Periodista Rafael Archondo y el activista Pablo Solón . Foto: Archivo
La Paz, 15 de julio (ANF).- Activistas iniciaron una campaña de recolección de firmas en apoyo al periodista Rafael Archondo y al activista Pablo Solón quienes fueron denunciados por el Viceministerio de Transparencia por presuntos delitos penales cuando ejercieron funciones diplomáticas hace seis años.
La campaña también exige al gobierno detener la construcción de las represas de El Bala y El Chepete que derivarán en graves impactos al medioambiente.
“Los abajo firmantes nos hemos inspirado en los movimientos sociales bolivianos que han demostrado que otro mundo es posible. Desde la guerra del agua en Cochabamba hasta la aprobación de una nueva constitución del estado plurinacional en el 2009, Bolivia ha demostrado que es posible desafiar y presentar alternativas al post-colonialismo, al neoliberalismo, al poder de las transnacionales y al imperialismo estadounidense”, se lee en un comunicado que circula en redes sociales.
Seis años después de que Solón y Archondo dejaron las funciones diplomáticas en la representación de Bolivia ante las Naciones Unidas, el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en septiembre de 2016 los denunció por tres presuntos delitos penales: incumplimiento de deberes, anticipación y prolongación de funciones y nombramientos ilegales.
Después de que se conociera que el Gobierno impulsa un proceso penal en contra de Archondo y Solón, ambos coincidieron que es una acción política por “castigar” el pensamiento disidente.
Quienes activan la campaña destacan que "nos enteramos con gran decepción que uno de los principales organizadores de la histórica cumbre climática de Cochabamba, Pablo Solón, junto con Rafael Archondo, están siendo procesados por el gobierno boliviano con cargos criminales y posibles penas de prisión de hasta cuatro años. (…) Sólo pueden ser vistas como una intento de silenciar a Solón por su crítica pública al gobierno y a la construcción de dos mega proyectos hidroeléctricos, El Bala y Chepete, en la región amazónica”.
Sostienen que estos actos no son aislados, sino que “forman parte de una serie de acciones legales y amenazas contra individuos y organizaciones que tienen una reconocida trayectoria de lucha por la justicia social y ambiental en Bolivia” y califican el hecho como un “intento de silenciar la disidencia va en contra de los principios de la nueva constitución boliviana y atenta contra el avance del proceso de cambio en Bolivia”.
Exigen que se dejen sin efecto las falsas acusaciones contra Pablo Solón y Rafael Archondo, y detengan los proyectos destructivos de las represas de El Bala y El Chepete y aseguran que "Bolivia no tendrá ninguna credibilidad en temas del cambio climático y los derechos de la Madre Tierra si invierte en mega-represas y persigue a sus principales defensores del medio ambiente”,
Instan al Gobierno boliviano a demostrar que su discurso internacional sobre el ‘Vivir Bien’ y la defensa de la Madre Tierra no es una retórica vacía.
Finalmente sostienen que la construcción de mega-represas, es opuesta a los postulados del ‘Vivir Bien’, ya que de acuerdo con los propios estudios encargados por el Gobierno y realizados por la firma italiana Geodata, inundarían un área cinco veces mayor que la ciudad de La Paz, desplazarían a más de 5.000 indígenas y deforestarían más de 100.000 hectáreas de bosques. Además, ni siquiera serían económicamente rentables con los precios actuales de la electricidad en Brasil.
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