La Paz, 11 de julio (ANF).- La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores ordenar al personal del Consulado de Bolivia, en Santiago de Chile, que establezca un trabajo conjunto, coordinado y complementario con entidades chilenas que coadyuvan en la repatriación de ciudadanos bolivianos que se encuentran varados en ese país, a fin de viabilizar el retorno de todas estas personas.
El pedido surge tras conocer de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), por información que recibió del Instituto Católico Chileno de Migración, indicando que existen problemas en el relacionamiento entre el Consulado boliviano y las instituciones chilenas que apoyan a las y los ciudadanos bolivianos.
“Según hizo conocer el INDH de Chile, desde el inicio de la cuarentena ya se generaron problemas con el Consulado de Bolivia, debido a que cuando los ciudadanos bolivianos se apersonaban a las instalaciones no había personal que los atienda, situación que fue corroborada por la Gobernación, la Intendencia de Santiago, la Municipalidad de Recoleta y el Instituto Católico Chileno de Migración – INCAMI”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
El INDH en una nota dirigida a la Defensora señala que el INCAMI informó que “la comunicación entre el Consulado y todas las personas que colaboramos fue difícil y nunca hubo por parte del Cónsul, Gonzalo Montenegro, un real interés y conocimiento de la situación en la que viven sus compatriotas en Chile, desconociendo dónde viven, en qué trabajan y la situación actual que los dejó en extrema vulnerabilidad, siempre dudando de esto y aduciendo que existía la posibilidad que se tratara de una especie de conspiración de índole política”.
El Cónsul boliviano tampoco se habría presentado a la recepción de los establecimientos acordados para cumplir la cuarentena por parte de los ciudadanos bolivianos, dejando que funcionarios consulares lo hagan, alegando que ellos eran los representantes del Consulado.
Asimismo, indica que el personal consular desconoció todo el trabajo realizado por las instancias de ayuda humanitaria y autoridades chilenas, que posibilitó la creación de diversos albergues, dotación de alimentación diaria, asistencia médica, asistencia en dotación de insumos de aseo personal, costos de pasajes y otros.
Ante esa situación, la Defensora exigió a la canciller Karen Longaric garantizar y considerar medidas administrativas ante el mal desempeño de los funcionarios consulares en Santiago de Chile.
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