Javier Aliaga
La Paz, 21 de diciembre (ANF).- Tres factores pueden reconciliar a los bolivianos y reducir la casi permanente conflictividad del país: reformar la Justicia, desactivar la discriminación y una cruzada por la democracia.
La abogada promotora de los derechos humanos, Julieta Montaño, y el exdirector de Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, Gregorio Lanza, analizaron esa ruta crítica en el programa “Hablar de Bolivia con una taza de café”, de la Agencia de Noticias Fides (ANF).
“Si en nuestro país no funciona la Justicia difícilmente vamos a poder hacer cualquier cosa. A mí me apena mucho, por ejemplo, que la presencia del grupo especial de investigación no esté cumpliendo a cabalidad con la tarea que tiene, con la responsabilidad histórica que tiene su presencia en Bolivia”, sostuvo Montaño.
La abogada aludió así al trabajo de investigación que realiza el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investiga la violencia y las muertes ocurridas durante la última crisis política del país de octubre y noviembre de 2019.
Montaño dijo que el trabajo del GIEI debe ser el “inicio para dar respuestas desde la Justicia para todas las víctimas, absolutamente a todas las víctimas. Cuando una víctima no encuentra respuestas lo único que hace es acumular mayor resentimiento y no faltan quienes saben sacar provecho de ese resentimiento, de ese dolor, de esa frustración de no haber recibido respuestas”.
La abogada subrayó que “la solución pasa por estructurar una adecuada, independiente y profesionalizada justicia” para evitar que funcione según los cambios en el poder político.
Para Lanza, la conflictividad del país también tiene una explicación en las fracturas históricas étnico culturales, económico-sociales y territoriales, pero que, hasta ahora, “ningún gobierno, ninguna élite, ha podido resolver”.
“Y quiero incorporar un elemento más, y es que la lucha por el poder en el país siempre ha sido muy dura porque no sigue los cauces democráticos, más institucionales y entonces es una lucha o, a través del golpe de Estado, o a través de movilizar ciertos sectores a partir de demandas, en muchos casos demagógicas”, sostuvo Lanza.
Ambos coincidieron en que la historia del país está marcada por la conflictividad, la violencia, la intolerancia y “por la negación de los derechos del otro” y en que durante el largo gobierno de Evo Morales (2006-2019), esas características se agravaron y se perdió la oportunidad de sembrar el camino hacia una mejor convivencia democrática.
Al mismo tiempo, Lanza dijo que ve con esperanza la posibilidad de que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca cumplan con su oferta de “hacer un gobierno de conciliación” en el que, “como decía Choquehuanca ya no se utilice la justicia para encarcelar a los opositores, ya no se criminalice con el uso de la Justicia”.
“Si no hay justicia, no hay derechos humanos”, dijo.
Acerca del racismo que también aflora cuando hay conflictividad, Montaño opinó que se ha abusado tanto de esa palabra “que ya prácticamente se ha devaluado” y defendió que, “en la medida en que seamos capaces de reconocernos unos a otros como seres humanos, independientemente del color de piel”, estaremos en una lucha orientada a la dignidad y la igualdad sin discriminaciones.
Agregó que “desgraciadamente, con fines políticos” se han utilizado las diferencias y mientras se siga “metiendo más leña al fuego” no se podrá construir una convivencia más democrática.
Al respecto, Lanza sostuvo que en el país hay una “discriminación cruzada” porque, así como hay la que ejercen los mestizos respecto de la población indígena, también existen la de indígenas de tierras altas respecto de los nativos de las tierras bajas.
Diálogo político y una cruzada por la democracia
Lanza planteó que un factor también importante para avanzar hacia un proceso de reconciliación será la elección de un nuevo Defensor o Defensora del Pueblo “que sea imparcial” en base a un acuerdo político en la Asamblea Legislativa, y otro es que no se interfiera en las entidades defensoras de los derechos humanos en la sociedad civil.
“A diferencia de otros países, no tenemos estas instituciones que ayuden a sentarnos en la mesa. La Iglesia Católica ha jugado un rol importante, las iglesias cristianas podrán igual poner su grano de arena, y la cooperación internacional, la Unión Europea, Naciones Unidas. Está bien. Pero creo que los bolivianos tendríamos que hacer esfuerzos y ahí está el desafío del presidente Arce Catacora y el vicepresidente Choquehuanca para ver los caminos de llevar a la reconciliación y que eso no se quede en puras palabras”, sostuvo Lanza.
De su parte, Montaño abogó para que el país haga una cruzada democrática para que los bolivianos entiendan que “no hay mejor sistema de vida que la democracia, que no se puede vivir de otra manera, si no es viviendo en democracia con respeto a las leyes, con respeto a las diferencias con un pluralismo político y sobre todo con una administración de Justicia que sea transparente y totalmente independiente”.
Conscientes de que los problemas estructurales del país tienen mucho que ver con el fondo de la conflictividad, los entrevistados también coincidieron en que no se puede ver de palco la crisis y hace falta que todos participen, aunque también está claro que las soluciones van más allá de una gestión de gobierno.
“No vamos a construir la Suiza de América, pero por lo menos construiremos un Estado sólido institucionalizado, un estado que sea capaz de ir con soluciones a sus problemas de manera sistemática y sobre todo un Estado que tenga la capacidad de ser respetado por sus ciudadanos”, dijo Montaño.
Tal es el horizonte que plantea la experta en derechos humanos, al término de una charla que identificó los problemas que impiden prevenir y solucionar la conflictividad, pero también marcó los retos para mejorar la convivencia democrática.
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