La Paz, 12 de mayo (ANF).- De
acuerdo a la normativa nacional los menores de seis años pueden vivir en las
cárceles de mujeres junto a sus madres, pero está prohibido que vivan en los
penales de varones, aunque la realidad vulnera el Código del Niño Niña y
Adolescente.
Según cifras oficiales 615 menores viven en las cárceles del país. Las normas establecen que los niños y niñas deben permanecer de manera prioritaria con el progenitor o progenitora que se encuentra en libertad, no obstante, si ambos están recluidos podrán mantenerse con la madre hasta los seis años.
A partir de la promulgación del Código Niña Niño Adolescente (NNA) el año 2014, queda terminantemente prohibida la presencia de menores en centros de adultos, sin embargo, a la fecha no se logró generar un programa de intervención que permita su retiro paulatino, pacífico y coordinado.
De acuerdo a Régimen Penitenciario, hasta febrero de este año, 615 menores de edad convivían con sus padres y/o madres en las cárceles del país; 420 en La Paz; 99 en Santa Cruz y 55 en Cochabamba; 550 niños son menores de seis años y 132 mayores de seis, quienes deben salir de las cárceles. Pero las cifras no oficiales siguen apuntando a un número mayor a 1.000 que viven expuestos a violencia física, emocional y psicológica.
Cárcel de mujeres de Obrajes . Foto: ANF
Niños en cárceles de mujeres: atacar la causa del problema
La activista en derechos humanos Marisol Quiroga se plantea una interrogante al momento de analizar la situación de las mujeres madres en las cárceles en relación con sus hijos. “¿Por qué las mujeres están en las cárceles?”, cuestiona, para quien ahí está el origen del problema.
Sostiene que desde una perspectiva de derechos humanos el dilema no es sacar o dejar a los niños y niñas con sus madres, porque en ambos casos se violentan los derechos de los menores.
“Si los dejamos ahí adentro los niños van a cumplir una pena privativa de libertad junto a sus madres, entonces, les estamos quitando el derecho a la libertad que ellos tienen. Si los sacamos y dejamos a sus madres ahí dentro, estamos rompiendo el derecho del menor a vivir con su familia, y ese es un derecho humano fundamental para el desarrollo de los niños”, asegura Quiroga.
Pero además, afirma que el problema de fondo es que el Estado y la sociedad deben analizar soluciones para que las mujeres y sus hijos no estén en una situación de privación de libertad, más aún porque en la mayoría de los casos las mujeres están acusadas por delitos de bagatela como hurto sin agravante, deudas menores, la Ley 1008, delitos contra la propiedad, entre otros.
La profesional sostiene que esas mujeres denunciadas por delitos menores “no deberían estar privadas de libertad”, lo que exige un cambio en la forma de ver y encarar la problemática. “Veamos el principio de ponderación, ¿cuántos bienes jurídicos estamos vulnerando por una mínima cuantía?", vuelve a cuestionar.
Reclama que la administración de justicia no aplique medidas sustitutivas a la detención preventiva como la detención domiciliaria o el pago de garantías que están vigentes en el país.
Las autoridades jurisdiccionales, en el marco del sistema penal, al momento de decidir la situación jurídica de las mujeres deben tomar en cuenta el “principio de prioridad social”, es decir si hay niños al cuidado de estas mujeres se debiera aplicar las medidas alternativas.
La experta en DDHH cuenta que hace cuatro años más o menos, de acuerdo a ley, se intentó sacar a los niños mayores de 6 años de las cárceles, para lo cual se planteó construir una casa para los menores en la cárcel de Obrajes.
El proyecto pretendía ofrecer infraestructura adecuada para los menores, con espacios de recreación, comedor, ambientes de aseo, de descanso, pero los niños no quisieron dejar a sus madres. “Cuando se les dijo que no irían con sus madres, ellos dijeron que no, comentaron que preferían dormir en los pasillos a estar sin sus progenitoras”, comenta.
En Bolivia no hay penales que tengan las condiciones de vida digna para los niños y niñas, todos han sido adaptados, en su mayoría no existen guarderías, no hay programas educativos ni de salud, situación que no mejora la calidad en el crecimiento de los menores.
Quiroga apunta a la necesidad de una política criminal que oriente en los motivos por los que las mujeres delinquen, “lo hacen porque hay una situación económica precaria”, por eso están generalmente involucradas en los delitos a la propiedad, en su mayoría no son autoras si no encubridoras, ya sea de sus parejas, familiares y otros, argumenta.
Sólo el 12% de las mujeres tienen sentencia, denuncia la Oficina Jurídica de la Mujer con sede en Cochabamba, esta retardación de justicia desemboca en que deban permanecer más tiempo con sus hijos en las cárceles y sean más propensas al abandono de sus parejas o sus familiares.
Las mujeres madres intentan crear un ambiente familiar en el penal, trabajan de lavanderas, hacen artesanía, y otras laborales para mantener y hacer estudiar a sus dependientes, ya que el Gobierno otorga un pre diario de Bs. 8 al día.
Cárcel de Palmasola . Foto: Archivo Correo del Sur
Niños en cárceles de varones: mayores niveles de vulnerabilidad
El Código del Niño Niña y Adolescente prohíbe la presencia de menores en los centros penitenciarios de varones, una disposición que no se cumple porque hay padres que tienen la tutela de sus hijos.
La norma es clara: “En forma excepcional, la niña o niño que no alcanzó seis (6) años de edad podrá permanecer con su madre, pero en ningún caso en los establecimientos penitenciarios para hombres”.
El argumento es que “en las cárceles de varones hay mayores niveles de vulnerabilidad. El Código es claro y nos dice que solamente las madres puedan vivir con sus hijos, (pero) también en las cárceles hay padres que por diferente circunstancias se han visto con la tutela y guarda de sus hijos”, dice Quiroga.
El tema es una disyuntiva latente para las autoridades y para la sociedad. Entre mantener o sacar a los menores de las cárceles. Su permanencia en los recintos es una permanente vulneración del derecho a la seguridad porque están expuestos a riesgos, sobre todo en las cárceles de varones.
Pero por otro lado “no se puede separar a un padre de sus hijos, es una violación al derecho a vivir en familia y crecer en un entorno de amor, cariño y protección. El Estado también debería dar una mirada a estos casos especiales de padres con niños en las cárceles. Ver la situación jurídica de estos padres, cuántos podrían obtener la libertad”, refiere.
Imagen ilustrativa . Foto: Internet
Los niños deben salir de las cárceles
El pastor de la iglesia Adventista Heber Michel, que trabaja con voluntarios en el penal de San Pedro, afirma que los menores que viven en la cárcel son fuertemente influenciados por el entorno. “Para que haya niños debe haber condiciones. Además hay un marco legal que debe cumplirse”, para que no permanezcan ahí.
Añade que además de los problemas de falta de seguridad, hay hacinamiento, en las celdas o cuartos habitan niños, adolescentes y adultos en medio de muchos riesgos; no hay higiene lo que genera enfermedades; incluso el lenguaje de los reclusos no es el mejor y los menores están expuestos a ese tipo de convivencia. Además del consumo de bebidas y drogas, violencia, violaciones, hechos que se registran al interior del penal.
“Hay una alta tasa de reincidentes, si son reincidentes no tienen la intención de rehabilitarse, después de eso vuelven a reincidir. Con ellos conviven los menores”, contó, al sentenciar que “lo que se tiene que hacer, aunque es duro, es sacar a los niños de las cárceles”, señala.
Imagen ilustrativa . Foto: Internet
Derecho a la familia
En abril de este año el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto aseguró que la salida de los menores que viven en las cárceles está afectando el derecho a vivir en familia.
“Este tiempo que se ha estado evacuando la salida de las y los niños de las cárceles, ha quedado afectado la temática del derecho de la niñez a vivir en familia”, sostuvo.
La declaración contradice la política anterior de la Defensoría, que buscaba que los niños abandonen las cárceles, y también la del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y de la Unión Europea. Esas entidades han pedido que el Estado boliviano retire a los niños de un lugar tan peligroso como los penales.
/MAMP/
