Violencia en Senkata. Foto archivo: Nodal
La Paz, 23 de septiembre (ANF).- Organizaciones expresaron su indignación por la criminalización a defensores de Derechos Humanos de la ciudad de El Alto como María Cristina Quispe, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Senkata (AVS), y David Inca Apaza, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto (APDHEA), ocurrida el 18 de septiembre.
Ambos “fueron detenidos arbitrariamente sufriendo el uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos policiales por el solo hecho de exigir justicia para las víctimas directas de los hechos y sus familiares”, se lee en el pronunciamiento público de las organizaciones.
Señalan que a solo dos meses de cumplirse un año desde que diez personas perdieran la vida por efecto del uso de armas de fuego y decenas resultaran heridas durante las protestas del 19 de noviembre de 2019 en Senkata, los acuerdos y compromisos que asumió el Gobierno nacional de brindarles ayuda humanitaria y asumir la atención médica para las víctimas no fueron hechas realidad, por lo que las víctimas solicitaban en puertas del Palacio de Gobierno entablar una conversación con el Ministro de la Presidencia Yerko Núñez, para expresarle su protesta.
El derecho a la reparación, en el caso boliviano, está constitucionalmente reconocido en el artículo. 113.I, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha delineando una línea jurisprudencial en la que desarrolló medidas de reparación con carácter integral y no únicamente patrimonial que son vinculantes para el Estado boliviano, aclaran las organizaciones en el documento.
Indican que los efectivos policiales de la UTOP, al “detener de manera arbitraria e ilegal” al representante de la APDHEA y a la presidenta de la AVS –ya liberados-, incurren en la “violación del derecho a la protesta” como extensión del ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la reunión pacífica.
Por esta situación, las organizaciones y personas firmantes, entre ellas la Fundación Construir, la Comunidad de Derechos Humanos y el Instituto de Terapia e Investigación de la Tortura (ITEI), exigen a las instancias gubernamentales realizar una investigación objetiva e imparcial sobre los hechos acontecidos en la zona de Senkata en noviembre de 2019, con el apoyo de entidades y expertos internacionales, que permita llegar hasta la verdad histórica de los hechos y la identificación de los responsables directos e intelectuales de tales hechos para su debido procesamiento y sanción penal.
También exigen la reparación integral a las víctimas y a su entorno familiar, incluidas la atención médica y psicológica y adoptar medidas de no repetición de los hechos.
Asimismo, demandan respetar, proteger y garantizar el trabajo y las acciones de las y los defensores de los Derechos Humanos de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, y evitar en todo momento su criminalización.
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