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La Paz, 21 de abril (ANF).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su Reunión de Medio Año, realizado del 20 al 23 de abril, resolvió, al evidenciar rasgos de preocupante violencia en agresiones a periodistas y actitud pasiva de autoridades encargadas de preservar la justicia y el respeto a la libertad de prensa, exhortar al gobierno boliviano para que proteja el trabajo de los periodistas y contribuya a evitar campañas de estigmatización del trabajo informativo.
“Exhortar al gobierno a la preservación y defensa de los principios constitucionales que protegen el trabajo de periodistas, editores y directores de medios de información, y pide contribuir a evitar campañas de descrédito y estigmatización del trabajo informativo”, se lee en la resolución de la SIP.
La SIP considera que la campaña gubernamental para demostrar que la renuncia del expresidente Evo Morales se debió a un golpe de Estado, “ha incrementado la violencia contra periodistas”, así como que los ataques contra periodistas provienen desde medios del Estado y personas afines al gobierno, a través de cuentas anónimas en redes sociales.
La SIP recuerda que la Constitución Política del Estado en su artículo 106 parágrafo tercero, garantiza a las trabajadoras y trabajadores de la prensa la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información, asimismo señala que la Declaración de Chapultepec establece en su primer principio que: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.
El gobierno estuvo enfocado en instalar una campaña orientada a mostrar que en el país hubo un golpe de Estado, durante los días de rebeldía popular que rechazó el fraude en las elecciones generales de octubre de 2019, y terminó con la renuncia del presidente Evo Morales.
Los periodistas y medios independientes que reeditaron y documentaron los incidentes registrados entre octubre y noviembre, “sufren ataques verbales y hostigamiento a través de medios estatales y de medios afines al gobierno, descalificando su trabajo periodístico que cumple el rigor profesional”.
Agrega que los comunicadores también son atacados por seguidores del partido gobernante a través de cuentas anónimas en redes sociales y desde las que se lanzan acusaciones sin fundamento.
La Sociedad también solicita al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía “actuar en cumplimiento de sus funciones y abrir investigaciones dirigidas a identificar a funcionarios y personas responsables de ataques violentos contra reporteros que realizan la cobertura informativa de conflictos”.
Un conflicto entre productores de la hoja de coca de la zona de los Yungas del departamento de La Paz, derivó en hechos de violencia y afectó a reporteros de radio y televisión.
El 7 de enero de 2021, equipos de prensa de canales de televisión que cubrían los enfrentamientos entre dos bandos, fueron atacados con explosiones de dinamita, aunque no se reportaron daños personales.
Otro reportero, Franklin Guzmán, de radioemisoras de los Yungas, fue detenido el 30 de marzo por conductores de transporte de pasajeros, atado a un palo y despojado de su teléfono móvil.
El 5 de abril el periodista Cristian David Canacana denunció que un policía antimotines le disparó al rostro un proyectil de gas lacrimógeno que le provocó una herida en el labio superior. El hecho se registró en medio de protestas de los productores de hoja de coca. El gobierno no emitió ningún pronunciamiento frente a estas denuncias.
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