cara, me he tapado la nariz porque salía mucha sangre, pero no le importaba me pellizcaba de mis manos, me ha wasqueado (golpeado) harto con un palo, me ha roto la nariz”, afirma.

Relata que el taxi, donde estaba secuestrada, se dirigía hacia Copacabana y cuando se aproximaron a la tranca, el control policial, los tres hombres acordaron amordazarla para que no pida auxilio.

“Como estábamos cerca de la tranca, el papá de mis hijos a uno le ha dicho ‘le vas a tapar la boca, cuidado grite’ Yo estaba muy adolorida, apenas podía abrir mi boca, pero era mi única oportunidad de pedir ayuda y así comencé a gritar con todas mis fuerzas y más me empujaban la cabeza hacia los asientos. Hasta que un policía viene y ve mi cara llena de sangre y ahí ordena abrir la puerta, pero no querían obedecer”, comenta.

Cuando la rescataron, Vicenta dice que era la medianoche. En ese momento su agresor intentó inculparla por sus heridas. “Hija acaso yo te he hecho (los golpes), vos te has chocado al subir al auto, diles hijita, yo no te he pegado”, eran las palabras que el agresor repetía delante de los efectivos del orden. Sus palabras no lograron convencer a los oficiales que determinaron enviarlos a la FELCV de la urbe alteña

“Ese hombre se quería deshacer de mí porque eran entre tres, incluso me ha dicho que su familia estaba esperándome. Querían matarme y botarme por ahí, ese era su plan”, sostiene Vicenta, a tiempo de revelar que el informe forense le dio más de 20 días de impedimento.

Su expareja fue enviado a la cárcel con detención preventiva por violencia intrafamiliar, sin embargo después de tres meses en prisión salió con arresto domiciliario, pero la medida no es cumplida por el agresor y Vicenta teme por su seguridad y la de sus hijos pese a que tiene orden de alejamiento, el agresor la amenaza para que levante las medidas. Incluso la chantajea para cumplir con la asistencia familiar.

“Quiere que anule el proceso, me está chantajeando para que desista del proceso que inicié por las agresiones, incluso a mis hijos les dice que anulen todas las denuncias para que pase pensiones (…) Necesito ayuda para mis hijos, quisiera que me ayuden para sobresalir con mis hijos porque el papá de mis hijos no me da ni un centavo, no se preocupa por sus hijos”, indica.

La violencia que vive Vicenta y sus hijos es uno lo más de 20 mil casos de agresión que sufren las mujeres en territorio nacional. De acuerdo a la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil a nivel nacional se reportó 26.696 casos de maltrato contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. Las cifras corresponden entre el 1 de enero al 8 de agosto de 2021, el último reporte que brindó el Ministerio de Justicia.

La mayor incidencia de casos está en el departamento de Santa Cruz con 10.270, seguido de La Paz con 5.223, Cochabamba 3.866, Tarija 2.254, Potosí 1.820, Chuquisaca 1.380, Beni 931, Oruro 721 y Pando 231.


Tipos de violencia

La psicóloga y activista de derechos humanos de mujeres y niños, Marynés Salazar, explica que existen varios tipos de violencia: la simbólica, la mediática, la psicológica (dentro de la familia), la sexual y la física.

La violencia simbólica está vinculada más a nivel social y cultural y procura que se entienda a la mujer como un objeto, ya sea de reproducción, de imagen o de intercambio. La violencia mediática implica la estereotipación del cuerpo, de la vida y del hecho de ser mujer. En la violencia social, la mujer, cuando llega a una relación de pareja, asume como natural que su novio en un determinado momento sea cariñoso con ella y en otro instante violento.

Salazar dice que luego de experimentar todo ese tipo de violencias, la víctima se vuelve vulnerable para pasar a la violencia psicológica en el entorno familiar, en el cual sus allegados la tratan de tal manera que le lleva a perder su autoestima. “Se dan frases como ‘eres una fea’, ‘no sirves para nada’, ‘por qué eres tonta’, ‘ojalá algún día te cases’”.

Después de esta, la violencia física, cuando la pareja la empuja, la jalonea, hasta agresiones crueles y este tipo de agresión lleva al feminicidio, que se traduce en la eliminación del cuerpo de la mujer que ha sido sometida social y familiarmente.

Menciona que al principio las agresiones van desde jalones, empujones, burlas, insultos, control económico, manipulación emocional, subvaloración, hasta agresiones físicas que pueden terminar eliminando el cuerpo de la mujer. “El hombre socava la autoestima de la mujer y ella naturaliza la violencia, por eso muchas veces calla”, dice.


De acuerdo a la experta, estos “machos” son los que están acabando con la vida de las mujeres, porque ante el empoderamiento e independencia económica de la gran mayoría de féminas están asustados porque no encuentran “el lugar que les corresponde” en la relación de pareja y por eso atentan contra la mujer hasta cometer feminicidio.

La psicóloga sostiene que el incremento de la violencia durante la pandemia se debe a la presión y al “terrorismo psicológico” que se ha vivido por la cuarentena que se dictó por el coronavirus. Señala que el encierro y campañas comunicacionales que se difundieron en el gobierno transitorio sobre el virus exacerbó la violencia dentro de los hogares.

“Campañas como el virus te persigue para matarte, ha sido terrorífico y cuando hablamos de terrorismo psicológico exacerba  las emociones porque te predisponen ya sea a paralizarse por el miedo o tener conductas agresivas, que luego se convierten abusivas. Estar encerrado para muchas familias ha sido complicado, las personas han aguatando violencia, han convivido con los agresores”, cuenta.


La profesional señala que debe fortalecerse políticas públicas para prevenir maltratos y asesinatos de mujeres. Considera que sería importante impulsar “la sumatoria de condenas y la cadena perpetua” para bajar los índices de maltrato y feminicidios.


La violencia, otra pandemia

Lucia Vargas, responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer, afirma que la violencia familiar es una problemática grave en todo el territorio nacional y compara como una pandemia porque “mata” y deja “secuelas graves en las mujeres”.


Vargas señala que en un día reciben hasta 80 denuncias, agrega que las víctimas sufren diversas formas de violencia y que se agudizaron con la pandemia, sobre todo durante la cuarentena, ya que el confinamiento desnudó la realidad de mujeres que se vieron obligadas a convivir con sus agresores.

Ella considera que durante la cuarentena hubo un subregistro de casos, debido a que las restricciones en el desplazamiento de las personas inhibieron las posibilidades de denuncia de las mujeres, además que las instancias públicas creadas para auxiliar a las víctimas concentraron sus esfuerzos en la emergencia sanitaria.

Según datos de la Coordinadora de la Mujer en 71 días que duró la cuarentena rígida en Bolivia –del 22 de marzo al 31 de mayo en 2020--, se registraron 2.935 denuncias por delitos contra la Ley N° 348, Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia; de esas, el 81% correspondió a violencia en la familia. Tales cifras confirman, una vez más, que el hogar es el espacio más inseguro para las mujeres, niños, niñas y adolescentes.

De las 2.935 denuncias registradas, 2.378 corresponde a violencia familiar o doméstica. De acuerdo con el artículo 7, numeral 15, de la Ley N° 348, la violencia en la familia es “toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o exconviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado”.

Por su parte, la directora de Prevención y Eliminación de Toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional del Ministerio de Justicia, Claudia Peña, informa que la justicia procesa solo el 45% de los casos de violencia contra las mujeres, según el estudio "Estado de situación de la violencia contra las mujeres en Bolivia 2021".

Agregó que en la primera etapa la carga procesal penal está totalmente abarrotada con más del 90% de las causas en proceso de investigación y solo el 1% recibe una sentencia.

La ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (348) de marzo de 2013 ha sido creada para establecer mecanismos y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, sin embargo, a pesar de la norma la violencia machista sigue reportando datos alarmantes.

En noviembre de 2020, el Gobierno, mediante decreto supremo, dispuso la modificación de la Ley 348, un proceso que aún está en curso. Aunque la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Bertha Acarapi anunció que la modificación de la Ley se daría a conocer en el mes de noviembre de esta gestión.

Sin embargo, desde que la norma entró en vigencia, en principio representaba una esperanza para las mujeres de que los índices de violencia bajarían en el país, pero en el último quinquenio se han mantenido por encima del centenar de casos.

En 2015 (año de la plena vigencia de la ley) se registraron 110 feminicidios, en 2016 un total de 111 casos, en 2017 hubo 109 casos, en 2018 se registraron 128 casos, en 2019, 117 casos, en 2020 se reportaron 113 y en lo que va de esta gestión, hasta el 16 de noviembre, hay 98 asesinatos de mujeres.

El departamento con mayor incidencia es La Paz con 37 casos, seguido de Santa Cruz con 16, Cochabamba 15, Potosí 10, Oruro 8, Chuquisaca 5, Tarija 3, Beni 3 y Pando 1, según informó el fiscal General, Juan Lanchipa.


¿Funciona la 348?

La responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer, Lucia Vargas afirma que la falta de recursos económicos hace que la Ley 348 no funcione de forma integral para prevenir y erradicar la violencia en territorio nacional que cada vez va en aumento en cifras y en crueldad.

“La modificación de la Ley no va resolver la violencia, tenemos que asegurar presupuesto necesario para su aplicación, desde la Asamblea Legislativa debe existir una fiscalización, actualmente eso no existe, los legisladores deben controlar cómo se está invirtiendo los recursos para prevenir y combatir la violencia”, asegura.

Vargas remarca que las soluciones deben ser integrales y no solo pasar por aumentar las sanciones contra la violencia, sino fortalecer políticas públicas para erradicar y prevenir el maltrato con enseñanza desde los colegios.

“No debemos naturalizar la violencia y las soluciones para combatirla tienen que ser integrales, no tiene que ver que las sanciones sean drásticas, sino hacer la prevención y educación desde los colegios sobre la cultura de la paz, resolución de conflictos y tiene que existir una concienciación de la sociedad, no debemos normalizar los maltratos, los vecinos y la familia deben denunciar y no tolerar si ven un hecho de agresiones y no callar”, indica.


Sobre el acceso a la justicia, la profesional sostiene que el Gobierno debe crear programas especializados en la atención de victimas, covíctimas de la violencia, es decir la familia y los huérfanos del feminicidios, ya que muchas veces no encuentran respuestas adecuadas ni oportunas del sistema de administración de justicia, pese a las condiciones de sujeción, sometimiento, presión y riesgo en la que se encuentran.

“Las mujeres están totalmente desprotegidas porque cuando entablan una denuncia para romper con sus agresores tiene  que peregrinar por justicia, son revictimizadas no encuentra una atención oportuna, a veces los mismos agresores o la familia de estos las amenazan, no se dictan medidas de protección de forma inmediata o por el tema económico desisten y no prospera la acusación”, informa.

La activista remarca la importancia de que el Gobierno, alcaldías y gobernaciones trabajen en programas para proteger a los huérfanos que dejan los feminicidios.

“¿Qué se hacen con los huérfanos, qué se hacen con las familias? Esas son preguntas que le hacemos a los gobiernos, no tenemos registros, no hay apoyo psicológicos para los niños que quedan en la orfandad y son los que viven en mayor riesgo de vulnerabilidad, tienen que crearse programas para apoyarlos y protegerlos”, afirma.


Las profesionales coinciden que se debe desarrollar tareas urgentes y asegurar políticas públicas con presupuestos suficientes para que las instancias llamadas por ley den una oportuna respuesta a la violencia contra las mujeres. Por otro lado, también se debe romper la indiferencia frente a este tipo de maltratos. Aseguran que “la violencia no es normal dentro ni fuera de casa”.

El presente reportaje se realizó con la colaboración y apoyo de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB).

/MLA/

Etiquetas

    Violencia familiar