La Paz, 6 de febrero (ANF).- La diputada Fernanda San Martín retrucó a la gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, Patricia Ballivián, y le exigió dejar de “mentir”, porque todos los productos procesados y agropecuarios deben tener registro del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).
La legisladora se ampara en la Resolución Administrativa 092/2007 del Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuaria que establece el sistema de codificación de alimentos y bebidas para el consumo humano. “Le pediría a la directora del Sedem que se informe o que deje de mentir, porque parece que le está mintiendo a la población”, sostuvo.
La resolución fija el sistema de codificación en 19 grupos de productos, que según San Martín “todos los productos deben tener certificación” del Senasag, lo que no estaría ocurriendo con 41 productos del subsidio de lactancia”.
San Martín, Jimena Costa e Isabel Bustamente denunciaron que de 90 productos del subsidio de lactancia 41 no tienen registro del Senasag, lo que es altamente preocupante más aún cuando son alimentos que son para las madres gestantes.
Ballivián, aseguró este lunes que todos los productos que se distribuyen dentro de los subsidios universal y prenatal y de lactancia materna tienen registro sanitario otorgado por el Senasag y lamentó la denuncia de tres diputadas que señalaron que 41 alimentos no estarían garantizados.
“Quiero garantizar, ratificar a toda nuestra población, que todos los productos que se entregan en el subsidio tienen registro sanitario”, remarcó Ballivián, aclaró que de acuerdo a norma, los registros son para productos transformados”.
La diputada San Martín con base en la resolución dijo que “Las verduras también están en la clasificación de legumbres. Tienen que tener certificación. Esto es un atentado a la salud pública”, sostuvo en relación a los productos no transformados.
La legisladora anticipó que en el tema del subsidio de lactancia existe otra irregularidad vinculada a los costos de distribución, los que de acuerdo a la investigación que realizaron se incrementó en más del 100%.
“Antes la distribución la hacía una empresa que cobraba el 4,5% del monto referencial del salario mínimo, desde que pasó al Sedem se ha duplicado al 10%, el 10% en el costo de distribución, eso es un sobreprecio”, afirmó.
/NVG
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