La Paz, 8 de abril (ANF).- La Defensoría del Pueblo identificó irregularidades en el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de La Paz, instancia que cobraría Bs 250 y 350 a los solicitantes de adopción de menores. Pidió a la Fiscalía investigar el caso.
Este hallazgo se realizó durante la investigación que realiza esta entidad, con asistencia técnica de UNICEF, para conocer la situación de las adopciones nacionales e internacionales en Bolivia. A partir de este estudio, la instituciòn propuso acciones para mejorar los procesos de adopción, informó este miércoles la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
Esta investigación se realizó en las instituciones involucradas en el proceso de adopción: Defensorías de la Niñez (DNA), los Servicios Departamentales de Gestión Social (Sedeges) o Servicios Departamentales de Política Social (Sedepos) y los Juzgados Públicos de Niñez y Adolescencia.
Tras el hallazgo de los cobros irregulares por parte del Sedeges, Cruz pidió al Ministerio Público a iniciar una investigación, ya que estos vulneran el principio de gratuidad, establecido en el artículo 10 de la Ley 548.
Otros hallazgos
La investigación defensorial también evidenció el uso desmedido del acogimiento institucional, que se refleja en una cantidad significativa de niñas, niños y adolescentes en centros de acogida, incluso por un tiempo superior a los 15 años, y sin que su situación socio legal haya sido resuelta.
A esto se suma que no se cuenta con registros oficiales sobre la cantidad de menores en centros de acogida y en condición de adoptabilidad, ni las tipologías por las cuales están en esos lugares, lo que no permite a personal de DNA y los Sedeges / Sedepos a realizar un trabajo oportuno.
Otro problema identificado es la falta de una cultura de adopción, que lleva a que los solicitantes para adoptar no reciban una atención adecuada, empática y transparente en el servicio administrativo y sistema judicial, lo que genera que pierdan interés o abandonen el trámite.
A este se suma la inexistencia de personal suficiente y especializado en derechos humanos. Esto según el informe “ocasiona inseguridad para el cumplimiento de responsabilidades y competencias por parte de operadores del sistema de protección, tanto a nivel administrativo como judicial”. Asimismo, permite discrecionalidad en los formatos sobre idoneidad y adoptabilidad, lo que ocasiona el “fracaso de la adopción” o la “devolución del niño o niña adoptado”.
Recomendaciones
Debido a los resultados de la investigación la Defensoría del Pueblo emitió cinco recomendaciones a las distintas instancias relacionadas con la adopción con el fin de mejorar este mecanismo.
Entre estas, recomendó que DNA y los Sedeges / Sedepos y los Juzgados Públicos de Niñez y Adolescencia prioricen una solución permanente frente a una de carácter provisional, debido a que el menor para alcanzar su pleno desarrollo necesita estabilidad en sus vínculos con personas adultas.
También pidió que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional tome las medidas necesarias para levantar un registro nacional y departamental que vincule a las entidades que se encargan de la adopción.
Recomendó a todos los niveles del Estado a formular e implementar programas sobre cultura de la adopción que generen conciencia en la población sobre el hecho que la adopción es un derecho.
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