La Paz, 3 de mayo (ANF).- Persisten las actividades ilegales en áreas protegidas y territorios indígenas en Bolivia. Hace unas horas, corregidores del Territorio Indígena Multiétnico (TIM I), en Beni, declararon estado de emergencia en sus comunidades debido al ingreso de personas ajenas al territorio, quienes estarían extrayendo madera, cazando y pescando de manera ilegal, por lo que anunciaron la instauración de mecanismos de defensa territorial, en el marco del ejercicio de la jurisdicción indígena.
“Nos declaramos en estado de emergencia y anunciamos que inmediatamente instauraremos una serie de mecanismos de defensa territorial. Delegamos a cada uno de los corregidores del territorio que en trabajo conjunto a sus comunidades y la dirigencia de la Subcentral del TIM y la Organización de Mujeres del TIM, iremos consolidando trancas, puntos de control y otros para vigilar y monitorear atentamente el ingreso de cualquier persona ajena al territorio”, expresan en una resolución que emitieron recientemente.
De acuerdo a un reporte del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), el TIM I alberga a 26 comunidades de los pueblos indígenas Movima, Chimán, Yuracaré, Mojeño Ignaciano y Mojeño Trinitario. De acuerdo con los títulos ejecutoriales emitidos en julio de 2008, diciembre de 2016 y agosto de 2019, las comunidades se constituyen en “los únicos y legítimos dueños y guardianes del Territorio, por lo que el ingreso de terceros debe ser autorizado por las autoridades indígenas”.
En varias oportunidades y diferentes dirigentes indígenas denunciaron del ingreso de personas ajenas a sus territorios, específicamente en el TIM I.
En marzo de 2020, las autoridades indígenas también denunciaron el ingreso de terceros, quienes habrían desarrollado explotación maderera, caza y pesca sin autorización de las y los corregidores, por lo cual, en el contexto de la pandemia y la cuarentena nacional por el Covid-19, en ese entonces prohibieron cualquier ingreso de desconocidos a las comunidades.
Es así que el presidente del TIM I, Rolin Salvatierra, explicó al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas (ODPIB) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), que la resolución se emitió debido a que las y los corregidores denunciaron el ingreso de personas ajenas a las comunidades, sin permiso de las autoridades o de la subcentral para cazar o pescar lo cual pone en riesgo al territorio y su sostenibilidad.
“Nosotros tenemos en nuestro territorio nuestra justicia indígena. Cuando un cazador se entra y no hace caso, hay que poner nomas la justicia comunitaria, ya sea sanción o wasca, de acuerdo a lo que se establece. Lo estamos haciendo más que todo pata cuidar los recursos naturales que tenemos”, expresó Salvatierra.
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