La Paz, 5 de julio (ANF). – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este domingo investigar a los actores privados que habrían tomado acciones violentas contra personas y autoridades quienes además amenazaron con privar el ingreso de cisternas de agua al sector de K'ara K'ara en Cochabamba.
Miembros del grupo denominado Resistencia Juvenil Cochala (RJC) tapiaron ayer la puerta de ingreso a la alcaldía municipal de Cochabamba exigiendo la renuncia del alcalde, José María Leyes.
Asimismo, estuvieron circulando en motocicletas por varias arterias de la ciudad cochabambina hasta llegar al domicilio de la Gobernadora, Esther Soria, en donde arrojaron basura, aunque un comunicado de la Gobernación señala que la autoridad no reside allí sino uno de sus familiares. También amenazaron con impedir el ingreso de cisternas de agua al sector de K'ara K'ara si los llamados “autoconvocados” continúan manteniendo el bloqueo en el ingreso al botadero de basura.
La CIDH mostró su preocupación y recordó al Estado boliviano que tiene la obligación de impedir que grupos privados ejerzan la violencia y el deber de investigar los hechos en los que participó la RJC.
“En el caso de que estos actos se hayan realizado con la aquiescencia de autoridades estatales, la @CIDH insta al #Bolivia a investigar y sancionar a los funcionarios públicos que permitieron dichas conductas”, señala uno de los tuits que publicó el organismo de derechos humanos.
K'ara K'ara
Asimismo, la CIDH manifestó su preocupación por lo sucedido en el sector de K'ara K'ara, en el sur de la ciudad de Cochabamba, donde ayer se produjeron hechos violentos cuando un grupo de policías y militares pretendían abrir paso para que los carros basureros ingresen al botadero de basura.
Lograron ingresar al menos 15 camiones con basura pero, después, los “autoconvocados” se movilizaron y lanzaron objetos contundentes, así como con explosivos contra los uniformados. La policía respondió con gases lacrimógenos y varias movilidades oficiales sufrieron daños de consideración. Asimismo, 12 policias resultaron heridos.
Por otra parte, los "autoconvocados" emboscaron e impidieron la salida del personal de la empresa municipal de servicios de aseo (Emsa), hasta que cerca de 30 funcionarios lograron escapar del lugar pasado el medio día, como confirmó el gerente de la empresa y el representante de la Defensoría del Pueblo.
El organismo internacional también mostró preocupación por las detenciones de personas en el sector y el operativo militar-policial para el desbloqueo. En ese sentido, enfatizó que Bolivia tiene la obligación de “garantizar los derechos humanos; de no criminalizar a líderes, lideresas y participantes de las protestas sociales; y de no utilizar tipos penales vagos o que sancionan acciones propias de la protesta social”.
Desde la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también mostró su preocupación por los hechos de violencia en K'ara K'ara.
En un mensaje publicado en Twitter dijo que “se insta a las autoridades a abstenerse de adoptar cualquier acción desproporcionada que pueda transgredir los derechos humanos de las personas, tales como la utilización indebida del derecho penal, el uso excesivo de la fuerza o la privación arbitraria de la libertad”.
Por su lado, La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, convocó a iniciar un diálogo urgente para pacificar la zona de K’ara K’ara en Cochabamba, donde se retomó el bloqueo que ya lleva varias semanas, y en declaraciones a los medios dijeron que será hasta que lleguen al lugar las autoridades de gobierno.
“En este momento, urge que el Estado, a través del municipio y la Gobernación de Cochabamba, pacifique la zona a través del diálogo; en este momento, necesitamos pacificación no represión, ni confrontación para solucionar el conflicto”, señaló Cruz.
De otra parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, denunció ayer la existencia de intereses políticos tras los hechos de violencia en el sector, al sur de la ciudad de Cochabamba y aununció nuevas investigaciones por el uso de explosivos no permitidos por ley.
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