La Paz, 18 de mayo (ANF).- La minería en el país continúa generando impactos directos sobre los territorios indígenas, muchas de esas actividades de extracción de mineral no cumplen las normas ambientales. Es en ese sentido que un trabajo de investigación detalla que los pueblos que viven en la Amazonía sufren desde dolores estomacales, desaparición sistemática de los peces, contaminación de sus ríos, lagos y arroyos y el desconocimiento de sus instancias de representación orgánica.
A fin de verificar estos y otros efectos que esta actividad extractiva podría estar ocasionando en esta región del país, la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (CIRABO) y el territorio Indígena Multiétnico II, con el apoyo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) comenzaron el proceso de identificación de posibles daños a las poblaciones Tacana, Ese Ejja y Cavineño que habitan en esta región.
“Se está afectando a los cultivos de plátano y cítricos que hay sobre la ribera del río, al tema forestal, a la madera, también se entran y sacan los peces y no consultan. A veces también hay reclamos de los hermanos de que les roban sus canoas. Esos son los reclamos”, explicó el secretario de tierra y territorio de la CIRABO, Jorge Chamaro Cartagena.
Esta investigación se inició en cada una de las comunidades ribereñas a solicitud de las mismas organizaciones indígenas y tiene el objetivo de obtener información sistematizada y con respaldo técnico, jurídico y social, que permita identificar los principales efectos sociales y ambientales hacia las comunidades indígenas y sus recursos naturales.
El 28 de marzo de 2018, mediante Decreto Supremo 3516, el río Madre de Dios fue declarado Reserva Fiscal Minera; la norma delegó las actividades de prospección y exploración al Servicio Geológico Minero (Sergeomin).
“La declaratoria comprende todo el cauce del río que atraviesa los municipios de El Sena, San Lorenzo, Puerto Gonzalo Moreno, Puerto Rico, San Pedro, Filadelfia, todos en Pando; además de Ixiamas en La Paz y Riberalta en Beni en las que se encuentran comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Tacana, Ese Ejja y Cavineño. La declaración de Reserva Fiscal Minera no fue consultada con las comunidades indígenas”, detalla el CEJIS.
Chamarro explica que con el estudio pretenden llamar la atención de las autoridades nacionales e instancias encargadas del control, a fin de que los daños que se están ocasionando tengan algún reparo para las comunidades que se están viendo afectadas. “Los compañeros dicen que el pescado ya tiene sabor y olor a diésel, la otra cosa es que tampoco hay mucho pescado”.
El estudio continuará su recorrido en las comunidades donde se puede observar la extracción y cómo están siendo afectadas. “Hay compromisos que no se han cumplido (…) y su excusa es que aportan al Estado. Está bien que aporten, ¿pero qué hay del desastre y lo que afectan a los cultivos?”, reclamó la autoridad.
Ya en julio del pasado año, indígenas amazónicos denunciaron a ANF que eran afectados por actividades extractivistas mineras que persistían pese a las restricciones durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19.
Dirigentes amazónicos alertaron que empresas extranjeras llevan adelante operaciones auríferas en ríos de los que dependen muchos pueblos indígenas.
Las empresas mineras que operan en las regiones altas de La Paz y Beni durante este tiempo de pandemia continúan trabajando y generando impactos directos sobre los pueblos indígenas que viven en las orillas de los ríos, como los Lecos, Mosetenes Chimanes, Tacanas y Uchupiamonas.
//ANF
