La Paz, 11 de diciembre de 2022 (ANF).- El Observatorio del Acuerdo de Escazú Bolivia registró en los últimos cinco meses 77 casos de vulneraciones a los derechos socioambientales en Santa Cruz vinculados con la distribución y ocupación irregular de tierras, la ampliación de la frontera agrícola, el crecimiento desordenado de la mancha urbana, la mala gestión de áreas protegidas y el abandono de guardaparques y bomberos de parte de las autoridades.
El Acuerdo Regional de Escazú fue ratificado por Bolivia el 2021 y el país asumió el compromiso de garantizar el acceso a la información; la defensa de las y los defensores ambientales; el acceso a un medioambiente sano para las presentes y futuras generaciones; y la participación y la justicia en asuntos ambientales.
Entre las vulneraciones se destaca el incremento de los incendios forestales que destruyó 683.000 hectáreas de bosque en el departamento y que tuvo como consecuencia la disminución de la calidad del aire de regular a mala en la ciudad de Santa Cruz.
“Los incendios, además, expulsaron a familias de sus viviendas y comunidades. No es posible cuantificar a la población desplazada y evacuada por el fuego, ya que no se ha identificado un informe oficial, al respecto, lo cual debe ser llamativo. La deforestación atraviesa territorios indígenas, áreas protegidas, bosques y áreas verdes urbanas. La base de esta deforestación es la expansión de la frontera agrícola y el crecimiento acelerado, desordenado e irregular de la mancha urbana del área metropolitana de Santa Cruz, sobre bosques y acuíferos”, indica el reporte del Observatorio.
Como consecuencia de esta depredación ambiental, el monitoreo destaca la desaparición de la Laguna Concepción. Además, como efecto del cambio climático, se advierte que la disminución de las lluvias será más recurrente, lo que provocará más incendios forestales con desaparición de especies de fauna, flora y comunidades indígenas.
Observatorio del Acuerdo de Escazú fue creado por la Liga de Defensa del Medio Ambiente, con el apoyo de AVINA y la red UNITAS, para realizar un monitoreo de las acciones que realizan las autoridades para cumplir con el Acuerdo que ratificó el Estado en 2021.
Las organizaciones también advierten una desatención de parte del Gobierno para proteger a los defensores ambientes frente a los ataques de los depredadores de la naturaleza que tienen actividades ilegales vinculadas al tráfico de madera, tráfico de tierras, minería ilegal, entre otras.
“La omisión de las obligaciones ambientales por parte de los
gobiernos, tiene como consecuencia que las y los defensores ambientales se
encuentren en posición de desigualdad frente a otros actores empeñados en
lograr ganancias rápidas en desmedro de la conservación de la Naturaleza y los
derechos socioambientales de la población. Mientras que las y los defensores
ambientales realizan sus acciones de defensa exponiendo su salud y su vida, los
que vulneran los derechos gozan del poder económico y político que los blinda
ante la aplicación de la ley, afectando impunemente a la población que, en los
últimos años, está experimentando los efectos de la destrucción y de la crisis
climática en su salud, en sus medios de vida y en sus culturas”, alerta el
Observatorio.
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