La Paz, 4 de abril (ANF).- Según los datos oficiales, en Bolivia más del 63% de las mujeres que fueron atendidas durante su parto en un centro de salud, fueron víctimas de violencia ginecobstétrica, señala la Defensoría del Pueblo que elaboró una propuesta de política pública para prevenir este tipo de violencia de género.
“La violencia obstétrica y ginecológica involucra distintos tipos de violencia hacia las mujeres, como la violencia física, psicológica, institucional y simbólica, no obstante, se constituye en este momento la violencia de género menos registrada, más silenciada y naturalizada en nuestra sociedad”, afirmó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz Tarifa, quién indicó que la mencionada propuesta fue presentada el miércoles a los ministerios de Justicia y de Salud.
No obstante, la autoridad precisó que la Encuesta de Prevalencia y Características de Violencia contra la Mujer del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2017, muestra quejas de mujeres que indicaron que en los últimos cinco años fueron sometidas a múltiples formas de maltrato durante su gestación, parto y postparto.
Los mayores reclamos apuntan a los hospitales públicos con un 68,3%, a nosocomios de la seguridad social con 64,2% y un 35,4% en clínicas privadas.
“Este dato nos confirma que la violencia obstétrica se presenta en todos los estratos sociales y aun cuando se pagan altas sumas de dinero por el servicio”, remarcó la Defensora.
Recordó que ya en 2004, la Organización Mundial de la Salud (OMS) por primera vez se refirió específicamente a la violencia obstétrica y declaró que “en todo el mundo, muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no sólo viola los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también amenaza sus derechos a la vida, la salud, la integridad física y la no discriminación”.
La propuesta trabajada por la Defensoría del Pueblo contó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y tiene como principal objetivo contribuir a garantizar el respeto y protección de los derechos de mujeres durante el embarazo, parto y puerperio; aportando, además, en la eliminación de prácticas y actitudes racistas y/o discriminatorias de parte del personal de salud.
Su construcción está basada en consultas realizadas a diversos actores del sector salud y de la sociedad civil, en las que se recogieron insumos; asimismo, se llevaron a cabo grupos focales y entrevistas en profundidad en los nueve departamentos del país a representantes del Ministerio de Salud, ginecólogos, ginecólogas, obstetras, licenciadas en enfermería, licenciadas en trabajo social de establecimientos de salud de II y III nivel; representantes de SEDES; oficinas del Defensor del Paciente; representantes de instituciones como UNFPA, CIES, OPS/OMS, Mesa de Maternidad y Nacimiento Seguros y la Red Boliviana de Humanización del Parto y Nacimiento.
De manera paralela se revisaron normativas tanto de países cercanos a la región como de Bolivia, relativas al tema.
En ese marco, se logró identificar una serie de problemáticas que dificultan la prevención de esta violencia, como son la prevalencia de una formación médica, normas de conducta, políticas institucionales y prácticas, que resultan en una despersonalización de las mujeres en la atención ginecobstétrica; prevalencia de prácticas de atención que incumplen con lo establecido en la normativa de salud con relación a la aplicación de las mejores prácticas basadas en la evidencia, para la atención del embarazo, parto, nacimiento y puerperio; pérdida de autonomía de las mujeres por la falta de respeto a su capacidad y protesta de decidir de manera libre e informada sobre su cuerpo y sexualidad.
También se identificó una atención de la salud reproductiva y en especial de la salud materna, en base a la comodidad y el protagonismo del personal médico, de enfermería, internos y residentes; vigencia de prácticas de atención del embarazo, parto, nacimiento y puerperio que otorgan poco valor a la participación e involucramiento de la pareja, la familia y la comunidad; espacios no adecuados ni acondicionados para brindar una atención humanizada del parto y nacimiento; inexistencia de mecanismos de registro y atención a la violencia ginecobstétrica; y prevalencia de una cultura y sociedad permisiva de este tipo de violencia.
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