La Paz, 17 de septiembre (ANF).- En medio de los incendios que se registran el Bolivia y que han afectado ya casi 900 mil hectáreas en esta gestión, se debate nuevamente la urgencia de proteger los bosques y territorios indígenas frente a tales eventos. En la reciente investigación: “Impactos del modelo productivo agroindustrial en Bolivia”, se detalla que entre 2013-2018 se perdieron 755.743 hectáreas de bosque.
Los investigadores Vincent Vos, Silvia Gallegos, Stanislaw Czaplicki-Cabezas y Carmelo Peralta-Rivero detallan en su artículo “Biodiversidad en Bolivia: Impactos e implicaciones de la apuesta por el agronegocio” que de ese total de bosques perdidos por la deforestación, el 77% ya fueron destinados al uso agropecuario. “El restante 23%, aunque todavía no haya sido destinado para uso agropecuario, ya no representa cobertura boscosa, mostrando la degradación de esos espacios”.
Tras este incremento de focos de calor, avance de los incendios, afectación en bosques y territorios indígenas y una ola de demandas, ayer la presidente Jeanine Áñez decretó “emergencia nacional” y abrogó el cuestionado Decreto Supremo 3973 del ex mandatario Evo Morales que permitía las quemas y los chaqueos.
“Estamos acá para impulsar con todo y frenar los incendios. Lo que pasó el año pasado (en la Chiquitania) fue demasiado triste y conmovió a Bolivia entera”, indicó Áñez en el sector de la Chiquitanía, que en el 2019 fue abatida por los incendios.
Sin embargo, los investigadores apuntan que, a pesar de las múltiples exigencias de ajuste de las normas, en los primeros meses del 2020 “el gobierno de transición viene reforzando la apuesta al agronegocio y las tendencias de deforestación y focos de calor presentan un aumento muy preocupante, incluso mayor que en 2019”.
Frente a este panorama, se recomienda que para evitar una “desastrosa” pérdida de biodiversidad y sus múltiples beneficios ambientales en un futuro cercano, “será necesario replantear urgentemente el modelo de desarrollo promovido desde el Gobierno Nacional”.
Un punto importante que se afirma en esta investigación, encaminada por el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), es que entre el 2010 y el 2020, el gobierno del MAS y la actual administración transitoria “han ido transgrediendo el marco legal que protege a los bosques, por su importancia para los seres vivos y todas las funciones ecológicas que proporciona, y limita la expansión del agropecuario a costa de los bosques y de la seguridad alimentaria del país”.
Esta transgresión, afirman los investigadores, se basa en un conjunto de leyes que pretenden apoyar al sector agropecuario desde la producción, procesamiento, transporte y comercialización de los productos. “Un ejemplo contundente es el de la expansión agropecuaria en zonas de bosque, que se da, entre otros, por las Leyes 741, 1171 y el D.S. 3973 que fomentan los desmontes además del perdonazo en 2013 de todas las sanciones por deforestación ilegal llevada a cabo entre 1996 y 2011”.
Posteriormente, el 2014 y 2015 se consolidan dos perdonazos adicionales consecutivos para dichos años. “Finalmente, estas medidas se complementan con la ampliación de la verificación de la Función Económica Social (FES) de dos a cinco años aprobado en 2015. Así mismo se trata de dar toda la seguridad jurídica necesaria a los empresarios agropecuarios para que inviertan en deforestar y que no se preocupen de acumular superficies de tierra extensas sin necesariamente tener que darles un uso productivo”.
Datos oficiales establecen, por ejemplo, que la inversión pública anual destinada al sector agropecuario es de 150 a 200 millones de dólares (MDRyT, 2020). “Entre otros, vale remarcar que la mayor inversión pública de la historia del país no fue el rubro hidrocarburífero, sino en el establecimiento de la Planta Industrializadora de Urea y Amoniaco de Bulo Bulo, con más de 950 millones de USD, un monto que equivale a más de 10 veces el presupuesto anual de todo el Ministerio de Medio Ambiente y Agua”.
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