La Paz, 23 de agosto (ANF).- La pandemia llegó a Bolivia en un momento crítico en el que aún se salía de un conflicto político y social del 2019. Y mientras la mirada se vuelca en esos temas de gestión, las actividades productivas como la agrícola no paran, pero pese a ello, las entidades estatales no están tomando en cuenta a este sector para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria.
Roxana Liendo, experta en seguridad y soberanía alimentaria explica quesi bien la pandemia ha paralizado las diferentes actividades económicas y sociales, los ciclos de la vida no se detienen y uno de ellos es el agrario en altiplano y valles con la época de la siembra.
“Sin embargo, no se observan preparativos para esta siembra. Las entidades estatales relacionadas con la producción agrícola o la planificación del desarrollo no dan señales de que estén considerando esta crisis como una gran oportunidad para impulsar la seguridad y soberanía alimentaria con base en la agricultura familiar”, destaca Liendo.
Y es que durante esta emergencia sanitaria con medidas como el confinamiento y cuarentenas, los mercados han estado abastecidos de productos que vienen directamente de la agricultura familiar campesina, un sector que en este tiempo no ha recibido la atención y gestión debida.
“Es éste sistema productivo el que produce los alimentos que consumen las familias bolivianas, y porque a pesar de haber disminuido la población rural en las últimas décadas, por incremento de la migración campo/ciudad, lo que se ha mantenido, y no se reconoce, como elemento sustancial dentro de la planificación del desarrollo nacional, es que en realidad existe una doble residencia y que pocas veces los migrantes cortan los lazos de unión con su comunidad de origen”, establece la experta.
El Censo Agropecuario de 2013 mostró que habían aumentado las comunidades rurales y que en Bolivia existen 871.921 Unidades Productivas Agropecuarias (UPAS), de las cuales el 95% corresponde a productores de la agricultura familiar, alrededor de 4 millones de personas, y que 3 de cada 4 habitantes rurales indican que su actividad principal es la agropecuaria, es decir son productores de alimentos. Por ello la importancia de este sector a la hora de hablar de seguridad y soberanía alimentaria.
Un estudio reciente sobre la contribución de la agricultura familiar campesino indígena en Bolivia, elaborado por el Instituto de Investigaciones Socio Económicas (IISEC) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) muestra que el 96% de los 39 productos de la canasta básica, entre hortalizas, tubérculos y frutas, es producido por la agricultura familiar. Analizando el consumo interno de alimentos, diversos estudios muestran que el 65% proviene de la agricultura familiar, el 3% de la agricultura no familiar y el restante 32% de importaciones y del contrabando.
“La agricultura familiar es rica en su diversidad, genera autoempleo y empleo jornalero en épocas de siembra y cosecha; hace un manejo sistémico de la parcela en concordancia con su medio ambiente con respeto a los recursos naturales. Y, pese a ello, el ingreso anual promedio de las familias campesinas, según un último estudio de CIPCA, es de alrededor de 4,000 dólares al año”, agrega Liendo.
Son muchos los obstáculos que deben atravesar estos productores, como las malas condiciones de ensilaje, los pésimos caminos vecinales, la falta de transporte hacia los mercados, la acción de los intermediarios y la desigual competencia con el contrabando de alimentos. Esto genera bajos ingresos y obliga a que la población migre hacia los centros urbanos.
“Sin embargo, la pandemia ha demostrado que se ha producido un retorno al campo, visto como refugio frente a la falta de ingresos, al hambre y a la enfermedad. Son numerosos los testimonios de que las familias que retornaron de la ciudad al área rural han dado vida a las comunidades, construyeron habitaciones, agrandaron las casas paternas, demandaron parcelas que habían abandonado”, finaliza Roxana Liendo.
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