Uno de los piquetes de huelga de hambre de los maestros. Foto: El Integrador.
La Paz, 5 de enero (ANF).- Los cinco piquetes de huelga de hambre que instalaron los profesores en contra del nuevo Código de Sistema Penal se mantendrán, informó este viernes Wilfredo Siñani, dirigente de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia.
“Después de escuchar al presidente Evo Morales, a nivel nacional se ha decidido mantener los cinco piquetes de huelga de hambre que tenemos los maestros urbanos en La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Oruro”, dijo Siñani.
Ayer, el presidente Morales anunció que solicitará a la Asamblea Legislativa Plurinacional la derogación de dos polémicos artículos del Código de Sistema Penal, entre ellos el 205 que desató el conflicto médico, y el 137, que también provocó amenazas de medidas de presión de parte de los transportistas.
Asimismo, Morales informó que escuchando a los movimientos sociales, determinó que se revisen los artículos 293 y 294, que igualmente son cuestionados por otros sectores del país, como los maestros.
Sin embargo, “hasta este momento no tenemos un documento objetivo, un documento escrito, una firma que nos garantice lo que Evo Morales lo manifestó, (entonces) los cinco piquetes han indicado que no tienen confianza en el Presidente, ni Vicepresidente, ni en sus ministros”, agregó el dirigente Siñani, según el reporte de la radio Compañera.
Los profesores se sumaron con piquetes de huelga de hambre a la medida de presión iniciada por los médicos porque consideran que en el nuevo Código se atenta contra su derecho a la protesta.
El artículo 293 del Código señala que “la persona que, sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alce públicamente y en abierta hostilidad para deponer a alguna servidora, servidor, empleada o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes o decretos, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o trastornar o turbar el orden público, será sancionada con prisión de uno a tres años y prestación de trabajo de utilidad pública”.
Mientras el artículo 294 indica que “la persona que forme parte de una fuerza armada o grupo de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y pretendan ejercer tales derechos a su nombre, será sancionada con prisión de dos a cuatro años y, cuando corresponda, inhabilitación”.
Por eso “ha surgido en las organizaciones sociales la necesidad de pedir la abrogación total de esta norma”, apuntó Siñani.
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