La Paz, 29 de diciembre (ANF).- Los últimos incendios en la Chiquitanía continúan siendo tema de análisis desde las causas y las consecuencias. Autoridades e instituciones asumen que parte de estos escenarios fue la distribución desproporcionada y desequilibrada de la tierra, además de actividades que generan desmontes y quemas descontrolados. Se determinó, por ejemplo que al menos el 20% de las tierras quemadas son empresas agropecuarias de zonas ganaderas y muchas de ellas con extensiones superiores a las permitidas en la Constitución Política del Estado (CPE).
Fueron los meses de agosto y septiembre en los que Santa Cruz sufrió uno de los mayores incendios forestales en la historia del país. El informe de investigación de la Fundación Tierra establece que la superficie quemada en ese departamento asciende a 3,6 millones de hectáreas, lo que equivale al 9,6% del territorio cruceño. El segundo departamento afectado por el fuego fue Beni con 1,1 millones de hectáreas. A nivel nacional, la superficie quemada sumó 5 millones de hectáreas.
“El 47,3% de la superficie quemada es propiedad privada (individual y colectiva) y el resto, 52,7%, es tierra fiscal o de propiedad estatal. Las propiedades privadas afectadas están mayormente consolidadas con títulos de propiedad otorgados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). En orden de importancia, las propiedades incendiadas son la empresa agropecuaria (grandes propiedades ganaderas), las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), las medianas propiedades, las propiedades comunitarias y las pequeñas propiedades”, detalla este estudio.
Los incendios en la región oriental se concentraron en cuatro zonas: San Ignacio de Velasco, San Matías, Concepción y corredor San José de Chiquitos-Puerto Suárez.
En estas zonas fue la actividad ganadera, nuevamente puesta de manifiesto, tras evidenciar sus grandes extensiones. “El papel protagónico de los grandes ganaderos se acentúa por el hecho de que varias propiedades fueron tituladas recientemente y tienen extensiones mayores a las permitidas por la CPE, es decir, mayores a cinco mil hectáreas”, asevera la Fundación Tierra en este informe “Fuego en Santa Cruz. Balance de los incendios forestales 2019 y su relación con la tenencia de la tierra”.
El análisis presentado en el documento menciona, por ejemplo, a la propiedad “Compañía ganadera exportadora importadora boliviana S.A.”, que fue titulada el año 2016, con una extensión de 17 mil hectáreas,14 mil de ellas fueron arrasadas por el fuego. Otra propiedad es “El Curichi” de una familia que tiene 14 mil hectáreas en proceso de titulación, de las cuales más de 6 mil fueron incendiadas.
También se registra la propiedad “Hacienda Chapadao”, con más de 11 mil hectáreas tituladas en el año 2018 y cerca de 7 mil hectáreas quemadas en los incendios. “No son las únicas propiedades con estas características, al menos, 17 propiedades ganaderas han sido incendiadas y todas tienen una extensión mayor a las cinco mil hectáreas definidas constitucionalmente. Solo dos de estas propiedades tienen títulos de propiedad anteriores al 2015”.
El artículo 398 de la CPE establece que “se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. La superficie máxima en ningún caso podrá exceder de cinco mil hectáreas”.
//CSC
