La Paz, 10 de agosto (ANF).- A diferencia de otros países de la región que concentran su gestión y atención en la pandemia de Covid-19, en Bolivia se atraviesa también por una aguda convulsión social que incluye bloqueos de caminos y enfrentamientos. Ante este escenario, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) demanda al gobierno tomar las medidas necesarias para garantizar la institucionalidad en el país, la defensa y seguridad del Estado.
“La Cámara Nacional de Comercio demanda enérgicamente al Gobierno Nacional, asuma las medidas que fueran necesarias para garantizar la institucionalidad en el país, reestableciendo el normal desenvolvimiento de las actividades, respetando los derechos fundamentales y evitando el enfrentamiento entre bolivianos”, detalla un pronunciamiento público de la CNC.
Desde el pasado 3 de agosto, en el país se iniciaron protestas y bloqueos de caminos en el país en contra, en un inicio, de la nueva fecha de elecciones, fijada para el 18 de octubre; pero, posteriormente estos grupos liderados por sectores afines al MAS y la COB sumaron demandas como salud, educación y hasta la renuncia de las actuales autoridades de gobierno.
Las protestas se llevan adelante con bloqueos en carreteras impidiendo incluso el tráfico de ambulancias, vehículos con alimentos y transporte de oxígeno, vital para pacientes críticos que requieren de dicho elemento.
“En este delicado momento (la CNC) rechaza enfáticamente los bloqueos al transporte de insumos médicos, oxígeno y alimentos requeridos por los centros médicos para la atención oportuna de los enfermos”, agrega la instancia empresarial.
En estos días las intenciones de diálogo con sectores movilizados no han prosperado y se cuestionó la falta de intervención del gobierno y la Policía en los bloqueos que, de acuerdo a datos de Salud, causaron ya la muerte de al menos 30 pacientes, por falta de oxígeno.
“Es ese contexto, recordamos que es función del Presidente del Estado, entre otras cosas, el ‘mantener y preservar la unidad del Estado’, así como ‘preservar la seguridad y defensa del Estado’, claramente establecidos en la CPE. Entonces, agotados los esfuerzos para un diálogo, que permita reestablecer la paz social y en cumplimento de su función de proteger a la población, el Estado deberá hacer el uso de la Fuerza Pública para someter a quienes subvierten el orden constitucional y desafían en el derecho a la vida y principio democrático”, detalla la CNC.
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