La Paz, 3 de
enero (ANF).- El periodista y director de Brújula Digital, Raúl Peñaranda, calificó
este jueves como una acción de “amedrentamiento” del Gobierno contra su persona
y contra la prensa el inicio de un juicio penal de parte de la estatal Entel
por la publicación de una nota sobre la contratación de empresas de seguridad, que no estarían reconocidas
legalmente ni tendrían licencia de funcionamiento como establece la norma
vigente.
“Este anuncio
de un juicio penal yo lo atribuyo a un intento de amedrentamiento contra mi
persona y en general contra los periodistas ya que la nota de Brújula Digital
es breve, simple, correcta y está bien sustentada en la norma vigente”, informó
Peñaranda en una entrevista con ANF.
El comunicador consideró que esta medida es un “amedrentamiento
del Gobierno” porque Entel es una empresa pública y su gerente general es Óscar
Coca, quien ocupó varios cargos en el Ejecutivo, para evitar que información crítica
de esa empresa se conozca. .
Agregó que la acción es un “acoso a la libertad de expresión y
de prensa”.
El contenido de la nota, publicada el 21 de diciembre, señala
que Entel realiza licitaciones para compras e instalación de equipos a empresas
de seguridad sin exigir que éstas sean legalmente reconocidas ni tengan
licencia de funcionamiento como ordena la norma.
El comunicador explicó que el gerente nacional de
Administración y Finanzas de Entel, José Arturo Molina, envió dos cartas a ese
medio por la publicación y anuncian el inicio de acciones legales, las cuales “no tienen base”.
Dijo que se denunció el hecho ante la Asociación de
Periodistas de La Paz (APLP), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la
Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia que se prevé darán a conocer su
posición en las próximas horas. También envió su queja a entidades
internacionales como el Comité para la Protección de Periodistas.
Peñaranda además expresó su sorpresa porque la notaria Nelly
Segales Jarro se trasladó en persona hasta su domicilio, en Mallasilla, para
entregarle la misiva, lo cual no era necesario pues el documento podía ser
entregado por un mensajero.
El periodista afirmó que este caso no corresponde a un
proceso penal porque la Ley de Imprenta está vigente y debe ser tratado por un
Tribunal de Imprenta.
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