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Sociedad

16 de febrero de 2020 16:35

En un mes llega a Bolivia el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza por el "ecocidio" en la Chiquitania

El Tribunal es un espacio “subsidiario” de los Estados que no han reconocido ni reconocen los derechos de la naturaleza, “es un espacio de la organización civil que pretende visibilizar estos derechos a través de personas con legitimidad, ética y moral que hemos elegido como jueces de esos tribunales para que puedan emitir veredictos en casos de violaciones de los derechos de la naturaleza”, destaca su representante.

tidn-santiago Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza llegará hasta el sector afectado. Foto Archivo: Solón

La Paz, 16 de febrero (ANF).- Una comisión de cuatro miembros del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza llegará al país el 15 de marzo para llevar adelante una evaluación sobre el “ecocidio en la Chiquitanía” y establecer recomendaciones para que los incendios no se repitan y generen más daños irreversibles en el ecosistema.

“Lo que se busca es visibilizar lo que ocurrió en la Chiquitanía, lo que han provocado estas quemas, qué leyes y decretos han facilitado y promovido de alguna manera que se den estos incendios. Es con el objetivo de que esta comisión pueda emitir recomendaciones para que estas leyes y decretos puedan ser cambiados y no se repitan estas quemas”, detalla la secretaria del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, Naty Green de Ecuador.

Fueron organizaciones civiles las que presentaron el caso de “Ecocidio en la Amazonia y la Chiquitania” durante la Quinta sesión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza realizada en Santiago de Chile hace unas semanas, por lo que se determinó llevar a cabo esta visita. 

Uno de los mayores y devastadores incendios en Bolivia se registró desde el mes de agosto de 2019 en la región de la Chiquitanía, con consecuencias irreparables y a poco tiempo de que el expresidente Evo Morales aprobara el cuestionado Decreto Supremo 3973 (el 9 de julio), que autoriza el desmonte y quema “controlada” de bosques para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.

//CSC

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