Al centro, Waldo Albarracín, rector de la UMSA.
La Paz, 29 de diciembre (ANF).- El Honorable Consejo Universitario (HCU) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) determinó vetar a las autoridades de Gobierno que son docentes en esa casa de estudios superiores por alentar y promover la violación de su autonomía por parte de la Policía.
“Determinar la aplicación del veto universitario en contra de las Autoridades Gubernamentales, quienes no obstante de su condición de docentes universitarios promovieron, alentaron e instruyeron el allanamiento a los predios de la Universidad Mayor de San Andrés violando de esa manera la Autonomía Universitaria”, señala el artículo tercero de la resolución que dio lectura el rector Waldo Albarracín.
El pasado 21 de diciembre efectivos policiales ingresaron a predios de la UMSA, para perseguir a estudiantes de Medicina que protestaban en contra el artículo 205 del nuevo Código del Sistema Penal y del Decreto Supremo 3385 que crea la nueva autoridad de fiscalización del sector.
Albarracín aclaró que el veto se aplicaría en el marco del Estatuto Institucional de la UMSA, aunque no quiso adelantar nombres de los docentes que serían afectados.
“Me parece de doble moral estar en el Gobierno y al mismo tiempo promover una acción represiva contra la universidad”, remarcó el rector.
Dijo que los casos identificados se tratarán en el HCU y se valorarán las pruebas correspondientes antes de aplicar la resolución.
El HCU también determinó “Dejar sin efecto la Resolución del Comité Ejecutivo” que dispone la suspensión del receso universitario a partir de la fecha, “debiéndose reincorporar autoridades, docentes, estudiantes y administrativos a sus actividades cotidianas”.
Además determinó la “participación protagónica de toda la Comunidad Universitaria” en el movimiento liderado por el área de Salud y todos los sectores profesionales ante la petición de abrogación del Código del Sistema Penal y el DS. 3385.
Convocó también a la comunidad universitaria a marchar el próximo jueves 4 de enero en defensa de la autonomía y en repudio al allanamiento sufrido, y en exigencia para que el Gobierno convoque a los sectores en conflicto al diálogo sin condiciones, a fin de encontrar una solución al problema.
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