La Paz, 12 de enero (ANF).- Una acción de inconstitucionalidad abstracta en el Tribunal Constitucional Plurinacional busca que se declare ilegal la transferencia de la administración y distribución del Subsidio Universal Prenatal por la Vida al Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).
Los diputados Norman Lazarte, Jimena Costa y Rose Marie Sandoval interpusieron el recurso, porque consideran un “absurdo” que se haya transferido la distribución y administración del subsidio de lactancia a “una incubadora de empresas” como es el Sedem, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Costa informó que además las diputadas Fernanda San Martín e Isabel Bustamante son parte de la investigación que han iniciado a este tema, después que recibieron denuncias sobre el subsidio de lactancia.
En septiembre de 2017 se promulgó el decreto supremo 3319 que definió las entidades encargadas de determinar la lista de productos, selección de proveedores y la distribución del subsidio prenatal, de lactancia, universal y prenatal por la vida, así como la entidad encargada de su control y fiscalización.
“En los últimos tiempos han transferido su administración a la incubadora de empresa y luego han transferido el total del subsidio al Sedem que está bajo dependencia del Ministerio de Desarrollo Productivo. Es un absurdo total”, declaró Costa a ANF.
Los legisladores sostienen que el Sedem no tiene la experticia para garantizar y verificar las condiciones de seguridad de la salud pública y de sanidad como se supone tiene el Ministerio de Salud del que históricamente dependió el subsidio.
Con la acción judicial, los legisladores buscan que el TCP declare “la inconstitucionalidad de los artículos 3, 4, 6 y la disposición adicional única del Decreto Supremo 3319 de 6 de septiembre de 2017”.
En el recurso también solicitan que el presidente Evo Morales sea citado en el marco de los procedimientos para que responda a la acción de inconstitucionalidad toda vez que es el emisor de las normas que en su criterio vulneran la Constitución Política del Estado.
Asimismo, solicitan medidas cautelares, como una orden de suspensión y aplicación del decreto supremo 3319 en tanto el TCP resuelva en el fondo la acción interpuesta.
“Cómo es posible que a través de una norma (el Sedem) (…) una instancia para fortalecer las empresas que no tiene nada que ver con salud se hace cargo de las licitaciones y las compras y con serios problemas”, protestó Costa.
El recurso fue presentado en octubre de 2017, fueron notificados con la “admisión” en el mes de diciembre y aunque no se cumplieron los plazos, Costa señaló que esperan que la entidad del control constitucional dicte un fallo a favor de la demanda.
Para Costa existen responsabilidades en las autoridades que cedieron sus competencias y en aquellas que recibieron facultades que no les corresponde.
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