La Paz, 21 de julio (ANF).- “Mis denuncias fueron una afrenta imperdonable para el masismo, porque los empezó a desgastar hasta que huyeron”. Es parte de la carta que el ex director del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, escribió desde la cárcel de San Pedro, en La Paz, a más de cinco años de estar preso luego de haber denunciado las irregularidades y hechos de corrupción en esta entidad. Hasta el momento su proceso no ha seguido el curso correspondiente y la justicia parece haberse olvidado de su caso.
Hoy la situación de Aramayo se suma a los miles de privados de libertad en Bolivia, que permanecen en las cárceles en calidad de detenidos preventivos, y en medio del hacinamiento, la vulneración a sus derechos, la retardación de justicia y la irremediable llegada de la pandemia que ya ha causado decenas de muertes en centros penitenciarios en el país, también en el de San Pedro.
Pero hay un hecho particular en este caso, ya que pese a ser quien denunció y dio a conocer cada una de las irregularidades dentro del Fondo Indígena, pues son -junto a Elvira Parra-, contestatarios a Evo Morales, quienes permanecen detenidos, pese que a lo largo de estos años otras personas fueron involucradas en este desfalco, como la ex ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, que semanas atrás se benefició nuevamente con la detención domiciliara.
Desde el 11 de noviembre de 2013 se destapó este hecho de corrupción a través de investigaciones periodísticas. Se denunció que existían hasta ese momento 894 proyectos fantasmas del Fondo Indígena y al menos 503 millones de bolivianos desviados.
Pese a tales investigaciones, el repudio de políticos, autoridades y sectores de la sociedad, además de demandas de procesos contra ex autoridades que tenían responsabilidad y dirigían esta entidad, hasta hoy no se concretan penalidades y la justicia opera con lentitud, o no lo hace.
Denunció y lo metieron preso
“En septiembre del 2013, encontré al Fondo Indígena como un barril de pólvora que podría explotar en cualquier momento. Ya se había convertido en el semillero de dirigentes sindicales, concejales, alcaldes, diputados, senadores”, continúa esta carta manuscrita a la que ANF tuvo acceso.
Aramayo, tras asumir la dirección del Fondo Indígena en septiembre de 2013, llevó adelante un proceso interno para evaluar la situación de la entidad para beneficio de la población indígena; su carta detalla que “4.400 dirigentes sindicales usufructuaron de 1.100 transferencias público privadas por un valor de 729 millones de bolivianos”.
Frente a esta evidencia, según Aramayo, el 4 de noviembre de ese año propuso una “reingeniería institucional” del Fondo Indígena y una auditoria para todos los proyectos en ejecución, pero “Achacollo se negó a dar viabilidad a todas mis propuestas y solicitudes”.
En diciembre de 2013, Aramayo aprobó la compra de seis camionetas para el monitoreo de cada uno de los proyectos en ejecución; sin embargo, por decisiones del directorio, bajo la batuta de Achacollo, se aprobó mediante la Resolucion 001/014 que estos vehículos sean entregados el denominado Pacto de Unidad y “para combustible les entregó 3.9 millones de bolivianos”.
“Y por si fuera poco, cuando le advertí (a Achacollo) de la quiebra técnica-financiera, firmó la resolución 0010/014 que ordenaba el fraccionamiento, cambio de rubro y de sector de los proyectos mayores a un millón de bolivianos. Esas irresponsables resoluciones incrementaron la crisis institucional, pero le sirvió al masismo para ilusionar a los campesinos e indígenas durante la campaña electoral del 2014”, detalla Aramayo en carta manuscrita.
Purga una detención preventiva fuera de la ley
El ex director del Fondo Indígena atraviesa por un proceso judicial por demás inédito, ya que lleva más de cinco años y medio detenido en todos los penales del país, con 86 procesos en su contra y 23 detenciones preventivas.
Ya desde su defensa se exhortó a la atención de las actuales autoridades, en este caso puntual, e incluso se advirtió que se encaminaría una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por una vulneración de derechos a un preso, que no se había dado en el país.
“Después de que el MAS ganó las elecciones, en enero de 2015, Evo Morales y su gabinete de ministros decidieron intervenir el Fondo Indígena, pues ya lo habían utilizado y ya no les servía”.
Y se decidió intervenir el Fondo Indígena, tras varios eventos que incluyeron amenazas a un medio y a la periodista que investigó el hecho. Fueron dirigentes de los ponchos rojos, aliados de Morales, que usaron el canal estatal para dar a conocer su amenaza y rechazo a estos delitos de corrupción y desvío de recursos que meses más tarde se confirmarían uno por uno.
“Hoy no me arrepiento de haber sido el primer ciudadano en denunciar públicamente y frente a un notario las irregularidades realizadas durante cuatro años antes de que yo sea director”, detalla esta carta.
“Afrenta imperdonable para el masismo”
“Mis denuncias fueron una afrenta imperdonable para el masismo, porque los empezó a desgastar hasta que huyeron. Entonces decidieron formar una tenebrosa atmósfera inquisidora. No podían permitir que alguien los desenmascare y todos acordaron que mi castigo sea público, dramático, con tratos crueles, inhumanos y degradantes hasta que me retracte”, escribe Aramayo en la carta que consta de ocho páginas, en la que demanda que el caso no quede impune.
“Mis detractores no saben qué hacer con mi injusta detención preventiva, ellos saben que la responsabilidad de un funcionario púbico es por la gestión administrativa y no por los proyectos, también saben que yo no fui representante legal de ninguno de los 1.100 proyectos, ni administré ni un solo centavo después de producidas las transferencias”.
Desde la cárcel de San Pedro, este preso de la gestión del ex presidente Morales atraviesa por un proceso que dejó de lado a las 39 personas que conformaron el directorio del ex Fondo Indígena en las gestiones 2010 a 2015, cuando se demostraron las irregularidades en los proyectos con millones de bolivianos desviados.
Dentro de la lista de este directorio se incluyen, la ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, y los dirigentes y ex dirigentes que ocuparon cargos dentro como Rodolfo Machaca, Julia Ramos, Juanita Ancieta, Pedro Calderón y Ever Choquehuanca, entre otros. Estos últimos sin procesos en su contra.
Y de acuerdo a los documentos institucionales, parte de este directorio también estaba conformado por representantes de los ministerios de Economía, Planificación del Desarrollo y de Desarrollo Productivo.
Es así que el Ministerio Público incluyó en las investigaciones de este desfalco al actual candidato del MAS para la presidencia y ex ministro de Economía, Luis Arce Catacora, acusado por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, entre otros. Se acusa de que la ex autoridad permitió el depósito de recursos públicos en cuentas particulares, la mayoría de dirigentes y personas de su línea política.
Desvío de recursos para dirigentes afines al MAS
Las investigaciones periodísticas sobre el Fondo Indígena apuntaron al desvío de recursos a dirigentes de diferentes sectores del país alineados al partido del anterior gobierno, con mayor preponderancia en el área del altiplano para los grupos de los interculturales, ponchos rojos y mujeres Bartolinas.
“Arbitrariamente el Fondo Indígena se lo arrebataron los campesinos, Bartolinas e interculturales, quienes lo utilizaron para su beneficio propio de expansión geopolítica-sindical y para poner en práctica los retorcidos suelos masistas de implementar su liberal modelo de desarrollo productivo comunitario”, continúa esta carta.
Pero pese a esto y a demostrarse que en muchos casos esos proyectos nunca existieron y que los desembolsos ya se habían aprobado a las cuentas bancarias de particulares, hoy ninguno de esos dirigentes responsables está procesado o investigado. Aramayo, oriundo del oriente boliviano, lleva detenido hace más de cinco años tras haber ratificado su denuncia de todos estos hechos de corrupción.
“Desde aquellos sucesos trascurrieron más de cinco años y medio y he superado por un año y medio de cárcel el tiempo que estipula la ley para el supuesto incumplimento de deberes que me acusan. El Fondo Indígena fue gobernado por la cizaña. Pasaron seis directores y todos miraron y miran con desdén y menosprecio mi injusta situación jurídica que ellos provocaron solo para distraer la atención de la opinión pública”, prosigue Aramayo.
La esperanza perdida tras cambio de autoridades
Aramayo relata que pese a esta acusación judicial que atraviesa con claras irregularidades procesales, mantuvo alguna esperanza cuando el MAS fue sacado del poder y asumió el actual gobierno de transición, sin embargo hasta hoy las autoridades no vieron este caso, pese a ser uno de los principales hechos de corrupción que implican a partidarios y ex funcionarios del partido del ex presidente Morales.
“Estoy en la cárcel casi seis años y no sé cuánto tiempo más querrán tenerme preso negándome un juicio justo y pronto. Digo esto, porque ahora que caracolea el Covid-19 con olor a muerte, soy reactivo y vencí el coronavirus de manera asintomática, sigo con la fuerza para seguir batallando por la verdad, aunque parecería que he perdida mi condición de ciudadano”, agrega.
En medio de este hacinamiento y alerta por el coronavirus, Aramayo, envía esta carta para pedir que se encamine un juicio justo con procesos legales que respeten la ley y con sanciones a quienes cometieron el desfalco del Fondo Indígena.
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