La Paz, 11 de abril (ANF).- En la denuncia que presentó la esposa del magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Orlando Ceballos, Carmela Torrez, el 10 de marzo, dijo que este le dio una “patada en la cintura baja” y que las agresiones comenzaron desde el inicio de su matrimonio.
Este jueves el portal Brújula Digital publicó el contenido de una copia de dicha denuncia que Carmela T. realizó contra su esposo, en la ciudad de Sucre. En la misma dijo que el problema se inició cuando le reclamó por un viaje que él había realizado.
“Pero la reacción de mi esposo fue violenta, dándome golpes de puño en la cara ocasionándome un daño en el ojo izquierdo, me dio golpes en el brazo izquierdo, en la espalda me dio varios golpes, empujándome hacia los vestidores y me dio una patada en la cintura baja”, dice la denuncia obtenida por ese portal.
También contó a la Policía que en esa ocasión su esposo le había dicho que era “una puta de mierda, ramera” y que es una “burra”. Además, le advirtió, dijo la denunciante, de que ella podía ir “dónde quiera”.
“(Ceballos) le dijo que la va a destruir, que a ver quién le va a dar trabajo y que se vaya a quejar donde quiera”, agregó.
Respecto de cuándo se iniciaron las golpizas, la denuncia expresa que “no es la primera vez que ocurren las agresiones físicas y verbales, siendo de manera continua desde el inicio del matrimonio”.
Todas esas agresiones “que recibió a lo largo de estos años” fueron cometidas “en estado de sobriedad”, expresó Carmela T.
La esposa del magistrado denunció el 11 de marzo haber sido agredida físicamente y psicológicamente. Presentó el certificado médico forense, que establecía siete días de impedimento, por los hematomas que presentaba.
Sin embargo, tres días después Ceballos y su esposa aparecieron juntos ante los medios de comunicación. El magistrado minimizó el caso e intentó justificar como problemas propios de un matrimonio. Luego de ello su esposa se retractó de su denuncia.
Tras pedir permiso en el TCP para defenderse del proceso, Ceballos retomó este martes sus funciones en esta entidad. La medida se conoció luego que su esposa presentará una solicitud de extinción de la acción penal para dar fin al proceso contra la autoridad.
Pese a ello, tanto parlamentarias del oficialismo como de la oposición pidieron que renuncie a su cargo y amenazaron, que en caso de que no lo haga, le iniciarán un juicio de responsabilidades. A estas, el miércoles se sumó la La Defensoría del Pueblo, que emitió un pronunciamiento en el que rechaza el pedido de cerrar el caso de violencia familiar contra el magistrado y pide la renuncia de la autoridad.
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