La Paz, 25 de enero (ANF).- La segunda reforma agraria que llegó de la mano de la ley de tierras de 1996 (Ley INRA) no acabó con la inequidad en el acceso a la tierra y consolidó aún más el monopolio por parte de la empresa agraria en detrimento de los productores campesinos.
Es una de las conclusiones de la publicación “Segunda Reforma Agraria, una historia que incomoda” de la Fundación Tierra que será presentada de manera oficial este 27 de enero en La Paz.
Según la investigación, Bolivia ha pasado de tener una estructura predominantemente feudal a mediados de los años 90 a una hegemonía de la empresa agraria “que representando el 10% de las unidades agropecuarias, monopoliza el 90% de la tierra, frente a la de los campesinos que representando el 90% de los productores, sólo tiene acceso al 10% de la tierra”.
En términos porcentuales las tierras tituladas y saneadas desde 1996 hasta 2014 representan el 61,2%. El 25,2% está en proceso y 13,6% sin sanear. Por ello, los investigadores concluyen que el proceso de saneamiento está encaminado a su etapa final “aunque ello no significa necesariamente que se haya dejado atrás la tenencia inequitativa de la tierra”.
Informes del INRA arrojan que hay más de 106 millones de hectáreas en total para definir derechos de propiedad. Sin embargo la fundación Tierra puntualiza que solo la tercera parte de la superficie (33,8 millones de hectáreas) tiene potencial agropecuario.
El documento recoge datos del Censo Agropecuario de 2013, que a pesar de ser preliminares y no estar desagregados, estiman que los llanos y Amazonía representan el 18% de las unidades agropecuarias y controlan el 66% de la tierra, mientras que el sector excluido (altiplano, valles y chaco) que representa el 82% de las unidades agropecuarias controla el 34 por ciento de la tierra.
Además sostienen que en la categoría de medianos empresarios cada beneficiario en promedio posee 995 hectáreas tituladas, en la categoría de las TCO alcanza a 48 hectáreas y en la categoría de campesinos e interculturales a 17 hectáreas.
Y añaden que el avance del sector agropecuario se da en los departamentos de Santa Cruz, Beni y partes de Chuquisaca y Tarija, zonas donde están las mejores tierras en términos de explotación agrícola, ganadería y recursos forestales.
El libro insiste en que se repite el patrón de que “las tierras marginales son para las mayorías rurales y las tierras con mayor potencial productivo han sido y están siendo consolidadas en manos de pequeños grupos del sector empresarial”.
El texto reconoce el aporte de la Ley INRA (1996) sobre la histórica Reforma Agraria de 1953, pues se detuvieron los acaparamientos especulativos y se reconocieron las TCO a favor del sector indígena marginado del proceso anterior.
Sin embargo, concluye que esta segunda Reforma Agraria “no hizo más que consolidar las propiedades preexistentes” y en el último periodo (2010-2014) aceleró este proceso y convirtió el saneamiento “en un mero procedimiento ‘formalizador’ del registro catastral de tierras de medianas y grandes propiedades.
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